230 personas reciben aviso de sanción por la ‘primavera valenciana’

“A mí me multaron una vez por saltarme un semáforo, y la pagué porque lo vi justo”, explica una joven que prefiere no dar más datos, “pero esta me niego rotundamente a pagarla”. Es la respuesta general a las 230 sanciones “graves” que han recibido por parte del Gobierno central los participantes en la llamada primavera valenciana. En concreto, los que fueron identificados frente a la comisaría de Zapadores, en Valencia, tras las protestas frente al IES Lluís Vives.

“Nos tenían cercados sin dejarnos ni siquiera ir al baño”, recuerda un estudiante. “Fuimos pasando en grupos pequeños y se apuntaron nuestros datos en un papel”, explica. De estas identificaciones —230, según concretó la Delegación de Gobierno valenciana— han salido las infracciones severas, que oscilan entre los 300,51 y los 6.010,12 euros, por las que se reunieron ayer frente al instituto donde prendió la llama. Allí indicaron que el objetivo de estas acciones era “provocar miedo en las personas y servir de medida ejemplarizante para otros sectores de la sociedad”. “Tanto la Delegación de Gobierno como la policía tratan de culpabilizar y criminalizar a todas las personas registradas para limpiar su imagen y desviar la atención de ellos mismos, verdaderos culpables”, denunciaron. Con una pancarta que decía “Ni recortes ni opresión”, las personas congregadas —entre las que había profesores y estudiantes menores de edad— expresaron su intención de defender sus derechos “con todos los mecanismos jurídicos y mediáticos posibles”.

“Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un párrafo explicativo y de forma general”, señalaba Sebastián Cabanes, miembro del colectivo Alerta Solidaria, “para atemorizar ante futuras protestas y amedrentar a menores, que son la mayoría de los afectados”

“Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un párrafo”, señaló un miembro de Acció Solidaria

En las notificaciones se les achaca la participación en “una concentración no comunicada frente a las dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública”, según precisa el documento.

“Eran detenciones arbitrarias, con prepotencia política y policial y un despliegue casi militar que supone un punto de inflexión en los retrasos de las manifestaciones públicas”, declararon los participantes. “La gente se está coordinando para alegar y recurrir todas las notificaciones”, apuntaron, “porque si se pagan se da por hecho una culpabilidad, y lo que queremos remarcar es que no somos culpables”, zanjaron.

“Creemos que se está produciendo un chantaje”, advirtió Josep Villanova, uno de los profesores apercibidos, “porque saben que muchos pagarán por miedo o por preocupación de los padres”. Además, Villanova destacó que las alegaciones se van a fundamentar en que “todo de lo que se nos acusa es falso” y que no aparece “ningún nombre más que la mención de la Unidad de Policía número 3”.

Desórdenes graves

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, los avisos de sanción son 230. De ellos, 171 son a personas mayores de edad y 59 a menores. La Subdelegación destaca que se basan en las denuncias del Cuerpo Nacional de Policía por lo previsto en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y, en concreto, por lo establecido en el artículo 23d sobre “negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público” y en el 23n, referente a “originar desordenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos”. De acuerdo con esta norma, se han considerado los incidentes como infracción administrativa grave, con 301 euros (cuantía mínima que recoge la ley) para los mayores de edad; 200 para los menores de 16 a 18 años, que son 53 casos, y 100 euros para los seis que se encuentran en la franja de los 14 a los 16 años.

La decisión de diferenciar entre menores y mayores de edad parte del año 2001, después de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La instrucción adecuó el ejercicio de la potestad sancionadora a lo dispuesto en esa ley cuando se refiere a menores, según han detallado desde la institución.