Fomento dará 1,2 millones para la red que legalizará viviendas en Barreiros

El Estado pondrá dinero en Barreiros. El convenio por el que Xunta, Diputación de Lugo y Ayuntamiento pretenden arreglan el estropicio urbanístico de la villa costera con 14 millones de euros para saneamiento, servicios e infraestructuras viarias contará también con algo más de 1,2 millones que abonará el Ministerio de Fomento al municipio, a cuenta de la cesión de varios tramos de la carretera nacional para su conversión en travesía urbana. Los fondos estatales contribuirían así a la aportación municipal prevista en el convenio, siete millones que hasta ahora se suponía que se iban a obtener de los promotores inmobiliarios con intereses en la zona. Con ello se pretende dar viabilidad al crecimiento inmobiliario autorizado por el alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga, que dio licencia para levantar 3.000 edificios, casi tantos como los habitantes del lugar.

La contribución de Fomento se suma a los 5,2 millones que sí han consignado los promotores ante el Ayuntamiento a través de avales, según sostuvo ayer en la comisión de Ordenación Territorial del Parlamento la secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, a preguntas del diputado socialista Ismael Rego. Este salió de inmediato al paso. “Van a implicar también al Estado. ¿No quedamos en que el 50% lo ponían los promotores?”, preguntó, para arremeter contra el “ultraje” de que se financie “el gran pelotazo” con impuestos “mientras otros viajan en Mercedes y se desplazan a países exóticos”.

El debate trató también sobre la renuncia de la Xunta a los contenciosos con el Ayuntamiento a cuenta de la manga ancha de este al autorizar licencias, que en algunos casos suscitó también el interés de la fiscalía. Rivas apeló al informe de la asesoría jurídica que supuestamente avala este cambio de postura frente a la beligerancia de la Xunta del bipartito, que llegó a suspender el planeamiento municipal. La modificación de la ley de ordenación del territorio de 2010, que elimina la obligación de los parcelaciones en núcleos rurales, y el propio convenio multilateral fueron motivo para el desistimiento, según argumentó. Rego volvió a reclamar que se entregue tal informe, que la cámara reclama sin éxito desde hace un año.

Los vaivenes doctrinales de los servicios jurídicos de las Administraciones salieron también a colación en el debate previo sobre los núcleos rurales costeros. El nacionalista Bieito Lobeira reclamó que la Xunta pida al Estado que retire el recurso contra la Lei de Vivenda de 2008, aprobada en Galicia por consenso y que trataba de regular la cuestión. El Gobierno de Zapatero recurrió la ley por invasión de competencias y la cuestión sigue pendiente en el Tribunal Constitucional. “Se nos dijo que si el PP gobernaba el recurso se retiraba”, recordó Lobeira, que anticipó una resolución desfavorable del Constitucional. Rivas apuntó que el PP ya recurrió al tomar posesión en la Xunta. Entonces en el Gobierno central estaba el PSOE, pero volver a pedir la retirada ahora que gobierna el PP sería al entender de la secretaria de Urbanismo “trasladar el mal ejemplo de que las decisiones de la Abogacía del Estado son tuteladas por el Gobierno de turno”. Después insistió en que Xunta y Ministerio de Medio Ambiente negocian una solución para los núcleos.

El BNG, por último, quería “exigir” al Gobierno central que en ningún caso la concesión a la fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra siga más allá de 2018. Los populares optaron por “instar”, y no hubo acuerdo.