“No pido limosna, solo pido justicia”

La deuda de la Generalitat de más de 2 millones de euros pone en jaque la supervivencia de las cuatro residencias de Apadis que atienden a casi un centenar de niños y jóvenes con discapacidad profunda y de sus 85 empleados que, de entrada, se han ofrecido a no cobrar la extra de junio. “En 32 años que llevamos funcionando nunca habíamos estado así”, confirma el padre Vicente Aparicio, que fundó el primer centro en 1980.

Ante la situación de crisis financiera que atraviesa la Generalitat, en junio, la subsecretaría autonómica de Hacienda se comprometió por escrito a pagar al menos el 30% del convenio anual que el Gobierno valenciano tiene con Aspadis. Es decir, unos 600.000 euros que tampoco han llegado. “No pido limosna, solo pido justicia”, ha insistido el religioso en una rueda de prensa en la sede de Aspadis de Valencia.

“Hemos enviado varias notificaciones, además de una carta certificada con registro de entrada en Presidencia de la Generalitat, pero no hemos recibido ninguna notificación”, explica Aparicio, que “invita” al presidente Alberto Fabra a conocer de primera mano la labor que realiza con los más de 90 niños y jóvenes que atienden en régimen de internos en las cuatro residencias de Polinyà de Xúquer, Carcaixet y Alberic.

“No voy a sacar a los niños a la calle”, advierte el padre. Aunque, aventura que de no recibir la ayuda de la Administración las residencias “podrían cerrar”. Y, en ese caso, la Administración Pública deberá hacerse cargo de la atención, ya que es la que tiene la tutela de una decena de estos niños discapacitados “abandonados”. Sin familia.

“Hemos enviado varias notificaciones a la Administración, pero no hemos recibido ninguna notificación"

Aspadis ha tenido que pedir por primera vez un préstamo puente y pedir préstamos individuales a las familias de los residentes por valor de 450.000 euros para poder mantener los centros abiertos.

“Estos jóvenes necesitan atención muy personalizada, porque no pueden hacer nada por sí solos. Se hacen sus necesidades encima, se mueven en silla de ruedas, se ponen a gritar de forma inesperada”, explica Aparicio. Para ello, Aspadis contrata al personal especializado que exige la ley para este tipo de atención. El padre Aparicio se encarga, además, de su educación.

“Tenemos cuidadores, celadores, psicólogos, fisioterapeutas, una encargada por centro, servicio médico, además de la alimentación y el transporte”, describe el religioso, que este mes no ha podido pagar ni las nóminas. De hecho, solo ha pagado el 10% de la cuota básica de la Seguridad Social. “Si no nos ponemos al día, el primer mes hay un recargo del 3%, el segundo del 5% y el tercero del 10%”.

La mayoría de los niños y jóvenes atendidos presentan parálisis cerebral infantil, consecuencia de lo cual padecen, además del trastorno psíquico y físico profundo, embriopatías (víricas, tóxicas, traumatismos, etcétera); fetopatías (como ictericias o incompatibilidad de RH) y encefalitis y meningitis en sus primeros años de vida.

"Hay familias incluso con dos hijos internados. Otros son hijos de padres huérfanos o enfermos mayores”

“Las familias no pueden hacerse cargo de ellos en sus domicilios, porque requieren una atención muy personal”, explica Aparicio. “Si tienen que volver a sus casas provocan grandes trastornos a los padres, que tienen que dejar de trabajar para cuidarlos, o entre los mismos hermanos. Y tampoco puedo reducir personal para cuidarlos, además de que es el que fija la ley”.

En los centros de Asapdis cada cuidador atiende a un máximo de cuatro discapacitados. “Son muy dependientes, tienen que estar contantemente encima de ellos, para que no se caigan o se autoagredan”, describe Asunción Galvis, psicóloga de Aspadis.

Al estrangulamiento económico que padecen las cuatro residencias se suma la crisis económica por la que atraviesan muchas familias, confirma el secretario de la Junta de Padres, Javier García García. “En este momento, solo el 45% de los padres puede pagar la aportación mensual”. Hay dos familias incluso con dos hijos internados, con lo cual no alcanzan para aportar su cuota. “Otros son hijos de padres huérfanos o enfermos ya muy mayores”, añade Aparicio.

Desde Bienestar Social, a mediados de 2011 ya se les advirtió de que: “No hay dinero”. La Consejería de Hacienda en enero, cuando se firmó el convenio, por el que tenían que haber recibido el 60% de la subvención anual (1,2 millones), también reconoció la falta de liquidez. Y en junio, la subscretaría autonómica de Hacienda modificó el acuerdo para pagar, al menos, el 30% de la subvención, de la que aún no ha llegado ni un euro. Los proveedores de alimentación, cocina, transporte están sin cobrar. Y la deuda aprieta a la hora de pagar los recibos más básicos para el mantenimiento de la luz, agua, calefacción…

“¿Qué tengo que hacer: cerrar? Yo no quiero. Pero pido un poco de sensibilidad a la Administración, porque soy tengo que ser la voz de los sin voz”, concluye el religioso. "Una sociedad que no atiende a sus ancianos, a sus discapacitados y a los indigentes, muere por sí sola".