El Gobierno y Bizkaia se enzarzan en otra bronca por el traspaso de las ayudas

La transición en la gestión de las principales ayudas sociales desde los Ayuntamientos y las Diputaciones a Lanbide brindó ayer otro duro intercambio de acusaciones entre la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, y la diputada vizcaína de Acción Social, Pilar Ardanza. Zabaleta calificó de “deplorable” la fotografía de Ardanza posando el pasado día 13 con los últimos 3.038 expedientes de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) traspasados por Bizkaia a Lanbide. “Una imagen vale más que mil palabras. Se jactaba de enviarlos con seis meses de retraso”, criticó. De su lado, la diputada acusó al Ejecutivo de querer culpar a la Diputación “de su mala gestión”.

Un día después de que Lanbide achacara en un comunicado a la “nefasta gestión” de Bizkaia la mayoría del fraude en las ayudas sociales —aseguró que el 72% de las 2.031 personas que han dejado de cobrar la prestación al no haber sido posible su localización pertenecen a esta provincia—, Zabaleta censuró en el Parlamento vasco que la institución foral hubiera trasladado los últimos meses 15.000 expedientes “gota a gota”, lo que había causado “un enorme perjuicio” a los perceptores, a Lanbide y al Gobierno vasco, lamentó.

“Esas 15.000 personas iban a preguntar a las oficinas de Lanbide por sus documentos y no se les podía responder porque estaban en las cajas de la señora Ardanza”, denunció Zabaleta.

El Ejecutivo dice que ha tenido que pagar 13 millones en retrasos

El Gobierno vasco, continuó la consejera, ha tenido que pagar 13 millones de euros de 5.000 expedientes que acumulaban un retraso en el cobro de entre siete y trece meses. Zabaleta mostró el informe de un perceptor que reclama a Lanbide el pago de más de 20.000 euros por atrasos de dos años. “Es un escándalo. Y como este hay muchos”, enfatizó.

Ardanza contestó en una rueda de prensa en Bilbao que la gestión de la RGI en Bizkaia había sido “un trabajo eficaz y silencioso durante 22 años”. “Nadie sabía nada negativo de estas ayudas, pero desde Lanbide está en el asunto, todo el día estamos hablando de alguna historia”, recalcó.

La diputada dijo no entender el “interés” del Ejecutivo por “criminalizar” a las personas que están recibiendo la RGI. “¿A qué viene ponerles en el ojo del huracán y de la controversia?”, se preguntó para, a continuación, responderse a sí misma: “Salvo que con todo ello se busque aplicar la operación del chipirón: tiro tinta, a ver si se tapan mis propios problemas y esas imágenes de las colas en las oficinas de Lanbide”.

Zabaleta se comprometió “a poner orden en el caos” que rodea a la gestión de las ayudas. Mostró otro expediente remitido por un municipio en el que ni siquiera figuraba el número de una cuenta corriente. “Es una vergüenza”, concluyó.