El plan de ajuste dispara la tensión entre la Junta y los sindicatos

El Gobierno de coalición de izquierdas de Andalucía (PSOE-IU) no ha conseguido evitar que los recortes le abran un frente con los sindicatos. El Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobó el martes su plan de ajuste para cumplir con el objetivo del déficit de 2012, mientras crecen las protestas de los empleados públicos de todos los sectores y se dispara la tensión con las centrales. La merma del Presupuesto andaluz es de 2.700 millones de euros, de los que 750 saldrán de las nóminas de los trabajadores, que empezarán a notar ya las rebajas desde el mes próximo.

La Junta aplazó el decreto para negociar con los sindicatos, pero el diálogo fracasó. La distancia ahora mismo es abismal. UGT y CC OO —que en la anterior legislatura colaboraron activamente con el Ejecutivo socialista, y en la campaña de las elecciones autonómicas empujaron con fuerza hacia los partidos de izquierda—, están en una posición frontal, tras asegurar que no ha habido una verdadera negociación y que los cambios son insuficientes.

Con todo, según explicó la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, al decreto se han incorporado varias novedades respecto al proyecto inicial, presentado el 15 de mayo, como la garantía de que ningún trabajador público cobre menos de 1.000 euros a jornada completa como consecuencia del ajuste, y el carácter temporal y excepcional de las medidas (hasta diciembre de 2013), siempre que los ingresos de Andalucía cobren vías de normalidad. También se atenúa la merma de la jornada y reducción proporcional del salario de los interinos de un 15% a un 10%.

Aguayo cambia levemente el recorte aprobado por el Ministerio de Hacienda

A los altos cargos (presidente, consejeros y asimilados) se les restará un 7,5% de sus retribuciones en lugar de un 5% como se pensó al principio, una bajada que la consejera consideró más “simbólica que efectiva”. Las pagas extraordinarias de los trabajadores se recortarán considerablemente, pero quedará un 1% con carácter residual para que no desaparezcan y no se pierda el derecho adquirido.

Carmen Martínez Aguayo insistió en que la dureza del ajuste ha sido impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Es un plan que hacemos y acatamos por responsabilidad”, dijo. Puso el acento en la diferencia entre el modelo de la Junta andaluza y los de las comunidades del PP o el Gobierno, ya que mientras Andalucía apuesta por “repartir trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad para mantener el máximo empleo sin privatizar servicios públicos”, en otros territorios se opta por los despidos, las privatizaciones y supresión de servicios.

El decreto aprobado ayer aumenta los ingresos en unos 1.000 millones de euros y reduce el gasto en 2.700 para equilibrar los 3.500 millones que Andalucía deja de recibir por los ajustes del Estado. 171 millones de los ingresos salen del incremento del tramo autonómico del IRPF, que sube un punto para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros y de 120.000 en adelante; del aumento del impuesto de patrimonio; del llamado céntimo sanitario, que grava los hidrocarburos; del impuesto de actos jurídicos documentados, y de las tasas de las máquinas tragaperras. La Junta consigna 350 millones por la venta de 76 inmuebles, una operación que ya contempló en 2011, pero que al estar cerrado el crédito en el mercado financiero los potenciales compradores no han firmado.

IU asume el plan de ajuste por “responsabilidad”

El Gobierno central a punto estuvo de tumbar el plan de ajuste andaluz en la reunión que celebró el 17 de mayo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque consideraba que los ingresos de 506 millones procedentes de los fondos europeos no eran una cifra real. El Ministerio de Hacienda estimó que la Junta no ingresará más de 300, e impuso 200 millones más de ajuste, que salen de la inversión.

IU, que forma parte del Ejecutivo andaluz, difundió un boletín informativo en el que justifica su apoyo de los recortes “por responsabilidad”, aunque admite que tiene la “tentación” de declararse “insumisa”. El portavoz parlamentario, José Antonio Castró se mostró satisfecho con las modificaciones del decreto que, en buena parte, atribuye a la presión de su partido, y aseguró que no había más margen de maniobra. “No hay ninguna comunidad que resista la comparación con Andalucía en materia de destrucción de empleo o privatizaciones de servicios públicos”, aseveró, si bien agregó que en el trámite parlamentario del decreto como proyecto de ley se intentarán nuevos cambios.

En esta línea, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aprovechó para lanzar un órdago al resto de autonomías —y contestar de paso al PP— y les propuso que apliquen las mismas reducciones salariales para altos cargos que ha hecho la Junta. El Gobierno andaluz ha cifrado en más de un 20% la reducción acumulada en los emolumentos de su staff desde 2009. Según un cuadro comparativo confeccionado por la Oficina del Portavoz, la retribución de Griñán se sitúa en el puesto 16 de los 17 los presidentes autonómicos, con 63.808 euros anuales. Solo el de Cantabria está por debajo, con 59.534 euros.

En la cúspide figuran Artur Mas (Cataluña), con 122.426 euros al año; Patxi López (País Vasco), con 97.519; y Esperanza Aguirre (Madrid), con 94.079. La retribución media de los presidentes es de 76.647 euros.

En cuando a los consejeros, Andalucía ocupa en el puesto número 11, con 62.800 euros, mientras que la media es de 67.745. Los consejeros que más cobran son los de Cataluña (92.290 euros), País Vasco (86.930) y Madrid (78.696). El frente “clientelar” fue el que precisamente atacó el PP para denunciar que el plan de ajuste pone en riesgo del Estado de Bienestar. El coordinador de Economía del PP andaluz, Rafael Carmona, dijo que el PSOE ha preferido mantener el “aparato político” en lugar de hacer reformas, ya que, declaró, Griñán ha elegido por recortar el salario de los empleados públicos y no tocar los 11.000 millones del capítulo 4 del Presupuesto, “única y exclusivamente dedicados a mantener asociaciones satélite del poder, cercanas al PSOE, que lo único que hacen es engullir recursos que se les quitan a los empleados públicos para mantener el clientelismo”.

Pese a su plante, los sindicatos esperan mejoras cuando el decreto se discuta en la Cámara autónoma. En torno al Palacio de San Telmo, la sede de la Presidencia de la Junta, se habían apostado ayer el martes colectivos con reivindicaciones diversas: desde Astilleros hasta profesores del sindicato Ustea. Martínez Aguayo se mostró muy comprensiva con el malestar de los empleados de la Junta: “Entiendo que estén disgustados, pero tenemos una obligación que cumplir”. “Espero que esta decisión sirva, aunque tengo serias dudas, porque el problema de este país está en los ingresos y en el desempleo”, añadió.