Los juzgados resisten la crisis con un nivel de trabajo que “excede lo exigible”
Ibarra percibe un “riesgo para la calidad” de las sentencias si el escenario perdura
Los juzgados vascos resisten pese a la recesión económica. La litigiosidad se redujo el pasado año un 4%, pese al aumento en la jurisdicción Social derivado de la crisis, y los tribunales resolvieron más asuntos de los que ingresaron, lo que contribuyó a un descenso de las tasas de pendencia y congestión. Una situación mejor que la del resto de España que se fraguó gracias a la implicación de los distintos jueces, cuyo nivel de trabajo superó con creces los parámetros fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo reveló ayer el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, quien consideró incluso que las cargas “exceden lo exigible” y que esa situación conlleva un “riesgo para la calidad” de las sentencias si se perpetúa.
Durante la presentación en Bilbao de la memoria judicial correspondiente a 2011, Ibarra destacó que el funcionamiento de la Justicia es “aceptable” en Euskadi, con indicadores “sensiblemente más favorables” que los de otras comunidades autónomas. Un éxito que achacó a las equilibradas dimensiones de los 14 partidos judiciales vascos y a un nivel de rendimiento que se sitúa “muy por encima” de lo razonable. “Si no fuera por las formas de trabajo, necesitaríamos más unidades judiciales”, remarcó. No obstante, el Superior reclama en su balance la creación de una decena de nuevos juzgados en las tres capitales y Barakaldo: tres de Primera Instancia, otros tantos de lo Penal, dos de lo Mercantil, uno de lo Social y otro de Instrucción.
La Justicia vasca mantiene mejores indicadores que el conjunto de España
Pese al complejo escenario económico, que se tradujo también en un recorte presupuestario para el funcionamiento ordinario de los juzgados, la duración media de los procesos se redujo el pasado con respecto a 2010. Sobre todo, en los órganos jurisdiccionales de segunda instancia y casación. En concreto, la sala de lo Social del Superior fijó el parámetro más ambicioso al resolver sus casos, como promedio, en el plazo de un mes y medio. Por el contrario, ese período se elevó hasta los 14 meses en los tribunales de lo Contencioso. En conjunto, los tribunales vascos ingresaron 295.000 casos y sentenciaron 301.000.
Ibarra estuvo acompañado, en la presentación, por casi todos los miembros de la Sala de Gobierno del Superior. Ante ellos, recalcó que “las cifras son buenas, pero podrían mejorarse”. En este sentido, defendió la colegiación de la primera instancia para acelerar las resoluciones sin que ello suponga una merma de su calidad, así como una nueva distribución territorial de los órganos judiciales, ya que resulta urgente su adaptación a los cambios geodemográficos de los 30 últimos años.
A preguntas de los periodistas, el máximo responsable de la judicatura vasca reconoció también que la imagen de los jueces “empeora entre la sociedad” pese a su intensa labor. Ibarra destacó como ejemplo las encuestas en las que los magistrados aseguran que no pueden dedicar a sus resoluciones el tiempo necesario debido a las cargas de trabajo, pero lamentó que la imagen que se traslada finalmente al conjunto de los ciudadanos sea otra. En este sentido, admitió que polémicas como la que afectan a los gastos del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, influyen de forma negativa en la percepción general de la Justicia como administración.
Como receta para invertir la tendencia, Ibarra abogó por la máxima transparencia en el empleo del dinero público. Algo que, según destacó, los jueces “llevan practicando siempre, con grandes exigencias para acreditar los gastos”. Quiso hacer hincapié así en la línea que separa a la judicatura de su máximo órgano de gobierno, el CGPJ, cuyo principal responsable se ha convertido en el centro de la polémica.
Machismo y desahucios
La memoria presentada ayer en la sede del Tribunal Superior recogió con especial detalle las estadísticas sobre dos de las áreas de mayor actualidad y actividad en los tribunales: la violencia machista y el número de desahucios. En relación con la primera de las materias, se ingresaron el pasado año más de 4.000 delitos, la inmensa mayoría por lesiones y malos tratos. Además, se dictaron casi un millar de órdenes de protección. En contra de la percepción general, la mayoría tuvieron como protagonistas a ciudadanos españoles y no extranjeros.
Por otro lado, un total de 1.535 inmuebles fueron desalojadas en Euskadi a lo largo de 2011, la mayoría en Bizkaia. El 85% de los casos correspondió a viviendas habituales y el resto a otro tipo de locales. La cifra, pese a todo, representa un ligero descenso respecto a los datos de 2010, cuando se alcanzó el tope.
El balance anual ratifica, asimismo, la progresiva feminización de la carrera judicial. En Euskadi ejercen 213 jueces titulares, de los que el 58% son mujeres. Un porcentaje que se eleva hasta el 83% entre los magistrados menores de 30 años.
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