Deterioro institucional y espacio público

No hace falta dramatizar. Solo observar, tomar nota e ir sacando conclusiones. Y el balance no puede ser más desolador. Las instituciones que constituyen el entramado de poderes constituidos navegan entre el descrédito más absoluto y la impotencia sistemática. Sus representantes más conspicuos hacen declaraciones, viajan y se hacen fotos con aquellos que, aparentemente, son más poderosos que ellos, y mientras, defienden o critican lo que hacen unos o lo que hacían los otros. Sus aspavientos, aseveraciones y promesas de redención no son ya creíbles. Hablan de transparencia y no la practican. Defienden lo público, pero en la práctica parecen trabajar solo para los intereses privados más relevantes. Nos piden confianza, solidaridad y colaboración, pero lo único que les importa lo que les dictan aquellos a quienes han confiado la salvación, no del país, sino de sus posiciones. Gobernantes, parlamentarios, tribunales, partidos y sindicatos forman parte, sea justo o no, del entramado de impotencia y privilegio que muchos ciudadanos demonizan. Es evidente que no todos tienen las mismas responsabilidades ni protagonismo en lo que acontece, pero tantos años de pegamento institucional y de canales compartidos de intercambio de intereses, pasan ahora factura. Y no resulta fácil situarse fuera, si has estado y estás dentro. Y no solo es el mundo de la política institucional la que resulta afectada por ese terremoto. Las universidades, el sistema educativo, el mundo de los medios de comunicación y las grandes empresas con sus vinculaciones financieras no siempre explicables han entrado en el torbellino del descrédito o de la necesidad de replanteamientos profundos sobre su razón de ser. ¿Es todo ello pasajero? ¿Forma parte del escenario a que nos somete lo que denominamos “crisis económica”? Todo parece indicar que estamos en algo más profundo, en plena discontinuidad sustancial.

Si observamos lo que ocurre en otros países, una primera impresión nos podría llevar a pensar que la “enfermedad” es solo “latina” o que está muy circunscrita a algunos espacios. Pero, el descrédito del politics as usual está compartido en países de todo pelaje. Nuevos partidos antipartidos en todas partes, conflictos en Quebec o México (#YoSoy132) que siguen pautas parecidas al 15-M o a Occupy, aspiraciones de renovación cívica por doquier. Los problemas son globales y las deficiencias compartidas. Pero, lo que sin duda es distinto es la desigual solidez de los entramados ciudadanos que puedan defender una visión de lo público que no se agote en lo institucional y una capacidad de agencia y de asunción de responsabilidades basada en una menor dependencia de los poderes públicos establecidos. Internet potencia que ello suceda, pero la Red y los que en ella interactúan y se movilizan no reemplazan en semanas lo que ha ido sedimentándose en tantos años.

Aquí, nos hemos acostumbrado a ver en los poderes públicos el origen de los problemas, pero también la fuente de las soluciones. Y, por tanto, la capacidad de acción cívica, de compromiso colectivo para resolver los problemas comunes, es menor que en otras partes y la sensación de impotencia y de rabia aumenta, sin salida positiva.

En Italia han puesto en marcha, desde el espacio que se ha creado en torno a la revista Micromega, una iniciativa que busca el compromiso de los partidos de izquierda para abrir un proceso de construcción de listas cívicas con primarias abiertas, sin monopolio de los partidos. La iniciativa simultanea la idea de que confiar en la capacidad de renovación de los partidos es ingenuo, pero que imaginar que todo puede cambiar sin ellos o sin parte de ellos puede ser igualmente ingenuo. Hay señales múltiples que demuestran que el tiempo se agota. No hay salvación en que intervengan desde fuera “los que saben y pueden” (UE, FMI…). Eso solo complicaría las cosas. Transparencia máxima, asunción de responsabilidades y depuración democrática son premisas imprescindibles. Pero solo desde la convicción de que es la esfera público-cívica la que debe liderar y protagonizar ese proceso, podrán las instituciones acometer su hipotética renovación.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.