El Gobierno se reserva el control de la situación financiera del Consorcio

El Consorcio Valencia 2007, que gestiona la Marina Real del puerto de Valencia, se reunió ayer tras una larga temporada de parálisis. El Consejo Rector, al que asistieron por primera vez los nuevos representantes del Gobierno de Mariano Rajoy, llevaba casi un año sin reunirse.

La presidenta y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, describió la reunión como un auténtico logro y enfatizó el desastre de la anterior etapa, en la que la Generalitat y el Consistorio, ambos en manos del PP, no supieron entenderse con un Gobierno español del PSOE que, sin embargo, hizo posible, gracias a un crédito del ICO, que se construyeran las infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa del América.

El de ayer fue un primer contacto, en el que como primera medida se nombró a Pablo Landecho, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, nuevo director general del Consorcio. Sobre sus hombros descansará la responsabilidad de actualizar los planes a corto y medio plazo de esta entidad que acabó 2011 con unas pérdidas de unos 18 millones de euros.

Como explicó su director adjunto, Jorge Gisbert, la gestión de la dársena se cerró con un superávit de 980.000 euros, gracias a la ocupación de 400 de los 700 amarres de la Marina, al alquiler de algunas de las bases y a otros eventos parecidos. Pero el dinero que se debe al ICO en créditos —unos 16 millones de euros anuales— hunde la cuenta de pérdidas y ganancias del Consorcio. Desde que comenzó la amortización del crédito de más de 350 millones de euros, el Consorcio no ha devuelto ni un euro. Esta cuestión será prioritaria para el gestor de la Marina, que deberá esmerarse en su comercialización.

La gestora de la Marina Real, en pérdidas, debe todo el crédito al ICO

La alcaldesa presentó al nuevo director y anunció cambios en los estatutos. Para empezar, la regidora, en tanto que presidenta del Consorcio, recupera el voto de calidad que suprimió el anterior Gobierno. Las tres Administraciones públicas presentes se distribuyen por tercios la representación y la responsabilidad después de que los socialistas dieran al Gobierno español el 50% de los votos y a la Generalitat y el Ayuntamiento un 25% respectivamente.

La premura con que se convocó el Consejo Rector de ayer hizo que se registraran ausencias notables, por ejemplo, la del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que fue sustituido por Pilar Platero, subsecretaria del Ministerio de Hacienda.

Barberá dejó claro que el Gobierno se reserva el control financiero del Consorcio. Todo lo que se haga deberá contar con su aval a pesar de que solo tiene un tercio de los votos.

De Landecho, que tras su paso por la Generalitat había recalado en el bufete de abogados de Broseta, destacó Barberá como puntos fuertes muchas cosas, pero, sobre todo, su dominio de las cuestiones administrativas y económicas. El nuevo director general del Consorcio empezará ahora a crear su equipo y de él dependerá que Jorge Gisbert se quede o no.