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La Junta reclama 52.000 euros de los ERE a una edil de IU en Sevilla

El PP pretende que Josefa Medrano comparezca en la comisión parlamentaria

Josefa Medrano, durante una protesta contra el cierre de Altadis cuando era presidenta del comité de empresa de la tabacalera. Ampliar foto
Josefa Medrano, durante una protesta contra el cierre de Altadis cuando era presidenta del comité de empresa de la tabacalera.

La Junta ha reclamado a la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla Josefa Medrano 52.419 euros que ha percibido como prejubilada en el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de la empresa tabacalera Altadis.

La razón es que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo estima que Medrano no debió compatibilizar el cobro de su póliza como prejubilada con su sueldo como edil de Participación Ciudadana en el Consistorio sevillano. Así está reflejado en los registros de la Seguridad Social consultados por los funcionarios y auditores de la Cámara de Cuentas andaluza, que durante el último año han peinado los listados de trabajadores de los ERE subvencionados por la Junta. Y ese doble sueldo contraviene las condiciones por las que Medrano se acogió al expediente para prejubilarse.

La número dos de la lista de IU no es intrusa: sí trabajó en Altadis

Al conceder las ayudas sociolaborales a los prejubilados, una de las condiciones que la Junta argumentaba para subvencionar un ERE era la dificultad de los trabajadores para reincorporarse al mercado laboral. Al estar trabajando y encima en un puesto de relevancia pública y con alta remuneración como concejal de la capital andaluza, Josefa Medrano incumplió esta condición por la que fue incluida en el ERE.

La Junta aún debe ingresar a Medrano una gran cantidad de dinero por la póliza que suscribió y que supera la hasta ahora cobrada. El pasado 30 de abril la edil presentó sus alegaciones ante la consejería basándose en que el dinero que percibió era parte de la indemnización por despido que le correspondía tras su etapa en la firma tabacalera.

La concejal presidió el comité de empresa de la  tabacalera

La edil es el primer cargo relevante de Izquierda Unida (fue la número 2 de la lista por Sevilla) implicada en el caso de los ERE, que ha afectado principalmente a cargos del PSOE vinculados a la Junta. Medrano, pareja del referente de IU Felipe Alcaraz, figura como uno de los 141 procedimientos abiertos por irregularidades administrativas en Empleo y no como intrusa, ya que sí trabajó en la compañía Altadis. La concejal rechazó opinar para este diario pese a las reiteradas ofertas que recibió la semana pasada.

El pasado viernes el PP incluyó a Medrano en su listado de personas propuestas para que comparezcan ante la comisión de investigación del Parlamento. Aunque tanto PSOE como IU podrían rechazar la propuesta y evitar así que la concejal Medrano comparezca para explicar las circunstancias de su prejubilación.

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, acusó a Medrano de prevaricación por prohibir un homenaje al escritor franquista Agustín de Foxá durante su etapa en el equipo de gobierno municipal, aunque finalmente resultó absuelta. El juez de lo Penal estimó que la edil tomó una decisión “apresurada e inmotivada” para prohibir el acto, pero que no incurrió en una ilegalidad “terminante y grosera”. Antes de su etapa como concejal, Medrano presidió el comité de empresa de Altadis por Comisiones Obreras y en 2005 se acogió al ERE que afectó a 209 trabajadores en Sevilla y 176 en la factoría de Cádiz.

Está por ver la postura que tomará la dirección de Izquierda Unida, socio de coalición con el PSOE en la Junta, respecto al cobro por duplicado de la edil, y si entrará a valorarlo desde el punto de vista ético y político además del legal. Hasta ahora, una decena de dirigentes socialistas han renunciado a su militancia o han sido expulsados después de ser señalados en el caso de los ERE con más o menos pruebas en su contra. Entre ellos figura el exconsejero Antonio Fernández, que dejó de ser militante socialista el pasado abril cuando la juez Alaya lo envío a prisión provisional sin fianza imputado por prevaricación, malversación, cohecho, falsedad en documento mercantil, negociaciones prohibidas a los funcionarios y obtención indebida de subvenciones públicas.

La investigación de los funcionarios de la Junta deparará nuevas sorpresas, ya que aún quedan por analizar una quincena de expedientes. Simultanear varias rentas, pese a que una de ellas provenga de la Administración por los prejubilados, está vedado según la Junta y los auditores de la Cámara de Cuentas. Y esos abusos, amparados en la época de vacas gordas, se multiplicaron al ritmo de una picaresca con muchos ceros. Las pólizas han llegado a rondar hasta 400.000 y 500.000 euros, con excepciones que llegaron al millón de euros, como el anterior director general de la firma Anovo, un expediente que costó al erario público nada menos que 20,8 millones de euros.

Por otra parte, un informe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desvelado que Encarnación Poto, imputada en el caso de los ERE como presidenta de Aceitunas y Conservas (Acyco), percibió 839.086 euros entre 2003 y 2011, aunque siguió trabajando como miembro del consejo de administración de la sociedad. Poto posee bienes inmuebles por valor de 230.880 euros.

Examen de los ERE ‘muertos’

La revisión de los denominados ERE muertos, expedientes que ya fueron abonados por la Junta, es una realidad desde hace meses. Al abrigo del cambio de Gobierno, el Ejecutivo dio su brazo a torcer después de que el PP le pidiera en numerosas ocasiones que los funcionarios indagaran sobre la presencia de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en los primeros expedientes subvencionados desde 2001. Son alrededor de una quincena de compañías, entre ellas Heineken, Jerez Industrial o Hijos de Andrés Molina, cuyo expediente originó el fondo para empresas en crisis tras los reparos de la Intervención General.

Las irregularidades han acompañado a los ERE desde que hace un año y medio se inició la investigación en la Consejería de Empleo, cuyos funcionarios han revisado unos 85 ERE vivos (del total de 102 tramitados entre 2001 y 2010) que atañen a unos 6.084 trabajadores que hoy perciben pólizas. Entre estos prejubilados la investigación ha identificado a 323 personas que no tienen derecho a percibir ayudas sociolaborales, de los cuales 126 son intrusos y el resto presentan irregularidades administrativas. Es previsible que la cifra aumente con la investigación puesta en marcha recientemente. El fraude de estas 126 personas asciende a 12,3 millones, tal y como reflejó el avance del informe de la Cámara de Cuentas, cuyo equipo de auditores ha trabajado codo con codo junto a los funcionarios de Empleo durante un año.

La revisión de los ERE incluye la comprobación de listados para descubrir a las personas ajenas a las empresas. Sin embargo, la concesión de la subvención de los ERE a los empresarios que se ahorraban su coste no se ha cuestionado tal y como se ha hecho con las ayudas directas a empresas, que la Junta estima están mal dadas. Ello a pesar de que los auditores denunciaron que la mayoría de los expedientes no contaban con una solicitud formal de la ayuda por parte de los empresarios.

Esta ampliación en la investigación de los ERE por parte de la Junta corre en paralelo a la de la juez Mercedes Alaya, que sí analiza desde marzo de 2011 los expedientes muertos. Hasta ahora, el Gobierno mantenía que no iba a investigar por investigar sin que medien sospechas sobre esos expedientes. Pero tras la proliferación de polizones, los indicios para encontrar nuevas irregularidades parecen fundados.