El PSE presiona a la Diputación para que aclare la filtración
El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, anunció ayer que su partido pedirá una comisión de investigación en las Juntas vizcaínas si la Diputación no da a conocer la próxima semana los datos sobre las pesquisas internas que inició en marzo para descubrir al responsable de la filtración a varios periódicos —entre los que no estaba EL PAÍS— de los datos fiscales del vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil, en lo que podría ser un delito de revelación de secretos.
La Fiscalía de Bizkaia archivó a mediados de mayo la investigación abierta contra Gil a instancias de la Diputación por el presunto ingreso irregular de 419.000 euros para la construcción de un chalé en Castro Urdiales (Cantabria) al constatar que no había indicios de delito.
El propio diputado general, José Luis Bilbao, anunció el 19 de marzo la apertura de una investigación interna sobre la supuesta filtración. Aseguró que se iba a solucionar “de forma rápida”.
“El secreto de Fátima”
El portavoz foral, Juan María Aburto, dijo el pasado 15 de mayo que la investigación seguía “su curso” y que podrían ofrecerse datos a finales de mayo. Estos datos, dijo, serían revelados en Juntas Generales. Ya estamos en junio y aún no se sabe nada de lo que pasó con el expediente de Gil, cuñado y hombre de absoluta confianza del lehendakari, Patxi López.
Pastor afirmó ayer en una entrevista en Onda Cero que la investigación abierta por la institución foral parece “el secreto de Fátima”. “Debe ser una investigación complicadísima”, ironízó. Según indicó, “todos los datos apuntan a que ha sido un grupo reducido de personas, no más de cinco, las que han podido manejar el expediente”. “Parece que no quieren saber lo que ha pasado o que no quieren contar lo que saben”, acusó.
Por todo ello, Pastor avanzó que si la próxima semana su partido sigue sin saber nada de los resultados de esa investigación interna —dijo tener incluso “dudas” de que se esté realizando realmente—, su partido se planterará “seriamente” solicitar a las Juntas Generales una comisión de investigación para “saber lo que ha ocurrido”. “Si yo fuera la Diputación, sería el primer interesado en conocer la verdad, porque la obligación de guardia y custodia de los documentos personales de los ciudadanos es suya”, destacó.
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