Fianza de 7,3 millones a firmas del informático de Emarsa y su hermana

La instrucción del caso Emarsa ha supuesto una fianza de 7,3 millones de euros para cinco mercantiles gestionadas por dos de los imputados, el informático de la empresa pública y su hermana, que facturaron hasta 8,9 millones de euros a la firma que operaba la mayor depuradora de la Comunidad Valenciana.

El juez Vicente Ríos impuso el pasado 30 de enero de 2012 una fianza de 3,65 millones de euros a Sebastián García Martínez, alias Chanín, el informático de Emarsa, la empresa pública saqueada durante años que quebró con un agujero de 17 millones de euros y que sustancia la investigación judicial del magistrado. El imputado, uno de los 32 implicados en el quebranto económico por más de 25 millones de euros de la firma pública, administraba la sociedades Microprocesadores Valencia, que facturó entre 2004 y 2010 hasta 2,73 millones de euros a Emarsa, y Sofitec Informática, que cobró en las mimas fechas otros 1,8 millones de euros a la depuradora.

El mismo día, Ríos impuso otra fianza de otros 3,65 millones de euros a María Paz García Martínez, administradora de otras tres firmas: Construcciones y Reformas Rocafort, que facturó entre 2005 y 2010 otros 3,43 millones de euros, Construcciones Valsebe, que cobró a Emarsa 70.000 euros entre 2006 y 2007, y Mantenimientos Valmasmark, que percibió de la sociedad pública otros 846.000 euros entre 2008 y 2010.

En total, Chanín cobró de Emarsa 4.350.895 euros, y su hermana facturó otros 4.568.854 euros, pagos que sitúan a los hermanos entre los principales beneficiarios del saqueo de la firma pública dependiente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), integrada por 51 municipios del área metropolitana de Valencia. Sin embargo, Ríos constata que no se ha acreditado suficientemente el trabajo supuestamente realizado por ambas empresas.

Después de establecer las fianzas y de no haberse satisfecho, el siguiente paso fue declarar el 24 de mayo parcialmente solventes a ambos imputados tras embargarles sus bienes, aunque no cubriesen el total de las responsabilidades establecidas en la fianza. Y en dos autos firmados el pasado 15 de junio, Ríos declara para las cinco firmas mencionadas la responsabilidad civil y les exige que presten la fianza de 3,65 millones de euros en cada uno de los casos.

Es más, en el caso de Microprocesados Valencia, el juez apunta que la firma, de la que Chanín es titular en un 66%, posee una vivienda en Bétera.

Por otra parte, el juez tomó este lunes declaración por tercer día a otro de los imputados, Enrique Sena Gimeno, exgerente de Nortec, firma que facturó 5,5 millones de euros a Emarsa entre 2008 y 2010. Y Ríos pilló en un renuncio al empresario. Así, en un momento de la declaración, Sena explicó que en 2004 o 2005 constituyó una constructora propia, que tuvo que declarar en concurso de acreedores en 2008. Se llamaba Kobe Unno, SL. Y preguntado por si había facturado con Emarsa alguna vez, declaró que “nunca, ni directa ni indirectamente”. Sin embargo, inmediatamente después el juez le mostró una factura registrada en el libro mayor de Emarsa el 31 de julio de 2006 a nombre de Kobe Unno por valor de 26.809 euros, y, con la misma fecha, otro registro por otros 31.098 euros. Sena dijo que no recordaba nada.

Ríos acordó después solicitar a Hacienda los apuntes de ingresos y gastos correspondientes a Kobe Unno en 2006.