El presidente del ICS se lucró con un centro de menores de la Generalitat

Las elevadas responsabilidades en organismos públicos que Josep Prat, actual presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), ha tenido en los últimos 20 años no le han restado olfato para hacer negocios particulares, aunque haya sido gracias a fondos públicos.

En un proceso que arrancó en 2008 y terminó a finales de 2010, Wanplais —empresa propiedad de Prat y su familia— emprendió una profunda reforma de un viejo almacén situado en el barrio marinero de Tarragona, El Serrallo, cuyo coste ascendió a cerca de 800.000 euros, según consta en las cuentas de la compañía depositadas en el Registro Mercantil. Con las obras terminadas, Wanplais consiguió que el edificio fuera alquilado por una entidad financiada por el Departamento de Bienestar Social para destinarlo al Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) Voramar, con capacidad para 24 menores tutelados por la Generalitat.

Wanplais está percibiendo mediante un contrato a largo plazo —mínimo a 10 años— una renta mensual de algo más de 5.000 euros, lo que le permite hacer frente a las hipotecas firmadas para acometer las obras. Si algún día el CRAE Voramar abandona el edificio, la familia Prat conservará un inmueble totalmente reformado y financiado con fondos públicos.

La historia del viejo almacén, cuyo acceso principal está en la calle de Gravina, número 25, tiene un último episodio: Jordi Tous, el delegado de Bienestar Social en Tarragona que pilotó el traslado del CRAE al edificio de Prat, fue contratado justo después de formalizarse el alquiler con Innova, la empresa municipal de Reus de la que Prat era entonces director general.

Jordi Tous, miembro de Esquerra Republicana (ERC), admite que entre 2008 y 2010 se encargó de la búsqueda de un edificio para el CRAE Voramar y que esta acabó beneficiando a la familia de Josep Prat. También que a finales de 2010, cuando la segunda legislatura del tripartito se agotaba, recibió una oferta de Sagessa, filial de salud del grupo Innova. Tous defiende que no hay que relacionar ambos hechos. “Había que encontrar un nuevo edificio para alojar el CRAE y el de Wanplais era el mejor”, asegura. “Luego, cuando Sagessa me hizo una oferta, consideré que valoraban mi experiencia. Habíamos tenido relaciones con la empresa de Prat, igual que con otras de la zona”, añade.

Según ha podido saber EL PAÍS, Tous entró a formar parte de la estructura de Innova como director de asuntos institucionales de las fundaciones social y educativa de Sagessa, y la remuneración ascendía a 89.000 euros anuales (79.000 fijos y 10.000 variables). Tous no permaneció en su nuevo cargo ni un año: en agosto de 2011, tras las elecciones municipales que desalojaron a Lluís Miquel Pérez (PSC) —principal valedor de Prat en Innova— de la alcaldía de Reus, fue destituido. Un portavoz del Ayuntamiento de Reus, cuyo actual  alcalde es Carles Pellicer (CiU), explica que “el nuevo equipo de gobierno creyó innecesario este cargo”.

Prat, por su parte, guarda silencio. El presidente del ICS ha declinado en las últimas semanas las peticiones casi diarias de este periódico para obtener su versión de este caso y de otros como el caso Manté (el exdirector del Servicio Catalán de la Salud Carles Manté percibió 720.000 euros opacos de Innova entre 2007 y 2011).

El silencio de Prat, que cobraba 280.000 euros anuales y tenía a su disposición un Audi A6, deja en el aire la principal incógnita por resolver del alquiler del edificio de su propiedad al CRAE Voramar: si Wanplais ya inició las obras de reforma en 2008 con el objetivo de acabar alquilando el inmueble a Bienestar Social o si esta fue una decisión tomada sobre la marcha en 2009 o 2010, en vista de que las dependencias puestas a la venta en el edificio tras la reforma quedaban sin vender.

Los hechos son que Wanplais inició las obras en el inmueble del Serallo en 2008. Lo hizo sin licencia, lo que le costó un enfrentamiento con el Ayuntamiento de Tarragona. Ese mismo año el síndic de greuges, Rafael Ribó, emitió un duro informe sobre otro centro de menores de Tarragona, el de la Mercè, por las condiciones del equipamiento.

Prat fichó en Innova al exdelegado de Bienestar por 89.000 euros al año; Jordi Tous alega que el edificio alquilado para el CRAE era “el mejor”

La entidad que gestionaba la Mercè de forma concertada era el Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (Intress), que empezó a buscar un nuevo edificio. A principios de 2010, las obras casi habían terminado y en el edificio se colgaron dos carteles según los cuales estaba en venta. Entonces empezaron a circular por el barrio rumores de que el edificio iba a convertirse en un centro de menores. “En el edificio no llegó a vivir nadie”, recuerda el presidente de la Asociación de Vecinos del Serrallo, Ferran Diego. Los vecinos celebraron una reunión el 19 de mayo de 2010, disgustados porque la Generalitat no les había informado del futuro uso del inmueble. Diego se reunió entonces con Jordi Tous, que explicó los planes del nuevo CRAE. Los vecinos, ya informados, realizaron días después una consulta popular en la sala parroquial del barrio, en la que decidieron apoyar la llegada de los niños a la zona.

Justo en esas fechas, según el Ayuntamiento de Tarragona, Wanplais presentó, con las obras por acabar, un cambio de proyecto para acoger un CRAE. El coste de adaptar el edificio para el centro de menores fue asumido, a traves del Intress, por Bienestar Social, informó ayer este departamento, mediante una subvención de 105.000 euros.

Todo este proceso de negociación se hizo sin ni siquiera estar convocado el concurso público para gestionar el nuevo CRAE Voramar, que no salió a licitación hasta el siguiente otoño. Finalmente, el 13 de diciembre de 2010, Bienestar Social adjudicó la gestión del centro de menores al Intress. El contrato aseguraba a Wanplais un buen alquiler para hacer frente a la hipoteca.