Gobierno y Generalitat buscan salida al conflicto del copago sanitario

CiU y PP tienen una relación más que singular: se han dado apoyo recíproco en la aprobación de los planes más austeros para combatir la crisis y en Cataluña los populares han facilitado la aprobación de los presupuestos. Pero ahora se han enzarzado en un cruce de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) por si la aplicación de los ajustes implica invasión competencial. La Generalitat elevará al TC los decretos de recortes de sanidad y educación de Mariano Rajoy, y a su vez el Gobierno estudia hacer lo propio con la tasa del euro por receta que entrará en vigor en Cataluña el día 23.

Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU en Madrid, y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, como responsables de la parte catalana y estatal de la comisión bilateral, celebraron ayer una primera reunión en el Congreso para tratar de los tres posibles recursos que están sobre la mesa. La Ley del Tribunal Constitucional prevé la puesta en marcha de este mecanismo para buscar una solución negociada. Según la ley, ambas partes tienen nueve meses para alcanzar un acuerdo.

El Ministerio de Hacienda presentó el requerimiento del recurso sobre sanidad al Gobierno de Artur Mas el día 28. Una semana después, la Generalitat aprobó apelar el decreto de sanidad, y ayer, el de educación, aunque no recoge el punto más polémico: el aumento de la ratio de alumnos por aula.

Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, negó ánimo de revancha alguno, pero señaló que su obligación es defender cualquier ataque al autogobierno. El conflicto, revelado por el El Periódico, se dilucidará en una comisión técnica Estado-Generalitat que se reunirá antes del día 25. La fecha es clave porque la Generalitat prevé que el pago por receta entre en vigor el día 23. Fuentes del Gobierno catalán confían en que la balanza se incline a su favor por las diferencias sobre el asunto entre el Ministerio de Sanidad y el de Hacienda, y en que Rajoy no solicite al TC la suspensión cautelar del copago.

Cataluña tiene derecho a fijar sus tasas, pero el Gobierno sostiene que esa tarifa puede alterar el precio final de los medicamentos, que sí es competencia suya. Homs defendió el copago porque, entre otras cosas, fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reequilibrar el déficit, y avisó que su bloqueo daría una pésima imagen a los mercados. El PP catalán tiene un papel delicado ya que, aunque lo mitigó, apoyó el copago. Ayer, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña y socia potencial de CiU en materia económica, pidió a Sáenz de Santamaría que busque vías de diálogo y de entendimiento con la Generalitat. La cuestión es que a partir de ahora un paciente en Cataluña tendrá que abonar un euro por receta hasta un máximo de 62 al año. La tasa no afectará a los pensionistas no contributivos y a los perceptores de renta mínima. Y paralelamente están las medidas del ministerio que implican un pago por medicamento en función de la renta. Sánchez-Camacho deploró el doble esfuerzo y aspira a que una de las dos medidas no se aplique.