La fiscalía pide imputar a Blasco por el fraude en las ayudas a la cooperación

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar la imputación en el caso de la cooperación al portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, por su supuesta implicación cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el fraude de las ayudas a países del tercer mundo, según informan fuentes judiciales. Los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres han presentado un informe a la magistrada Nieves Molina, que investiga desde el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el desvío de más de seis millones de euros de cooperación, en el que consideran que hay fundados indicios de que Blasco participó en la trama y que podría ser imputados por los delitos de delito de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Otros implicados han sido imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Y a Blasco se le han añadido los de prevaricación, que supone dictar a sabiendas una resolución injusta, y tráfico de influencias, posiblemente por haber presionado a funcionarios para favorecer a alguna ONG en concreto.

El informe es preceptivo para dilucidar una cuestión de competencia, puesto que Blasco, por ser diputado, está aforado. Molina consultará ahora al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que esta instancia decida sobre la imputación de Blasco. En caso afirmativo, el TSJ nombrará un nuevo instructor para completar el trabajo elaborado por Molina desde hace más de un año.

El sumario de la causa, que cuenta ya con 27 imputados, entre ellos seis personas que trabajan para la Administración, habla de una trama articulada en torno a la consejería y a la Fundación Hemisferio, una supuesta organización no gubernamental (ONG) que captó a otras asociaciones y les gestionó sus proyectos de cooperación ante la Generalitat. Cuando las ONG recibían el dinero, este se desviaba a cuentas en Estados Unidos a través de una red de empresas en España y en el país americano. Las ayudas se justificaban después ante la Administración a base de facturas falsas que emitían otras empresas, algunas de ellas ficticias.

La implicación de Blasco en el sumario se sustancia en los expedientes de las ayudas de la consejería y en las conversaciones intervenidas por orden judicial a los principales cabecillas de la trama. En concreto, el sumario revela que hubo numerosas conversaciones, hasta ocho en un día, entre el portavoz del PP y Augusto César Tauroni, el principal imputado de la causa y el único que permanece privado de libertad desde su detención el pasado 23 de febrero. La policía ha vinculado a Tauroni con ocho empresas de Estados Unidos, donde además tiene dos viviendas y un yate.

Además de las conversaciones, varios de los testigos han implicado a Blasco en la tramitación de los expedientes y han explicado que el entonces consejero presionó a los miembros de la comisión que evaluaba los proyectos de la Fundación Cyes para que le fueran aprobadas dos subvenciones por 1,6 millones de euros. Cyes (sin ninguna relación con las constructora) gastó la mayor parte del dinero en la compra de inmuebles en Valencia.