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Caso Gürtel

La policía concluye que otra constructora pagó 110.000 euros al PP de Camps

Lubasa habría aportado los fondos para la campaña electoral del año 2007

El Bigotes lo camufló como una venta de 8.000 camisetas y gorras y un plan estratégico

Luis Batalla, expresidente de Lubasa.
Luis Batalla, expresidente de Lubasa.

La policía sigue reconstruyendo la supuesta financiación ilegal del PP valenciano por parte de ocho grandes empresas del sector de la construcción y la obra pública. La Unidad de Delincuencia Financiera y Económica (UDEF) ha aportado un nuevo informe al magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga la vertiente valenciana del caso Gürtel, centrado en la empresa castellonense Lubasa que, destaca la policía, cambió su nombre por el de Durantia Infraestructuras en 2009. Este grupo empresarial habría contribuido con 110.200 euros a la campaña electoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2007, las penúltimas que ganó antes de dimitir por su implicación en el caso.

El sistema empleado fue el mismo que en el caso de las otras empresas ya analizadas por la policía, como Sedesa y Grupo Vallalba. Orange Market, cuyo responsable era el cabecilla de Gürtel y amigo de Camps Álvaro Pérez, El Bigotes, organizaba todos los actos electorales del partido. Pero una parte de los mismos no fueron pagados por el PP, sino por las ocho constructoras que, a su vez, obtenían grandes contratos de obra pública del Gobierno valenciano.

Para disimular el supuesto delito electoral —financiar irregularmente campañas electorales—, Orange Market facturó a dos empresas del grupo Lubasa por servicios que el análisis de la UDEF revela falsos. Una de las facturas, por 52.200 euros, tuvo como motivo teórico el suministro de 4.000 camisetas y 4.000 gorras “promocionales”; la otra, la elaboración de un “plan de marketing”. Ambas contienen deficiencias y coincidencias llamativas.

La policía señala, por ejemplo, que uno de los documentos de Word que utilizó Orange Market en la contratación con Lubasa —en concreto un borrador del convenio sobre el plan estratégico de mercadotecnia—, se llama “Ortiz”. Su contenido es calcado a otro convenio que la sociedad de El Bigotes firmó con el grupo del constructor alicantino Enrique Ortiz, el cual, según la policía, también enmascaró el pago de actos electorales de Camps.

Orange Market recicló para Lubasa una factura que había usado para Enrique Ortiz

“Se infiere que se ha utilizado algún documento confeccionado con anterioridad, relacionado con alguna de las sociedades vinculadas a Enrique Ortiz para elaborar el documento finalmente destinado al Grupo Lubasa”, afirma la UDEF.

El análisis de la documentación incautada a la trama revela, además, que la intención inicial de la red era cobrar de una vez todo el importe. Así lo indica otra factura que, a nombre de “Luis Batalla”, dueño de Lubasa, elaboró Orange Market el 19 de diciembre de 2007 y que no llegó a emitirse. El importe y los conceptos que englobaba eran parecidos a los que terminaron divididos en dos facturas, la primera de las cuales tiene la misma fecha, 19 de diciembre de 2007.

La policía deduce que Orange Market “elabora los mismos en función de una previsión de cantidad de dinero global a recibir inicialmente por parte del cliente final, en este caso 104.400 euros, a través de una única factura”. Es decir, lo que la trama corrupta quería cobrar estaba predeterminado desde un principio porque venía condicionado por unos actos electorales ya efectuados. Y tras proponer la fórmula de una única factura, acaba aceptando dividirlo en dos por “adecuarse a las cantidades y forma de pago solicitada” por Lubasa.

La elaboración de las nuevas facturas, que la UDEF atribuye al empleado de la red habitual, Cándido Herrero, presenta otro error de bulto. La factura única por 104.400 euros era por “material gráfico” y “merchandising”, y este último apartado incluía 3.000 gorras talla M y otras 2.000 talla S. Al dividir las facturas en dos, la de merchandising pasa a ser por un total de 4.000 gorras, pero en el presupuesto que la acompaña siguen figurando 3.000 gorras de talla mediana y otras 2.000 pequeñas.

La policía constata que no constan las hojas que la trama utilizaba para saber cuánto ganaba con un negocio tras descontar los gastos. Ni hay rastro de que Orange Market comprara camisetas ni gorras, tuviera contacto con proveedores o cualquier otro indicio de que realmente trabajó para Lubasa.