Una veintena de entidades se querellarán por el ‘caso Crespo’

Una veintena de organizaciones y entidades sociales han anunciado que presentarán una querella por la vía penal contra los responsables de las irregularidades contenidas en el informe Crespo, la auditoría sobre la Corporación de Salud del Maresme y la Selva entre 2000 y 2005, que revelaba múltiples irregularidades que pudieron causar pérdidas de ingresos y patrimoniales por valor de hasta 2,7 millones de euros a los hospitales públicos de Blanes y Calella.

Los integrantes de la iniciativa penal popular (IPP), movimiento surgido de la sociedad civil, decidieron el miércoles acudir a los juzgados para exigir responsabilidades a los gestores que provocaron estas pérdidas. Entre ellos están el exalcalde de Lloret de Mar y actual diputado por CiU, Xavier Crespo; la cúpula directiva de la corporación; médicos, y concejales de los municipios de la zona.

Los miembros de la iniciativa penal popular calificaron de “escándalo” el contenido del informe Crespo, que detalla el uso irregular de 1,3 millones de euros por los gestores de la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM), creada por los hospitales de Blanes y Calella para hacerse con el negocio de la atención sanitaria a turistas. “Dada la importancia del tema para la comarca y la sociedad, creemos razonable intervenir en defensa propia y de nuestros derechos”, declararon algunos integrantes de la iniciativa.

La auditoría, publicada por EL PAÍS el pasado miércoles, nunca fue remitida al Parlament ni hecha pública después de que el pleno de la Sindicatura de Cuentas decidiera no aprobarla con los votos de seis síndicos —nombrados a propuesta de CiU, el PSC, ERC y el PP— y con el voto particular del síndico que dirigió la investigación, nombrado a propuesta de ICV. Las 70 páginas del documento detallan que Crespo ingresó junto con su esposa más de 200.000 euros de forma irregular.

La sindicatura archivó una auditoría que revelaba graves irregularidades

La iniciativa penal popular integra, entre otras, a entidades como Dempeus por la Salud Pública, sindicatos —CC OO, UGT, CGT y Catac—, la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Cataluña y el movimiento Units pel Cap.

No será este el único caso en el que el informe Crespo llegará a la justicia. ICV ha anunciado ayer que remitirá el documento al Tribunal de Cuentas cuando la Sindicatura de Cuentas se lo haga llegar tal como la formación le viene reclamando en las últimas semanas. El Tribunal de Cuentas exculpó a Crespo en enero de 2010 tras analizar solo una pequeña parte de las supuestas irregularidades cometidas en CMSM, en este caso la incompatibilidad en la que supuestamente incurrió Crespo al seguir cobrando de la empresa cuando ya era alcalde. El tribunal nunca tuvo noticia de las irregularidades más graves porque la sindicatura no se las remitió. Además, cuando a petición del fiscal examinaba las remuneraciones de Crespo, el Departamento de Salud ayudó al diputado al no personarse en la causa y justificar que su actividad médica había sido “marginal”.

“Es evidente que el Tribunal de Cuentas solo se pudo basar en una documentación, pero nunca pudo ver lo que decía este informe, que no le fue remitido”, denunció la portavoz de ICV-EUiA en el Parlament, Dolors Camats. La ecosocialista apuntó que, si la sindicatura no remite el informe, el partido podrá presentarlo igualmente tras la publicación del documento en EL PAÍS.

Camats también criticó la presión que ejerció entonces el actual portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, sobre la sindicatura para evitar que se diera a conocer el informe: “Debería explicar por qué le pareció tan peligroso o fuera de lugar informar de estas irregularidades en el consorcio sanitario y la vinculación a ellas de un alcalde de CiU”.