Condenados por su banco

Han sido meses de diálogo fallido con las sucursales bancarias. De espera sin respuesta. De ver cómo incrementaba el número de vascos afectados por las denominadas participaciones preferentes. Las mismas que cajas y bancos empezaron a ofrecer desde 1999 y que ahora ha dejado entrampados a numerosos ahorradores. Un producto legal pero complejo y de riesgo elevado mediante el cual los compradores ponían su dinero esperando unos muy buenos intereses (en algunos casos de hasta un 8%) pero en la mayoría de las situaciones sin saber que estarían sujetos a él toda la vida. Que permanecerían condenados por su banco durante 50 años.

Tras esa falta de receptividad por parte de las entidades emisoras, según ha podido saber EL PAÍS, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha decidido pasar ya a la acción. Ultima una demanda colectiva en toda España contra ocho grandes entidades bancarias por lo que califican de “fraude” en la adquisición de participaciones preferentes y otros productos tóxicos para el ahorro de un millón de familias.

En el caso de Euskadi, el volumen de afectados llega hasta 7.000 personas, que han quedado atrapadas y visto bloqueados todos sus ahorros debido a este tipo de producto inversor más propio para instituciones o personas jurídicas que para particulares. “Era comercializado como si fuera un depósito a plazo fijo sin riesgo pero realmente era un producto complejo, perpetuo y sin garantía por parte del fondo de depósitos, es decir, si el banco o caja quebraba, no recuperaban el dinero”, explica Lucía Fernández, directora de ADICAE Euskadi y que ahora se ve sometida a una incesante proliferación de consultadas por parte de los miles de perjudicados.

El teléfono de la oficina de ADICAE en el País Vasco no deja de sonar. Recibe 100 llamadas diarias, según sus responsables. En su mayoría, para atender a cuestiones relativas con las participaciones preferentes y otros productos tóxicos de entidades financieras. Han pasado ya cinco años y muchos de los afectados no han visto su dinero. En el peor de los casos, quien firmó ha fallecido y han sido sus familiares quienes han heredado la “condena” del banco. En la mejor de las situaciones, continúan con vida peleando.

El equipo jurídico compuesto por veinte personas trabaja ya en el documento que se presentará previsiblemente a partir de septiembre en los Juzgados de Primera Instancia. El objetivo de la demanda pasa porque los bancos y cajas, entre ellos BBVA, La Caixa o Santander, devuelvan el dinero a los ahorradores.

El primer objetivo del recurso es que las entidades devuelvan el dinero

Se trata, no obstante, de un elevado volumen de cantidades de las que ahora las entidades comprometidas no pueden disponer en plena crisis de mercado. Según ha podido saber este periódico, la demanda se basará en cuestiones similares a la ya presentada por la vía civil en noviembre de 2010 contra un centenar de entidades financieras por la cláusula suelo en hipotecas. Esto es, la condición que los bancos y cajas incorporan en muchas de ellas a tipo variable y que impide que el interés aplicado a un crédito baje de determinado umbral aunque mengüe su índice de referencia. En aquel entonces, al igual que ahora, se solicitaba “la nulidad del contrato de los 15.000 demandantes por la falta de información dada al consumidor”. A día de hoy, todavía no hay sentencia en primera instancia, lo que hace pensar que el proceso judicial, una vez que arranque en el caso de las participaciones preferentes, se alargará en el tiempo.

En la misma línea, la demanda por las participaciones preferentes se fundamentará en la directiva europea sobre mercado de instrumentos financieros (MIFID) que obliga a los bancos a someter a un examen a sus clientes antes de venderles productos financieros complejos. Por este criterio, si desconocen qué están contratando, la entidad tiene prohibido firmar el trato. Eso es en teoría. La práctica aporta, sin embargo, la fotografía actual. Movimientos de bancos y cajas que fundamentalmente desde que arranca la crisis se ven obligados a recurrir a los ahorros de los clientes para tener liquidez. “En algunos casos trataban de captar dinero nuevo y en otros, aprovechaban el vencimiento de depósitos a plazo fijo para realizar llamadas a los clientes y ofrecerles las participaciones preferentes”, recuerda Lucía Fernández. “El modus operandi era siempre el mismo, se defendía el producto diciendo que poseía las mismas características que lo que el cliente tenía contratado hasta el momento y podría disponer de él cuando quisiera”, añade. “Siempre a colectivos formados por personas mayores, con escasa cultura financiera y con poca capacidad de reacción; la llamada se producía justo cuando vencía el depósito y había poco margen para pensarlo, con lo cual el factor confianza jugaba un papel importante”, detalla la directora de ADICAE Euskadi.

Muchos afectados no quieren admitir en público que están atrapados

Con el paso del tiempo y el incremento de quejas, las entidades contra las que ahora se dirige la demanda colectiva, se vieron obligadas a dar una respuesta. Hasta mediados del año pasado, si un inversor quería deshacerse de las participaciones, las podía vender en el mercado secundario a cambio del mismo valor al que las adquirió. Sin embargo, a finales de 2011, muchos bancos, amonestados por la CNMV, tuvieron que recordar a los clientes que, en caso de deshacerse de ellas, el valor sería el actual y si no, podían bien convertirse en accionistas o bien canjear las participaciones preferentes por un 30% de acciones y un 70% en deuda subordinada. “Por si fuera poco además, el reciente rescate de la banca ha empeorado la situación porque ahora mismo las entidades no saben qué harán con las participaciones preferentes”, advierte Lucía Fernández.