El fiscal pide 10 años para Millet y 4 para la cúpula de Urbanismo de Barcelona

El caso de las presuntas irregularidades en la tramitación de un hotel de lujo junto al Palau de la Música va a llegar a juicio antes que el saqueo de la entidad perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, que asciende a 35 millones de euros. La fiscalía ha pedido duras penas de prisión (diez años y dos meses) para Millet y quien fue su mano derecha por apropiación indebida y falsedad documental. En esa misma causa —una de las derivadas de la investigación sobre el expolio del Palau— el fiscal también acusa a la antigua cúpula socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona.

En su escrito de acusación, el fiscal pide cuatro años y siete meses de cárcel para el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado; para el exgerente de esa misma área Ramon Massagué; y para el ex director jurídico Enric Lambies. Todos ellos están acusados de prevaricación y falsedad documental. El fiscal exige que sean condenados a 13 años y medio de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y a pagar una multa de 12.000 euros.

Los máximos responsables de Urbanismo en el Consistorio durante la etapa del alcalde socialista Jordi Hereu sucumbieron al poder de influencia de Millet y le facilitaron la tramitación del fallido hotel del Palau, un proyecto que jamás vio la luz por la decidida oposición de los vecinos, que llevaron el caso a los tribunales. García Bragado y Massaguer “ocultaron” que la operación beneficiaba a un particular —el hotelero Manuel Valderrama— para no desvirtuar la apariencia de interés público que tenía el proyecto, según la fiscalía.

El caso tiene su origen en 2003, cuando Millet y Montull lograron para el Palau la titularidad de unas fincas cercanas al recinto. El objetivo era, supuestamente, construir un hotel para dar mayor proyección al auditorio modernista. En realidad, buscaban “un importante beneficio personal”. Pero tenían un problema: la calificación urbanística de la zona no permitía, en el casco antiguo de Barcelona, el uso hotelero. De modo que intentaron a toda costa cambiar esa circunstancia.

Los saqueadores confesos de la institución musical aprovecharon “las relaciones personales” con los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento “para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesada o dictando resoluciones varias”.

En concreto, Millet y Montull “aprovecharon su relación de confianza y amistad” con García Bragado, entonces secretario de Presidencia con el Gobierno tripartito, para que encontrase un solar de la Generalitat que permitiera hacer la necesaria permuta urbanística. Todos ellos, junto al arquitecto Carles Díaz —que también afronta la pena de cuatro años y siete meses— acordaron impulsar dos convenios para que la operación urbanística prosperase. Los acuerdos se aprobaron sin el informe jurídico preceptivo y sin ningún tipo de estudio técnico, “debido a la supuesta urgencia para su firma que hábilmente supieron provocar y simular Millet y Montull”.

El convenio fijaba una indemnización de 3,6 millones para el Palau y dejaba en manos de Millet y del promotor hotelero la cantidad que este debía pagar a la Generalitat. El grupo socialista del Ayuntamiento de Barcelona no quiso polemizar con el escrito del fiscal y apeló al “más absoluto respeto por la labor que hace la judicatura”. Los socialistas se ciñeron al guion clásico al recordar que la presunción de inocencia es un derecho, pero matizaron que están convencidos de la “inocencia y honorabilidad” del antiguo equipo de Urbanismo.