Los ciudadanos no deberán explicar por qué solicitan datos al Ejecutivo

“¿Cuánto gana el Director del Ente Vasco de la Energía?” “¿Qué contenido tuvo la agenda del viceconsejero de Sanidad la úlima semana de abril?” “¿Qué funcionario ocupa la plaza de jefe de servicio de...?” Son tres preguntas inventadas sobre la marcha, pero que cualquier persona podra realizar al Gobierno si la ley de Transparencia sale aprobada. Sus dificultades son las del resto de las normas pendientes: de plazo por un lado, y, por otro, de sumar una mayoría suficiente, que el Ejecutivo no tiene ahora garantizada.

El borrador que presentó ayer el propio lehendakari, Patxi López, obliga a la Administración a hacer pública de oficio una buena parte de la información que posee y otorga a los ciudadanos el derecho de exigirle, sin motivar ni justificar el objetivo de su petición, los datos que consideren oportuno recabar. El destinatario del requerimiento tendrá que satisfacerlo en el plazo de 15 días. En caso contrario, la Administración deberá ofrecer una explicación razonada de la negativa y de los intereses protegibles que, a su juicio, se superpongan al “derecho a saber”, que López colocó ayer en primer término.

La intervención del lehendakari completó una jornada de debate en Bilbao sobre el borrador, a la que acudieron especialistas y responsables de ONG y plataformas que reclaman una regulación de la materia.

Euskadi sería la segunda comunidad autónoma, tras Navarra, en disponer de una ley de Transparencia. El Gobierno central tiene su propio texto legal sometido a estudio del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos, aunque su proyecto establece más restricciones al acceso a la información que el vasco. Estas empiezan en la propia definición de lo que es información pública: el Gobierno popular establece ya en ella excepciones importantes, mientras el Ejecutivo vasco deja la definición limpia y abierta y enumera sus limitaciones —por razones de respeto a la intimidad personal o de seguridad, por ejemplo— en un artículo aparte. Los juristas otorgan mucha importancia a este hecho.

El borrador obliga a difundir los sueldos y la agenda de los cargos del Gobierno

En la definición del borrador vasco, es “información pública” y de libre acceso por tanto, toda la que esté en manos de cualquier entidad de la Administración de general de la comunidad autónoma y las limitaciones se entienden como excepción. La norma no puede obligar ni a las tres Diputaciones ni a los Ayuntamientos.

El texto obliga a la Administración a ponderar la concurrencia de derechos o intereses públicos que puedan entrar en colisión. El borrador obliga a publicitar de oficio los sueldos y la agenda de actividad pública de todos los cargos, electos o de designación, así como la estructura organizativa de la comunidad autónoma y la relación de puestos de trabajo y sus titulares. Otro tanto ocurrirá con los liberados sindicales y el cómputo de las horas empleadas en su labor. Igual deberá proceder con los contratos y las subvenciones o las relaciones con proveedores, entre los apartados de un amplio listado.

El texto declara titular del derecho de acceso a la información a cualquier persona que realice una solicitud en forma. Los datos deberán facilitarse en un formato reutilizable, ya que podrán ser objeto de generación de productos o servicios, que sus creadores podrán comercializar. La ley obligará a cada departamento del Gobierno o a las entidades de cualquier tipo dependientes de él a contar entre su personal con un responsable en esta materia, al estilo de los ténicos de igualdad.

Las limitaciones se fundamentarán, entre otras razones, en la protección de datos peronales y la seguridad pública. Junto al borrador, se presentó una herramienta disponible en la web Irekia para hacer aportaciones al borrador, que serán de público conocimiento, para que se pueda comprobar cuántas se incorporan al teto definitivo.

López definió la transparencia como “el mejor antídoto contra la corrupción” y puso en valor que su Gobierno haya “liberado 2.000 conjuntos de datos, incluidos todos los contratos y sus beneficiarios”. “Hay que desblindar lo blindado y acristalar todo el entramado adminsitrativo”, abogó.