Urbanismo cambia el uso a seis edificios de la Generalitat para venderlos

“A eso se le llama pagar las juergas con el patrimonio de la abuela”, exclamó ayer el concejal socialista Vicent Sarrià tras la Comisión de Urbanismo municipal, que modificó el uso de seis edificios públicos propiedad de la Generalitat para venderlos y poder hacer caja. Estos inmuebles, que quedarán vacíos una vez los funcionarios se trasladen al Complejo Administrativo 9 d’Octubre, variarán su uso de público a terciario y residencial. Los tres grupos de la oposición votaron en contra.

Las sedes del Instituto Valenciano de Finanzas, en el número 6 de la plaza de Nápoles y Sicilia, y de la Dirección General de la Mujer, en la calle de Nàquera, 9, servirán, si encuentran comprador, para edificar viviendas residenciales. Los otros cuatro edificios son sede de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, en la calle del Miguelete, número 5, el antiguo edificio de La Cigüeña, sede de las consejerías de Agricultura y Bienestar Social, en la calle de Amadeo de Saboya, así como otros dos inmuebles en la calle de Colón, que ocupa la Consejería de Economía e Industria. Estos últimos tendrán a partir de la modificación la calificación de terciarios, es decir, podrán reconvertirse en centros comerciales, hoteles u oficinas.

El concejal delegado de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, justificó la venta de estos edificios en que “no tiene ningún sentido mantener tantos edificios administrativos una vez has trasladado varias consejerías al nuevo complejo administrativo 9 d’Octubre”, comentó. “Es legal y no hay trampa que valga”, apostilló ante las insinuaciones del resto de grupos municipales.

En los bancos de la oposición, la impresión era otra. “Hemos votado en contra porque la necesidad de vender solo responde a una pésima gestión económica de la Generalitat”, añadió Sarrià. Los socialistas sostienen que la ciudad pierde con esta modificación suelo dotacional público, que la Generalitat dice compensar con el aumento de volumetría del complejo administrativo situado en torno a la antigua cárcel modelo de Valencia. En cuanto a las zonas verdes que se pierden con los cambios de uso, estas se recuperan al lado de la nueva Fe.

Amadeu Sanchis, portavoz de EU, se opuso al cambio de usos también porque “Valencia es una vez más la pagana de la pésima gestión urbanística de la Generalitat” y con el cambio pierde espacios dotacionales. Sanchis lamentó que muchos de estos inmuebles públicos que la Generalitat pone a la venta se encuentran en pleno casco histórico y su reconversión será “contraproducente para esta zona tan sensible de la ciudad”, precisó.

Joan Ribó, de Compromís, criticó especialmente las compensaciones por la pérdida de estos metros de espacio público, que se obtienen en otras zonas de la ciudad. “No tiene demasiado sentido”, dijo.

Antes que estos edificios, la Generalitat sacó a subasta la semana pasada siete solares por un valor de salida de 8,3 millones de euros. Sin embargo, la venta de estos bienes de la Administración pública no se produjo al quedar desierto el concurso.

La subasta se celebró los días 19, 20 y 21 de junio y la próxima está prevista el 31 de julio. Las parcelas subastadas, consideradas como bienes patrimoniales, pertenecen: dos a la ciudad de Alicante, uno a la de Valencia, uno a Paterna y tres a Castellón.

Los solares varían desde los 3.600 metros cuadrados, el de mayor tamaño, a los 228 metros cuadrados el más pequeño.