El ‘ararteko’ reclama cambios en la política penitenciaria tras el cese de ETA

El ararteko, Iñigo Lamarca, ha vuelto a insistir hoy en la necesidad de avances en la política penitenciaria tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de la banda terrorista. Lamarca ha realizado esta petición durante el pleno monográfico que por espacio de dos horas se ha celebrado en la Cámara vasca en torno a su actividad en 2011. El titular del Defensor del Pueblo vasco ha recordado que la política penitenciaria hacia los presos de ETA ha estado “condicionada por la lucha antiterrorista” y ha recalcado que la ausencia de actividad de la banda “facilita una interpretación de la ley desde criterios de reinserción”.

Concretamente, Lamarca ha solicitado el acercamiento de los reclusos a cárceles vascas o cercanas a la comunidad autónoma, la concesión de permisos y la excarcelación de presos enfermos.

A sus peticiones, todos los grupos que han intervenido, excepto PP y UPyD, han reclamado cambios en la política penitenciaria. El PNV ha solicitado que se materialicen “cuanto antes” las peticiones del ararteko, mientras que los socialistas han apostado por un acercamiento y por las medidas de reinserción, todas ellas con carácter individualizado y acompañadas de un reconocimiento del daño causado. En euskera, Lamarca ha valorado que se hayan traspasado a Euskadi las competencias en materia de educación y sanidad –hace exactamente un año- y ha realizado un llamamiento a “potenciar” las transferencias en este ámbito.

En su intervención ante los grupos parlamentarios, sin embargo, Lamarca ha destacado la importancia de la protección social en un momento en el que la “incompetencia” de algunos gestores está conllevando un incremento de la pobreza. El parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha dicho en este sentido que hace suya la reflexión del defensor de que “la crisis económica no puede convertirse en una crisis de los derechos humanos”.

En el primer semestre del año, ha indicado el ararteko, se han triplicado las reclamaciones en torno a las ayudas sociales, sobre las que se está realizando una profunda revisión con motivo de la asunción de la competencia completa por parte de Lanbide, no sin polémica con algunas de las instituciones –ayuntamientos y diputaciones- que hasta diciembre de 2011 ostentaron parte de la competencia.

El titular del Ararteko ha alertado de que las “declaraciones de intenciones corren peligro” si no existe un sistema que materialice lo que establecen las leyes y ha pedido una reflexión en torno a la manera en que se suspenden las ayudas sociales, ya que, según ha indicado, no es lo mismo no cumplir con un requisito, que con una obligación para los perceptores y que ambos sin diferentes a incurrir en una situación de fraude social.

Lamarca ha subrayado el “extraordinario” trabajo que están haciendo las ONG del sector, “completando y complementando” la labor de las administraciones, un rol para el que las instituciones deben otorgar, según el ararteko, financiación “suficiente”.

Entre los colectivos que preocupan especialmente al Defensor, destacan los hijos de las mujeres que son víctimas de violencia de género, las familias que son desahuciadas, los menores extranjeros no acompañados en su fase de emancipación, los homosexuales y los discapacitados y su acceso en igualdad de condiciones a algunos de los derechos de los que disfruta el resto de la ciudadanía.