El PP admite que con la Ley de Juventud dio “un toque” al Gobierno

El número dos del PP, Iñaki Oyarzábal, admitió ayer en los pasillos de la Cámara que la abstención de su grupo, que posibilitó el jueves la devolución del proyecto de Ley de Juventud, entraba “dentro de la lógica política” y constituyó “un toque de atención” al Gobierno. Este debió hacer “un esfuerzo muchísimo mayor una vez que el PP le había retirado su apoyo”. Y así habrá de proceder cuando busque el voto del PP en lo que quede de legislatura, advirtió, tras ofrecerse “a discutir cada ley y cada moción”.

» Exiliados. El PP cree que el voto de los huidos por las amenazas de ETA tiene “encaje constitucional” y quiere para ello “un gran acuerdo” que incluya al PSE y al PNV, dijo Oyarzábal. El terrorismo “mutiló el censo electoral” y ahora hay que repararlo. La ponencia de expertos convocada por el Ministerio de Interior “debe proponer algo que pueda ser compartido por todos”, dijo.

» Crímenes sin resolver. El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, consideró que, con “más de 300 crímenes de ETA sin resolver”, el Gobierno “habla más de Otegi y de presos que de las víctimas. Maneiro pidió además a Ares que pida la dimisión del adjunto de la Dirección de Víctimas, Txema Urkijo, por haber tachado de “penoso”, el apoyo de Covite a la manifestación hoy contra el plan de reinserción del Gobierno Rajoy.

» No más “veto foral”. El lehendakari acusó a PNV y PP de hurtar desde las diputaciones al Parlamento y al Gobierno, que tiene el compromiso del 70% del gasto, el diseño de las políticas fiscales. Patxi López consideró llegada la hora de “levantar el veto foral que imponen viejos prejuicios y complejos”.

» Viviendas. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, defendió la operación de venta de 3.000 viviendas a un fondo de inversión. El Gobierno ingresará 300 millones largos de euros, cuantificó. El parlamentario del PNV, Norberto Aldaiturriaga, consideró que el proceso supone desprenderse de patrimonio público, que no se cumplen las exigencias para las viviendas de VPO y resaltó que una de las empresas aspirantes radica en las Islas Vírgenes. Arriola dijo que todas las compañías, incluida esta, “cumplen los requisitos de legalidad” y que la operación se realizará con una firma que tribute en Euskadi.