Jabyer Fernández: “Llegó la hora de depurar todas las responsabilidades”

Jabyer Fernández no se calló ayer. La Diputación, sí. El presidente del Grupo Afer aseguró a EL PAÍS que ha llegado el momento “de depurar todas las responsabilidades”, respecto de los problemas que “ha generado” el diputado general de Bizkaia, Jósé Luis Bilbao, con la firma de los contratos que han sido declarados ilegales por Bruselas. “La resolución dice que podríamos habernos acogido a ayudas de diez millones de euros, y yo estoy convencido de que podríamos haber recibido más porque había un proyecto real, de verdad, que ya funciona en otra parte”, criticó el empresario.

La fábrica de viviendas modulares que se iba a instalar en la localidad vizcaína de Alonsotegi funciona ya, pero en la población aragonesa de Magallón, y el primer edificio de pisos de este tipo que se iba a levantar en Bizkaia ya es una realidad, pero en el barrio zaragozano de Valdespartera. “Yo he sido el estafado y como yo los vecinos de Alonsótegi. Soy un ciudadano que confía en sus autoridades y políticos y en los contratos que firman, confio en las instituciones, y sin embargo la Diputación Foral de Bizkaia no ha cumplido con lo que firma”, criticó ayer con el resumen de la resolución europea en la mano. La Comisión Europea colgará el documento íntegro en los próximos días en su página web.

“Él se empeñó en firmar los contratos y ahora sabemos que fue ilegal”

Para el empresario, que denuncia una persecución, se han producido hechos muy graves al rededor de este caso. “El mismo día que firmamos los convenios contraté a 70 personas y todos ellos han estado trabajando tres años. ¿Los servicios jurídicos de la Diputación sabían que los convenios eran ilegales? ¿Si lo sabían porqué no lo dijeron antes? ¿Si habían certificado su legalidad, en qué clase de manos estamos?”, se preguntó ayer el empresario, quien lamentó cómo el comenzó a asumir sus compromisos, pero Bilbao no. Para Fernández, las dudas sobre la viabilidad del proyecto que expresó Bilbao en algunos momentos se responden con la planta que ya está funcionando en Zaragoza.

El primer inmueble, de cinco plantas de viviendas de protección oficial, ya han sido vendidas a sus nuevos propietarios por 115.081 euros cada una. El proyecto, que forma parte de una urbanización más grande, integrada por un total de 162 viviendas y 224 parcelas de garajes, además de decenas de locales comerciales y una zona de esparcimiento, ha sido financiado por Ibercaja.

“Este señor se tendría que ir”, aseguró ayer Fernández refiriéndose al diputado general. “El se empeñó en firmar los contratos, y ahora sabemos que fue una ilegalidad, ha reventado un grupo empresarial y además ha engañado a los vecinos porque podían haberse beneficiado del empleo y del proyecto que ahora disfrutan en otra localidad. Este señor se tendría que ir”, repitió.

Para el empresario una parte del problema empieza cuando se niega a conceder un aplazamiento de pago para los más de 40 millones del IVA que genera la operación urbanística Puerta de Bilbao. Un aplazamieneto que, en su opinión, podría haber resuelto el problema y además haber resituado el poyecto en la senda de lo realizable. “El diputado general de Bizkaia ha roto la confianza legítima de un ciudadanos en sus instituciones”, criticó ayer. Fernández s pregunta qué grado de confianza pueden tener los ciudadanos en un político como Bilbao al que la UE le ha sacado los colores dos veces en tres años.