Presupuestos a la carrera

Son unas cuentas inéditas. Por primera vez en su historia, Madrid tendrá dos presupuestos en el mismo año. Sobre el papel, se pierden 1.045 millones de euros en un tijeretazo que supone recortar servicios sanitarios, cobrar por gestiones hasta hoy gratuitas y bajar otra vez el sueldo a casi toda la plantilla de la Comunidad. El cambio se anunció hace un mes y se ha cerrado a la carrera. Las prisas, malas consejeras, dejan unas cuentas poco perfiladas, como el deseo de ingresar 175 millones por tasas universitarias que aún no se conocen o el recorte de 90 millones en recetas médicas que el Ejecutivo mismo admite que debe concretar. Pero no es solo que se hayan hecho números con trazo grueso. Existen cifras que ni siquiera cuadran con lo que hay.

 La presidenta, Esperanza Aguirre, se reunió el jueves por la mañana con sus consejeros para darle el toque final a las cuentas. En ese encuentro comprobaron que quedaban (y quedan) flecos que sorprendieron a parte de los reunidos y cabrearon a otros.El informe de los servicios jurídicos y la respuesta de la Consejería de Economía se cerraron, ambas, el mismo miércoles. El nuevo proyecto de presupuesto, ya registrado en la Asamblea de Madrid, incluye recortes más cuantiosos que las partidas originales, como una reducción de 18.000 euros en envío de cartas para la que solo se contaban con 800 euros al principio de año. La presidenta retiró ese mismo jueves medidas relacionadas con la jubilación del personal estatutario que los servicios jurídicos le recomendaron suprimir por ir en contra de la legislación estatal.

Un síntoma de que al Gobierno autonómico le pilló el toro, después de un mes de sudokus presupuestarios, fue la escenificación en plena rueda de prensa de la improvisación sobre el número de tasas que se iban a tocar. “Serán 74”, afirmó Manglano en uno de los escasos momentos en que Aguirre le cedió la palabra. “¿Pero no eran 34?”, le cuestionó la presidenta ante las cámaras girándose con cara de sorpresa. Ni lo uno ni lo otro. Pasadas las ocho de la tarde —la convocatoria con los medios fue a mediodía— se conoció la cifra definitiva: 65. En concreto, se crearán 45 nuevas y subirán otras 20.

Antes, a pocas horas de que sonara la campana y el Ejecutivo tuviese que justificar ante la prensa unas medidas especialmente impopulares —como la rebaja del 3,3% del sueldo de 180.000 empleados que cobran de la Comunidad, el recorte de servicios sanitarios o una subida de hasta el 175% en las guarderías públicas—, los consejeros se pusieron a terminar de cuadrar los presupuestos. A toda prisa. Y vigilando su parcela: ninguno quería que le colasen a traición algún recorte de última hora. Una fuente del Gobierno regional vaticina dos duros debates hasta que se aprueben las cuentas en julio. Por un lado, el que planteará la oposición. Por el otro, reñida pelea a nivel interno “que va a estar igual de interesante o más”, según la citada fuente.

También la tarde del jueves fue de vértigo. El Gobierno regional pasó por el registro de la Asamblea de Madrid, a las 18.00, un tocho de 321 páginas en el que se mezclan arbitrariamente memorias económicas, propuestas desechadas, informes justificativos y hasta copias del intercambio de correos electrónicos entre altos cargos sobre el contenido de los cambios. Una documentación esencial, equivalente a un paquete de folios, que a los grupos de la oposición les llegó solo en papel. “¡Esto es un desprecio a la oposición!”, se exasperaba un diputado socialista.

El jueves se vivió un gran ajetreo en el seno del Gobierno. El miércoles, 6 de junio, efeméride del desembarco en Normandía, el Ejecutivo de Aguirre vivió su día D y hora H. Una jornada de cafés largos, calculadoras echando humo y carreras por los pasillos. Así lo refleja el análisis de la documentación que acompaña al proyecto de ley, que destila una actividad frenética en las ocho consejerías. En apenas unas horas se intercambiaron correos electrónicos y sesudas memorias económicas. Un ejemplo más de lo presionados que estaban los consejeros, conscientes de que el día siguiente era el señalado, tras los gatillazos de los jueves de las semanas anteriores para presentar los recortes. “Vamos al detalle y lo estamos haciendo con mucho rigor”, declaró el 1 de junio Manglano para justificar el retraso. Un repaso a las 321 páginas de documentación demuestra que no fue exactamente así.

