Reus lleva al fiscal la gestión del presidente del ICS en Innova
El alcalde de Reus pide que la justicia “actúe con contundencia” Prat ordenó pagos no justificados por 1,1 millones a dos excargos del CatSalut
El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), llevará a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas un informe sobre las presuntas irregularidades de Josep Prat, número dos del Departamento de Salud ya que preside el Instituto Catalán de la Salud (ICS), cometidas cuando este era el factótum del holding de empresas municipales Innova. El holding arrastra una deuda de 216 millones de euros.
El informe detalla que Prat firmó entre 2007 y 2011 facturas no justificadas y presuntamente falsas por valor de 1,1 millones de euros a dos personas: Carles Manté, directivo del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) y director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) entre 2004 y 2006, nombrado por la consejera de Salud del tripartito, Marina Geli, y Jorge Batesteza, arquitecto que, según figura en su currículo profesional, también estuvo vinculado al CatSalut hasta 2007 con el cargo de “gerente de Infraestructuras del Área de Patrimonio e Inversiones”. Manté cobró 720.000 euros de Innova, el resto correspondería a Batesteza.
“Estamos ante un presunto caso de malversación de dinero público, un escándalo que puede tener graves consecuencias. Es deplorable”, afirmó ayer Pellicer. Los pagos se efectuaron cuando Lluís Miquel Pérez (PSC) era alcalde de Reus y presidente de Innova. Ayer, Pellicer, en rueda de prensa, pidió responsabilidades a Pérez y lo vinculó a la trama. “Hay un dúo: el exalcalde Pérez dentro del Ayuntamiento y Prat desde Innova. Actuaron sin control”, acusó Pellicer.
El alcalde detalló la forma de operar del presunto entramado. Manté, como avanzó EL PAÍS, facturó a Innova 720.120 euros, IVA excluido. Las facturas fueron emitidas por la sociedad CCM Estratègies i Salut, por un valor de 13.000 euros al mes entre 2007 y 2011. “El socio director de esta empresa es Manté [la esposa de este es copropietaria] y se constituyó siete días antes de firmarse un contrato de nueve meses con Innova en concepto de asesoría”, dijo Pellicer.
El acuerdo, subrayó Pellicer, fue firmado el 15 de marzo de 2007 por Prat y no hubo ningún concurso público para su adjudicación: se otorgó directamente. “El contrato exigía una contraprestación de trabajo, pero cuando finalizó no hubo justificación alguna de ningún trabajo”, esgrimió Pellicer. Además, Manté siguió “facturando sin contrato ni justificación de 2008 a 2011, y quien lo autorizó y firmó fue otra vez Prat”, precisó el alcalde de Reus.
Carles Pellicer augura
El holding municipal dejó de pagar a Manté en junio de 2011, cuando los socialistas perdieron la alcaldía tras 32 años en el poder municipal y CiU y el PP se unieron para gobernar la ciudad. Sin embargo, aunque no fuesen abonadas, la empresa de Manté siguió enviando facturas a Innova hasta finales de 2011. En esa época Prat fue denunciado por la CUP ante la Audiencia Nacional por la duplicidad de altos cargos que acumulaba en empresas públicas y privadas sanitarias. Prat compaginaba la presidencia del ICS en el sector público con la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España, y la dirección de Innova. Al poco de la denuncia de la CUP, Prat dimitió en Innova y en USP Hospitales.
A partir de ese momento, Manté dejó de enviar facturas al Ayuntamiento de Reus, pero siguió vinculado al holding municipal, ya que presidió la filial de Innova Shirota Functional Foods, dedicada a la investigación nutricional. Esta empresa está en quiebra, en pleno concurso de acreedores, y ha hecho perder tres millones de euros al Consistorio de Reus.
En el caso de Batesteza, según el alcalde, tampoco “hay justificación de ningún trabajo realizado".
En el caso de Batesteza los pagos se materializaron entre junio de 2007 y septiembre de 2010, ascienden a 387.000 euros y se efectuaron en concepto de asesoramiento técnico en inversiones de Innova en infraestructuras sanitarias. Según el alcalde, tampoco en este caso “hay justificación de ningún trabajo realizado".
Los pagos a Batesteza, explicó Pellicer, son más complejos: facturaba al hospital Sant Joan de Reus. Allí, las facturas eran aprobadas por el directivo de área de salud de Innova Lluís Nualart, que las enviaba a Prat para que ordenara el pago.
Los actuales gobernantes de Reus se desvinculan de estas presuntas irregularidades: “Las conocimos en febrero, pero quisimos indagar con rigor el caso y pusimos en marcha una auditoría”, afirmó Teresa Gomis (CiU), teniente de alcalde. La auditoría la lleva a cabo Faura Casas y no estará lista hasta julio.
Pellicer asegura que Prat actuó a sus espaldas escondiendo todos estos hechos cuando CiU y el PP llegaron al poder. El alcalde convergente pide que la justicia “actúe con contundencia” y augura nuevos casos de presunta corrupción. “Nos hemos encontrado sueldos astronómicos, facturas escondidas, concejales con sobresueldos y dietas... parece que aún no hemos llegado al fondo”, admitió Pellicer. El alcalde se refiere al sueldo de Prat, que cobraba 228.000 euros anuales y tenía un Audi A6 a su disposición, y a Nualart, que percibía 226.000 euros al año hasta que dejó también su puesto en Innova hace tres meses. También a seis concejales o altos cargos de CiU, ERC, el PP y el PSC de los que se ha hecho público que han cobrado dietas o sobresueldos de Innova, que adeuda 216 millones; el Consistorio debe 400.
Por otra parte, el PSC registró ayer en el Parlament la petición de una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de salud, informa Maiol Roger. La petición cita algunos de los escándalos destapados por EL PAÍS: “La gestión del Consorcio de Salud del Maresme y la Selva, la Fundación Privada de Gestión Sanitaria del hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la relación entre el Servicio Catalán de la Salud, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, el Grupo SERHS y las empresas Innova y CCM Estratègies i Salut”.
La junta de portavoces deberá fijar su votación en el pleno, cuyo resultado es una incógnita. El PSC necesita los votos de CiU y el PP para llevar adelante la comisión, y ambos grupos no han tomado ninguna decisión porque, según aseguraron ayer sendos portavoces, todavía no han recibido la notificación formal de los socialistas.
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