Los trabajadores rechazan la recalificación de Barreras

El astillero vigués Barreras necesita varias cosas para salir del pozo: un acuerdo con los acreedores (lo ha pactado) un plan de negocio estudiado (dice tenerlo), liquidez para comenzar a trabajar, una inyección de capital y, obviamente, contratos para construir más barcos. Para conseguir lo primero ha metido en el mismo saco la posibilidad de que se recalifiquen los terrenos ociosos que ocupa un destartalado edificio industrial situado en la calle Tomás Alonso. La intención de la empresa es vender o alquilar los terrenos con uso residencial, para lo que han pedido ayuda al Ayuntamiento de Vigo en la recalificación. Algo que el alcalde, Abel Caballero, no ha rechazado de plano. “Esto requiere el conocimiento a fondo de la cuestión. El naval es una industria básica. Igual que todos apoyamos a Vulcano por su capacidad de generación de empleo abogamos por que se resuelva el concurso de acreedores”. También apeló a que las soluciones tienen que atender “a la más estricta legalidad”.

 Que los acreedores de una empresa condicionen su salida a elementos sobre los que no tienen ningún control es, cuando menos, curioso. Pero la operación urbanística no es la única pieza del puzle para que acepten una quita del 80% sobre los 74 millones de deuda. La plantilla deberá sufrir el despido del 40% de los trabajadores (de 134 pasarían a 80), con rebajas salariales para los que se quedan de un 50% de media. El sudoku incluye el apoyo de la Xunta a través de préstamos participativos (que se pueden transformar en capital si no son devueltos) desde Xesgalicia.

La operación urbanística es, además de un posible “pelotazo”, según lo califican trabajadores y sindicatos, es una solución con pocos visos legales de salir adelante. Según una sentencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, lo que en el pasado se destinaba a oficinas del constructor naval seguirá siendo industrial pese a las alegaciones del astillero al Plan General. Aún así hay antecedentes, como el de Cordelerías Mar o Casa Mar, dos emblemas industriales que se transformaron en residenciales para compensar deudas salariales cuando las empresas entraron en quiebra. Esta posibilidad se ve como una operación “totalmente especulativa”, en palabras de César Rodríguez (CIG). “Si alguien tiene que asumir mayores costes son los socios que llevaron a la empresa a la situación en la que está”.

El plan es, para el presidente del comité, Sergio Gálvez, “inmoral e infumable. Los acreedores se han dedicado a decidir sobre qué pasará con la parte social. ¿Basándose en qué?”, se pregunta. “Es escandaloso”.

Esos terrenos, que ocupan unos 11.000 metros cuadrados, han sido utilizados en otras ocasiones por los propietarios como un escudo para salir de otros atolladeros. Pero la plantilla cree que si se transforman, encapsularán aún más el astillero en la avenida de Beiramar “en una lógica industrial de pan para hoy y hambre para mañana”, según una fuente del sector. Porque “si de lo que se trata realmente es de sacar adelante una industria no podemos empezar a pedir que se construyan pisos”. Salvando las distancias, otros empresarios lo han intentado hacer antes: Promalar condicionó el futuro de Alfageme a poder construir sobre los terrenos de la vieja fábrica. La Xunta, gobernada por el bipartito, no permitió la especulación.