Los trámites necesarios para llegar a tiempo al Consejo de Gobierno del pasado jueves se hicieron in extremis. El día anterior, Economía y Hacienda envió a Vicepresidencia una petición para que los servicios jurídicos emitieran su informe. Lo hicieron. El documento, de 35 páginas, está plagado de referencias legislativas y de jurisprudencia que afean decenas de artículos de la nueva Ley de Presupuestos y exige múltiples cambios. En apenas unas horas, Economía se dio por enterada, lo examinó y respondió. Los cambios en la redacción se hicieron el mismo día 6, según un documento firmado por la directora general de Presupuestos.

Lo atropellado del proceso se manifiesta en la primera apreciación que hace la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Los letrados se quejan de que Economía no les ha mandado ninguna documentación adicional, únicamente el texto pelado. “No se ha podido examinar —por falta de remisión por parte de la Consejería consultante— la memoria, estudios e informes legalmente exigibles”, dejan escrito. “Especialmente, el informe sobre necesidad y oportunidad del anteproyecto”, añaden.

Pese a la falta de documentos, hicieron su trabajo. Y lo que encontraron es que las prisas en la redacción habían generado un texto lleno de minas. “Resulta destacable la generalidad e inconcreción” del artículo 17, el que anuncia medidas para “racionalizar el gasto de personal” de tres empresas públicas: el Imidra, Iris y la Fida, destacaron. “Elementales razones vinculadas al principio de seguridad jurídica hacen aconsejable una mayor explicitud de las medidas”, recomendaron los servicios jurídicos apelando a varias sentencias en ese sentido. Economía no hizo demasiado caso: el redactado final, registrado en el Parlamento regional, sigue sin concretar nada.

Otros ejemplos. “No se aprecia una total correspondencia entre la rúbrica de este artículo y su contenido”, señala el informe jurídico en el punto sobre las ayudas a la vivienda. Cuando se analiza la creación de una central de compras de productos sanitarios, destacada por Aguirre el jueves, el informe critica que se le llame indistintamente “junta central de compras” y “junta de contratación”, porque son dos cosas diferentes. También desbarata la intención de Aguirre de cobrar un euro a los conductores por pasar la ITV. No se puede, le dice, el sector está liberalizado. Finalmente, se lo cobrará a las empresas.

Las novedades sobre las operaciones de cambio de sexo también llamaron la atención a los letrados, que recuerdan que restringir la prestación a los que residen hace dos años en la región “pugnaría” con leyes estatales, como la que establece que todos los usuarios del Sistema Nacional de Sanidad tienen acceso a las mismas prestaciones “con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en cada momento”. A este respecto, la presidenta afirmó que seguirá sufragando la operación, pero solo a los que lleven empadronados dos años. Sin embargo, el texto presentado en la Asamblea, probablemente haciendo caso al informe jurídico, no recoge nada de eso, sino lo siguiente: “Con carácter excepcional se mantendrá el tratamiento de las personas que cuenten con un diagnóstico facultativo de trastorno de identidad de género”.

La revisión partida a partida también revela trampas. Hay recortes superiores al presupuesto inicial. El hospital Ramón y Cajal supuestamente recortará 9 millones en medicamentos oncológicos, cuando la partida original era de 5,8 millones. La partida de “trabajos con el exterior”, de Coordinación de Emergencias (Presidencia y Justicia), se cortará 276.722 euros, según las nuevas cuentas, cuando el presupuesto original le reservaba casi nueve veces menos: 31.586 euros. Las dietas para el personal de Vicepresidencia ascienden a 22.729, pero se espera quitar el triple, 57.500. Un portavoz de Economía asegura que, entre enero y ahora, se han incluido modificaciones y los recortes se aplican sobre estas. Visto lo visto, tendrán que seguir usando la calculadora.