“Tengo 60 años. ¿Adónde voy ahora?”

“Tengo 60 años. ¿Adónde voy yo ahora? Si no hay trabajo para los jóvenes, imagínate para mí”. La mujer que habla lleva 24 años trabajando como lavandera en un gran hospital público madrileño. Accede a contar su situación solo si no se la identifica: pese a su prolongada relación laboral con el centro, por la que cobra un poco menos de 1.000 euros al mes, sigue siendo interina. “No quiero que me metan la primera en la lista de los que van a echar”, dice. Porque el Gobierno regional ha declarado su categoría, lavandera, “a extinguir”. Ese y otros 25 oficios no sanitarios (albañil, carpintero, pinche de cocina, telefonista...) en los hospitales públicos van a desaparecer, según el proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea de Madrid y que consagra un ajuste de 1.045 millones en el presupuesto regional de 2012.

“Me veo en la calle. Y como yo, todos los que no somos fijos”, se lamenta. La lectura del proyecto de ley confirma su pronóstico. El personal fijo podrá ser recolocado en cualquier hospital de la región. De los temporales, ni palabra. El futuro es la privatización. Progresivamente se producirá la “externalización” de todos los servicios no sanitarios, lo que dibuja para los trabajadores temporales un futuro muy negro. Y no son pocos. La mitad de los 3.000 empleados de esas 26 categorías carecen de contrato fijo. “Estos días vienen muchos compañeros a preguntarnos. Quieren saber cuándo les van a despedir. Necesitan hacerse su composición de lugar. Quien más quien menos tiene una hipoteca o una familia que mantener”, cuenta Ana Sánchez, secretaria general de Comisiones Obreras en el Clínico.

“Los interinos irán a la calle, pero nadie nos informa de nada”, añade Fernando Borreguero, delegado sindical de UGT en el hospital Ramón y Cajal. En CSIT-UP también están a la espera de conocer los detalles, aunque su secretario de Sanidad, Jesús González, cree que las privatizaciones pueden ser inminentes en los centros más pequeños, de los que se despedirá a los interinos y agrupará a los fijos en otros centros. Las categorías con más puestos son pinches (596 fijos y 614 temporales), cocineros (101 fijos y 104 eventuales) y lavanderos (30 fijos y 63 eventuales), según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

La preocupación de Manuel y Concha es otra. “No sabemos a dónde nos van a mandar cuando entren las empresas”, dice Concha, que lleva 36 años trabajando de costurera en el Hospital Clínico. Su marido es empleado de mantenimiento allí desde hace 38 años. El proyecto de ley que decidirá su futuro únicamente señala que pasarán a “prestar servicios en los centros sanitarios que determine el Servicio Madrileño de Salud”. En realidad, la categoría de Concha lleva años considerándose a extinguir. Hubo un tiempo en que trabajaban más de 20 costureras en el hospital. Hoy quedan cinco. La más joven tiene 52 años. La mayor se jubila el próximo 3 de febrero. Y el trabajo sigue siendo el mismo, asegura. Siempre hay uniformes a los que cambiar un bolsillo que se ha manchado de tinta, pijamas o camisones que arreglar o sábanas a las que dar unas puntadas para disimular un roto. “Sienta mal que te digan que eres a extinguir. Sobre todo porque nuestro trabajo se seguirá necesitando. La diferencia es que ahora lo hará una empresa”, reflexiona.

Hace más de 10 años que en estas categorías no se cubre una jubilación. Por eso, la gran mayoría de trabajadores pasan de 50 años. Los únicos jóvenes son los eventuales. “Que la gente tenga clara una cosa: no solo perdemos nosotros, pierde la sanidad pública, los enfermos”, dice Manuel. “No sé cómo va a llevar esto una empresa externa. Este hospital es un mundo. ¿Cómo van a saber cómo funcionan las bombas, la fontanería? Ni nosotros, que llevamos casi 40 años, lo conocemos al detalle”.

Con todo, cree que su suerte es mejor que la de otros. “Yo no sé dónde iré, pero saldré mejor parado que mis compañeros”, explica. A Teodoro Gil, pinche de cocina en el Ramón y Cajal, le sale también esa reflexión como primer lamento. “Hay otros que quedarán peor que yo”, dice al teléfono desde su casa, d0onde sigue convaleciente de una operación. Hace 22 años que aprobó la oposición y desde entonces ha trabajado en las mismas cocinas. Entre él y sus compañeros (unos 200 pinches, según estimaciones de UGT) sirven miles de comidas. Aún no sabe dónde le enviarán, pero sí tiene claro que cualquier nuevo destino le vendrá peor que el actual. Tiene una casa de 50 metros cuadrados que compró cerca del centro y en la que vive con su hija de 17 años. Es viudo. Paga 550 euros de hipoteca de un sueldo de 1.200, que ha menguado durante la baja. Antes de este último paquete de medidas, la Comunidad de Madrid aprobó una reducción en las prestaciones por enfermedad de los empleados públicos. A él le suponen unos 200 euros al mes, según sus cálculos. Con el sueldo llega “apurado” a fin de mes. “No salgo ni hago ningún gasto extra. Mis diversiones son los paseos y los libros”, explica. Su madre y sus hermanas le echan una mano cuando el dinero no llega.

La presidenta Esperanza Aguirre asegura que el objetivo de la privatización es ahorrar. El Gobierno regional solo ha hecho pública una cifra: 20,7 millones de euros por las categorías “a extinguir”. A preguntas de este diario, no precisa cómo ha hecho el cálculo. Es siete veces más de los 3,5 millones que asegura que ahorrará bajando un 10% a los altos cargos y más alta que los 17,5 millones que prevé recortar con la bajada del 10% de jornada y sueldo de parte de la plantilla de interinos. “Dudo que el ahorro sea el previsto, nadie ha puesto números sobre la mesa, no se sabe si la cocina del Severo Ochoa, que siempre ha estado externalizada, es más barata que la de otro hospital público”, añade Manuel Rodríguez, coordinador del área pública de CC OO.