El claustro de la Pompeu carga contra los ajustes de Wert
Es la primera declaración de rechazo de un máximo órgano de una universidad
De “irrespetuosas” e “inconstitucionales” tachó ayer el claustro de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) tanto las declaraciones del Ministro de Educación, José Ignacio Wert, como sus medidas de ajuste emprendidas en materia de universidades. Entre ellas destaca el aumento de las tasas del 66%, la restricción de acceso a las becas y el incremento del horario lectivo de los docentes. El claustro de la UPF, el máximo órgano de representación de la universidad (que reúne a profesores, personal administrativo y estudiantes), aprobó ayer una declaración institucional para rechazar el Decreto Ley 14/2012 que recoge estos ajustes. El texto fue aprobado por 115 votos a favor, 13 en contra, 13 en blanco y 1 nulo.
El claustro tachó las declaraciones del ministro Wert de "irrespetuosas" con la comunidad académica por el tono de “desprecio” utilizado cuando se refirió a “la falta de esfuerzo de los estudiantes y los profesores que no hacen investigación, de manera indiscriminada y sin matización”. El claustro también lamenta que el decreto ley se haya aprobado sin haber consultado previamente con las universidades.
El órgano de la UPF ve en la normativa aspectos inconstitucionales que invaden competencias de las comunidades autónomas y vulneran “de manera flagrante” la autonomía universitaria. En este sentido, la universidad pide a los diputados del Congreso y a la Generalitat que lleven el decreto ley ante el Tribunal Constitucional.
El claustro de la UPF es el primero en realizar una declaración institucional rechazando el decreto de Wert. No obstante, su rector, Joan Josep Moreso, se había manifestado a favor de algunas de estas medidas, como la subida del precio de las matrículas hasta del 50%.
Los consejos de gobierno, que no el claustro, de otras universidades catalanas, como la de Barcelona, la Autónoma, la Politécnica y la de Lleida han aprobado declaraciones parecidas. La Rovira i Virgili de Tarragona ha decidido crear una comisión para estudiar si la norma es inconstitucional.
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