Jabyer Fernández: “Llegó la hora de depurar todas las responsabilidades”
El presidente del Grupo Afer exige al diputado general que dimita de su cargo
Jabyer Fernández no se calló ayer. La Diputación, sí. El presidente del Grupo Afer aseguró a EL PAÍS que ha llegado el momento “de depurar todas las responsabilidades”, respecto de los problemas que “ha generado” el diputado general de Bizkaia, Jósé Luis Bilbao, con la firma de los contratos que han sido declarados ilegales por Bruselas. “La resolución dice que podríamos habernos acogido a ayudas de diez millones de euros, y yo estoy convencido de que podríamos haber recibido más porque había un proyecto real, de verdad, que ya funciona en otra parte”, criticó el empresario.
La fábrica de viviendas modulares que se iba a instalar en la localidad vizcaína de Alonsotegi funciona ya, pero en la población aragonesa de Magallón, y el primer edificio de pisos de este tipo que se iba a levantar en Bizkaia ya es una realidad, pero en el barrio zaragozano de Valdespartera. “Yo he sido el estafado y como yo los vecinos de Alonsótegi. Soy un ciudadano que confía en sus autoridades y políticos y en los contratos que firman, confio en las instituciones, y sin embargo la Diputación Foral de Bizkaia no ha cumplido con lo que firma”, criticó ayer con el resumen de la resolución europea en la mano. La Comisión Europea colgará el documento íntegro en los próximos días en su página web.
“Él se empeñó en firmar los contratos y ahora sabemos que fue ilegal”
Para el empresario, que denuncia una persecución, se han producido hechos muy graves al rededor de este caso. “El mismo día que firmamos los convenios contraté a 70 personas y todos ellos han estado trabajando tres años. ¿Los servicios jurídicos de la Diputación sabían que los convenios eran ilegales? ¿Si lo sabían porqué no lo dijeron antes? ¿Si habían certificado su legalidad, en qué clase de manos estamos?”, se preguntó ayer el empresario, quien lamentó cómo el comenzó a asumir sus compromisos, pero Bilbao no. Para Fernández, las dudas sobre la viabilidad del proyecto que expresó Bilbao en algunos momentos se responden con la planta que ya está funcionando en Zaragoza.
De la complicidad al enfrentamiento entre José Luis Bilbao y Jabyer Fernández
- 15 de diciembre de 2006. Bizkaia avala a la futura fábrica de pisos por módulos de Habidite en Alonsotegi. José Luis Bilbao y Jabyer Fernández firman los contratos por los que la Diputación asume preparar los terrenos y entregarlos y comprar 1.500 pisos para su plan de vivienda.
- 9 de febrero de 2007. La Diputación recalca que su implicación en el proyecto tiene "toda la cobertura legal".
- 18 de marzo de 2009. El Grupo Afer, en que el que está integrada Habidite, culpa a la Diputación del retraso en su fábrica de pisos. Los convenios firmados fijaban la entrega del suelo en diciembre de 2007. Empiezan los problemas.
- 29 abril de 2009. Afer acusa a Bilbao de manipular documentos de manera fraudulenta para "acabar" con la constructora. Fernández afirma que el desencuentro no es entre la institución y el grupo, sino entre Bilbao y él. La Diputación anuncia la rescisión de todos sus contratos con Afer en Bizkaia "por los retrasos" de los proyectos.
- 30 de abril de 2009. El Grupo Afer pone como aval su fábrica de pisos para pagar una deuda fiscal con Hacienda cifrada en 43 millones de euros tras una operación urbanística frustrada en Barakaldo. Arranca el caso Iurbenor.
- 18 de mayo de 2009. Bizkaia exige el embargo de cuentas bancarias de tres empresas de Afer por el riesgo de impago de la deuda.
- 22 junio de 2009. Hacienda se niega a aplazar la deuda.
- 2 de noviembre de 2010. Una juez condena a Bizkaia a retirar los residuos de solar previsto para Afer. La Diputación se enfrenta a un coste de 24 millones.
- 2 de noviembre de 2011. Un juez condena a Fernández a diez años de inhabilitación por el caso Iurbenor.
- Terrenos en que iba a ir la fábrica.
El primer inmueble, de cinco plantas de viviendas de protección oficial, ya han sido vendidas a sus nuevos propietarios por 115.081 euros cada una. El proyecto, que forma parte de una urbanización más grande, integrada por un total de 162 viviendas y 224 parcelas de garajes, además de decenas de locales comerciales y una zona de esparcimiento, ha sido financiado por Ibercaja.
“Este señor se tendría que ir”, aseguró ayer Fernández refiriéndose al diputado general. “El se empeñó en firmar los contratos, y ahora sabemos que fue una ilegalidad, ha reventado un grupo empresarial y además ha engañado a los vecinos porque podían haberse beneficiado del empleo y del proyecto que ahora disfrutan en otra localidad. Este señor se tendría que ir”, repitió.
Para el empresario una parte del problema empieza cuando se niega a conceder un aplazamiento de pago para los más de 40 millones del IVA que genera la operación urbanística Puerta de Bilbao. Un aplazamieneto que, en su opinión, podría haber resuelto el problema y además haber resituado el poyecto en la senda de lo realizable. “El diputado general de Bizkaia ha roto la confianza legítima de un ciudadanos en sus instituciones”, criticó ayer. Fernández s pregunta qué grado de confianza pueden tener los ciudadanos en un político como Bilbao al que la UE le ha sacado los colores dos veces en tres años.
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