La Generalitat, hacia la reconversión

Las dificultades financieras han puesto a las comunidades autónomas en un serio aprieto. Las complicaciones para conseguir crédito en los mercados, la caída de los ingresos y el deterioro de la imagen de la Comunidad Valenciana por los excesos cometidos en la última década han llevado al Consell a poner en marcha “un nuevo modelo de Administración valenciana”.

El eufemismo esconde una auténtica reconversión de la Administración autonómica. Tanto, que en un futuro muy próximo, la Generalitat será más pequeña, solo prestará directamente aquellos servicios que se consideren imprescindibles e intentará adecuar su nivel de gasto al de ingresos. Para lograr sus objetivos, el Consell se ha dotado de un Plan económico financiero de reequilibrio 2012-2014, que supedita las actuaciones a la consecución de un déficit del 1,5% del PIB este año; del 1,1% en 2013 y del 1% en 2014.

A continuación se detallan algunas de los principales medidas del plan que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha presentado este mes en las Cortes Valencianas.

Privatización de la gestión del sistema de salud. Esta es, probablemente, la actuación que tendrá mayor repercusión sobre el ciudadano, ya que las concesiones se prevén para un mínimo de 15 años. El Consell pretende traspasar a empresas privadas toda la gestión no asistencial y buena parte de las “prestaciones sanitarias suplementarias” —ambulancias, oxigenoterapia, resonancias magnéticas, exoprótesis y oficinas de farmacia hospitalarias, entre otros servicios— del sistema valenciano de salud. Y lo quiere hacer antes de fin de año. Se persiguen dos objetivos. Primero, obtener liquidez inmediata por parte de las empresas que logren la concesión para cuadrar las cuentas de la Generalitat de este año. El Consell quiere que las concesionarias ingresen 360 millones de euros a cuenta de los ejercicios 2013 y 2014. Aunque si en el otoño las cuentas no cuadran podría solicitar otros 180 millones de adelanto del canon. El Ejecutivo prevé que entre seis y ocho uniones temporales de empresas se queden con la gestión de las 18 áreas de salud pública.

El segundo objetivo es anclar el gasto corriente y farmacéutico del sistema de salud a partir de 2013. La Consejería de Sanidad pagará al concesionario una cantidad por cada habitante asignado al área de salud —aunque habrá también otras cantidades por conceptos distintos—. A partir de esa cantidad, el gestor privado tendrá que reducir costes para obtener el canon que le pide la Administración y el beneficio propio de su actividad empresarial. La oposición asegura que el diseño económico de la privatización propuesta por la Consejería de Sanidad no se sostiene.

Una Administración más pequeña y con menos personal. La Generalitat no figura entre las Administraciones autonómicas con más personal. La Comunidad Valenciana tenía algo más de 228.000 empleados públicos, según la última estadística oficial. Es decir, un empleado público por cada 22,3 habitantes, un porcentaje que sitúa a la Generalitat en el segundo lugar por la cola y que dobla el de la primera autonomía, Extremadura, que tiene un empleado público por cada 11,7 habitantes. Sin embargo, el Consell ha previsto una profunda reestructuración de sus empresas públicas y fundaciones, que una vez concluida supondrá la desaparición de más de 5.000 empleos públicos. También ha congelado la oferta de empleo público y solo cubre las jubilaciones y las bajas imprescindibles. El personal interino actualmente contratado se mantiene pero con jornadas más reducidas y contratos, por ejemplo en Educación, que excluyen los meses estivales.

Venta de patrimonio. La Generalitat prevé desprenderse de parte del patrimonio público para obtener liquidez. El desplome del mercado inmobiliario ha hecho que el Consell desplace a 2013 y 2014 unos ingresos previstos de 251,3 millones de euros que estaban consignados en los presupuestos de este mismo año. Entre los edificios emblemáticos, está el edificio de La Cigüeña, sede de las consejerías de Justicia y Bienestar Social y de Agricultura, y otro inmueble en la calle de Colón, que ocupa la Consejería de Economía e Industria. El Ejecutivo de Alberto Fabra prevé concentrar buena parte de los servicios administrativos en el complejo 9 d’Octubre. En realidad, la Administración valenciana tiene a la venta, además de edificios oficiales y solares, todo tipo de infraestructuras. La Generalitat está dispuesta a escuchar cualquier oferta razonable por infraestructuras como la Ciudad de la Luz, el Àgora o el aeropuerto de Castellón, entre otras. Aunque no es posible presupuestar ingresos por la venta o cesión de estas grandes instalaciones, el objetivo del Consell es deshacerse del coste de mantenimiento de unas infraestructuras que no han dado la rentabilidad social deseada.

De la subvención al incentivo. Entre las medidas de mayor impacto económico está el adelgazamiento de la política de subvenciones y su transformación en una política de incentivos, que pretende llegar a más individuos, con cantidades menores y con mayor esfuerzo de su parte. Así, se reducen en más de un 20% las líneas de subvención y su cuantía llegan incluso al 30%. La política de inversiones es otra de las más castigadas por los recortes. Más de un centenar de proyectos se han suprimido y casi otro tanto han visto rebajadas las cantidades que tenían previstas.

Implantación del copago y mayor presión fiscal. Las medidas para equilibrar ingresos y gastos incluyen también la implantación del copago en sanidad —se pagará más por medicamento o por prótesis, por ejemplo— y en la Administración de Justicia —en los procedimientos civiles y de contencioso-administrativo—, pero también se reduce el número de deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF, aumenta el recargo sobre las gasolinas, se suben las tasas universitarias, se introducen nuevos impuestos medioambientales, se incrementan los tipos del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados y se introducen nuevos impuestos de carácter medioambiental.

El servicio de la deuda. El titular de Hacienda, José Manuel Vela, asegura que las Administraciones estarán obligadas, a partir de esta crisis, a gastar solo lo que ingresen, sin recurrir al endeudamiento. Sin embargo, hasta que llegue ese día, el Consell tiene que afrontar la pesada carga de la deuda contraida durante los años de bonanza que supera el 20% del PIB regional. El Consell ha conseguido ralentizar el crecimiento de la deuda, pero no invertir la situación. Solo afrontar el plan de pago a los proveedores —un crédito al 5% concedido por el Gobierno por importe de 4.069 millones de euros para pagar facturas atrasadas— costará 147 millones de euros este año y otros 294 el año que viene, según el documento de medidas de reequilibrio de la Generalitat. Los números no incluyen el coste de un hipotético segundo plan de ayuda para pagar la deuda de más de 1.300 millones de euros con ayuntamientos y entidades concertadas.