Santiago aprueba una norma que restringe los actos en la calle

Los actos que se celebren en las calles de la capital gallega, sin distinción, no solo tendrán que solicitar el habitual permiso, sino que deberán pagar una tasa y abonar una fianza. Aunque cumplan con los requisitos que les pida el Ayuntamiento de Santiago, el Gobierno local podrá retirar la autorización en cualquier momento alegando “circunstancias de tráfico, de riesgo u otras de análoga naturaleza que así lo aconsejen”. El alcalde, sin embargo, dice que no se pretende cobrar a las entidades sin ánimo de lucro. La nueva ordenanza reguladora de actividades y ocupación de la vía de la ciudad pasó ayer su primer trámite, la aprobación inicial en el pleno, donde cosechó los votos positivos del Gobierno del PP, los negativos del BNG y la abstención del PSdeG. Mientras en la sala de plenos se debatía la norma, por las ventanas se colaba la ruidosa protesta de un par de centenares de personas y representantes de colectivos sociales, partidos, asociaciones y sindicatos que ven en el texto una manera de “privatizar la calle” y “restringir derechos” como el de libertad de expresión o reunión. Ahora se abre el periodo de alegaciones a la ordenanza.

Una de sus principales novedades es la introducción de tasas por el uso de los espacios públicos para pruebas deportivas, actos culturales y fiestas populares, a las que hasta ahora les bastaba con solicitar una autorización y cumplir las condiciones que pedía el Ayuntamiento. El artículo 109 de la norma obliga ahora a todos a abonar una tasa fiscal sin tener en cuenta el tipo de actividad que se realice o cual sea su fin. Además, los organizadores tendrán que pagar también el enganche a servicios como la luz y el agua y el consumo. El Ayuntamiento se reserva también la posibilidad de requerir un depósito que “garantizará todo tipo de responsabilidades que se originen” por lo que aumentan considerablemente las exigencias que asociaciones u otras entidades tendrán que cumplir para celebrar cualquier acto. A pesar de que la redacción de la norma es clara en cuanto a que no caben excepciones, el concejal de Mobilidade, Albino Vázquez Aldrey, explicó ayer en el pleno que la redacción es general porque la exención de tasas ya se lleva a cabo en la ordenanza fiscal, que solo establece pagos para las actividades en terrenos de uso público que tengan una finalidad lucrativa. Cuando iba a entrar a explicar por qué las autorizaciones se dan “en precario” en base, dijo, a un informe jurídico, se le acabó a Aldrey el tiempo de intervención. El “espíritu de la norma” no es cobrar a estas entidades sino ordenar otros aspectos que no recogía la norma anterior, de 1998, indicó también el alcalde, Ángel Currás.

El concejal no explicó, sin embargo, por qué hace unos días, antes ni siquiera de que la norma entrase en el pleno, se le pidió al Cineclube de Santiago y a la Rede Feminista 400 euros por organizar el visionado de una película al aire libre en una plaza de la ciudad. “Podíamos pagar un 50% menos porque la actividad no tenía ánimo de lucro”, explicó Maria Fidalgo, de Rede Feminista, que participó en la protesta que reunió al partido Candidatura do Povo, la asociación cultural O Galo, el Foro de Inmigración, el 15M o el Cineclube, entre otros. “Es un mecanismo de control”, consideró Fidalgo. En ese sentido se quisieron pronunciar también varios vecinos de la ciudad que pidieron la palabra al comenzar el debate sobre la ordenanza. El alcalde le negó la palabra y suspendió el pleno un par de minutos. Tampoco consiguieron hablar en la reanudación y abandonaron el pleno tras reiteradas peticiones de Currás. El alcalde apuntó después que “no se utilizaron los cauces previstos” para participar en el pleno y que podrían haber hablado si lo hubieran hecho “en plazo y forma”. Por la mañana habían presentado en el registro escritos en contra de la norma.

La redacción del texto supone para el BNG “introducir por la puerta de atrás elementos que restringen la libertad de expresión y de reunión”. El edil Rafael Villar afirmó que el “montón de requisitos económicos” y “arbitrariedades” que introduce el texto “no tienen en cuenta” la actividad de las organizaciones que no tienen ánimo de lucro. Además, el carácter “precario” —como se denomina en el texto— de la autorización “faculta que haya discriminaciones por afinidad de este grupo de Gobierno u otros en el futuro”. La norma de 1998 reservaba también la posibilidad de cancelar un acto que no cumpliese con los requisitos o hubieses una “causa justa”. “Puede limitar a voluntad política la actividad de determinados colectivos”, insistió Villar. El actual Gobierno canceló nada más llegar al poder la autorización a los grupos independentistas Briga y Causa Galiza para dos fiestas el pasado 25 julio alegando motivos de ruido y seguridad y se negó a apoyar económicamente y ceder un palco a la organización de la actividad educativa Correlingua. Queremos Galego tuvo que recurrir a la vía judicial para tener palco y conexión a un punto de luz el Día das Letras. El portavoz del PSdeG, Xosé Sánchez Bugallo, indicó que el anterior Gobierno tomaba como criterio cobrar a las actividades que cobrasen entrada y pidió también que se cambiase la redacción del artículo.