Griñán quiere zanjar antes del verano la comisión de investigación de los ERE

El Gobierno andaluz de coalición quiere empezar el próximo curso político, en septiembre, sin hipotecas sobre el caso de los ERE, al menos, en el campo político, aunque el recorrido judicial de este asunto se antoja muy largo y escapa a su control. El pleno del Parlamento de la semana próxima aprobará la creación de una comisión de investigación sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con dinero público y la intención del Ejecutivo es cerrar los trabajos antes de las vacaciones de verano, según afirmaron fuentes socialistas.

“Queremos empezar el curso con la comisión ya resuelta”, indicaron estas fuentes. A partir de que el pleno del Parlamento andaluz dé luz verde a la creación, los tres grupos de la Cámara tendrán que acordar un calendario y un listado de comparecientes. Y una vez que la comisión establezca las conclusiones éstas deberán debatirse y aprobarse en otro pleno. Estas fuentes dan por hecho que se pedirá al Parlamento habilitar el mes de julio para estos trabajos, incluso no se descartan algunos días de agosto.

La creación de la comisión de investigación sobre los ERE es uno de las prioridades del programa de gobierno pactado por PSOE e IU. Lo que aún no está cerrado son lo que las fuentes llaman “detalles” de la comisión. Es decir, los nombres de las personas que van a ser llamadas a declarar y si entre ellos estarán el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves, así como todos los consejeros de Empleo y del área económica del Gobierno, como pide el PP, para quien Griñán “está en una situación crítica”.

En lo que sí coinciden los portavoces de los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno es que quieren evitar “un circo”, expresión que han utilizado tanto el socialista Mario Jiménez como el izquierdista José Antonio Castro. Ni PSOE ni IU han dicho aún si aceptarán o vetarán la presencia de Griñán al que el hoy vicepresidente de la Junta y coordinador de IU, Diego Valderas, le espetó en el único debate televisivo de la campaña electoral: “Usted tiene responsabilidad por acción u omisión”.

El ministro del Interior considera "lamentable y mezquino" las críticas a la Guardia Civil

En el terreno político, los dos partidos de izquierda controlan el calendario y los ritmos, pero muy poco o nada pueden hacer en cuanto a la investigación judicial que instruye la juez Mercedes Alaya. El Gobierno andaluz ha tardado 16 meses en asegurar públicamente que la instrucción de la magistrada es “una causa general contra la Junta”, como afirmó el pasado sábado la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, 24 horas después de conocer un extenso informe de la Guardia Civil sobre el caso. En él, los agentes aseguran que Griñán debía conocer los informes de la Intervención que alertaban contra el procedimiento en su etapa como responsable de Economía y Hacienda.

Desde el Ejecutivo se niega que haya un cambio de estrategia de defensa en relación con el caso, pero a la luz de las declaraciones de Díaz y ayer, las de la portavoz del PSOE, Rosa Torres —“en el atestado hay más conjeturas de las que serían deseables”—, es evidente que hay un viraje.

La crítica de la consejera fue reprendida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien calificó de “lamentable y mezquino” cuestionar a la Guardia Civil.

El secretario federal de Organización del PSOE, Óscar López, se mostró esquivo a la pregunta de si el PSOE pedirá la dimisión como diputado del ex consejero José Antonio Viera si este es imputado: “Que la justicia actúe como tiene que actuar y que de las consecuencias que se deriven, se actúe”, informa Vera G. Calvo.