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TRIBUNA

La herencia recibida

"Hay que apelar a un nuevo compromiso moral con la sociedad valenciana y volver cuanto antes a la senda de una acción de gobierno responsable"

Un reciente estudio del IVIE explica cómo y por qué el modelo de financiación perjudica a la Comunidad Valenciana. Algo que ha venido denunciándose —sin ir más lejos por J. Torrent en estas mismas páginas— y que el trabajo dirigido por F. Pérez analiza en su origen y dinámica. Básicamente lo atribuye al error de partida cuando se valoraron los servicios del Estado en las comunidades y a la dificultad sobrevenida para integrar las diferencias en los respectivos aumentos poblacionales. La cuestión, sin embargo, ha derivado en la instrumentalización que de ello se ha hecho mediante un silogismo simple: los millones de menos de que ha dispuesto la Generalitat, harían mínimos nuestro déficit y nuestro endeudamiento. Consecuencia: la culpa es de la herencia recibida.

Las cosas no son así. La crisis político-institucional, el descrédito de la acción del Gobierno regional, el perjuicio a la reputación de la Comunidad y en gran medida la crítica situación actual de las cuentas públicas, tienen menos que ver con el modelo de financiación que con un estilo de gobierno. No hay más herencia recibida que la suya. Aún más, tal vez, de haber dispuesto de esa financiación suplementaria, estaríamos viendo hoy cómo pagar un nuevo aeropuerto, otro ramal del AVE a un lugar incógnito o cualquier ciudad de a saber qué. Aparte de adornar el paisaje litoral con más edificios de apartamentos a medio construir. Hay ejemplos que son metáforas de toda una época. La imagen, histórica, de un presidente de la Generalitat en el banquillo es la más expresiva. Pero los sobrecostes incontrolados de muchos proyectos singulares, el incremento innecesario de la propia Administración regional o la creación descontrolada de empresas y fundaciones auspiciadas por la esfera pública, son explicación rotunda del desastre económico cuyo correlato en el ámbito del sistema democrático se visualiza en el abandono de las formas y la falta de respeto a los procedimientos. ¿Cómo se computa todo esto? ¿Cómo afecta en términos económicos el daño a la reputación de lo valenciano? ¿Cómo medir en términos de pérdida de oportunidades de inversión la pésima calidad de la democracia, la corrupción de la política y de la acción de gobierno y las prácticas clientelares?

La paradoja es que quienes han provocado esta situación utilicen la recesión como coartada

La paradoja es que quienes han provocado esta situación, lejos de asumir responsabilidades, utilicen la recesión como coartada para instrumentar la mayor ofensiva de todo el periodo democrático contra el Estado del bienestar y contra el modelo de Estado autonómico. Por cierto, sin ninguna medida concreta y creíble de estímulo a la actividad económica. Distintos Gobiernos conservadores han conducido a la Comunidad Valenciana al colapso, pese a que han gobernado durante el periodo de expansión económica más largo de la historia reciente. Sucesivos Gobiernos han degradado la acción de gobierno, malgastado de forma irresponsable y temeraria y destrozado la estructura de gobierno creando en paralelo decenas de organismos, empresas y fundaciones públicas para emprender proyectos ruinosos, eludir el control del gasto y para colocar a miles de personas afines en detrimento de funcionarios de carrera que han quedado orillados. Han sentado las bases de un deterioro institucional de incalculables consecuencias. Son demasiados los episodios de utilización indebida de recursos públicos, de creación de redes clientelares y de intolerancia, como para no ver un profundo sustrato autoritario que aflora con incontenible facilidad en un estilo de gobierno. Parafraseando a Ermanno Vitale, se han hecho constitucionalmente inmunes, “sustrayéndose en la práctica a cualquier forma de control eficaz y sobrepasando impunemente los límites que les imponen las normas fundamentales”.

La derecha política valenciana propuso un relato propio, que fue avalado en las urnas, basado en pilares elementales pero eficaces: paz social a cambio de presupuesto, construcción residencial como motor de la actividad económica (con sus consecuencias en el ámbito productivo, en la deuda de familias o empresas, y en el hoy devastado sistema financiero regional), una supuesta modernidad basada en grandes proyectos y grandes eventos (tan costosos como poco meditados), autoestima como pueblo orgulloso de “estar en el mapa del mundo”, recurso al victimismo y clientelismo. Hoy somos muchos quienes pensamos que era un modelo irresponsable e insostenible. La derecha política pudo haber continuado, con su legítimo acento conservador, con el proyecto reformador y de crecimiento equilibrado iniciado en la transición. Tal vez hoy la Comunidad Valenciana podría tener un tejido económico más compensado y mejor equipado. Con seguridad habría mantenido su reputación y exhibiría con orgullo su dignidad como pueblo. Prefirieron la huida hacia delante hipotecando el futuro. Castillos de arena. Dicho en otros términos, si hubieran podido disponer de la financiación que objetivamente nos correspondía hubieran despilfarrado más pero probablemente estaríamos en el mismo punto.

Han tenido su tiempo y han fracasado. Hace veinte años la Comunidad Valenciana tenía un futuro por delante. Hoy el futuro nos está dejando atrás. A esta Comunidad le aguarda ahora una difícil tarea de desescombro, regeneración y reconstrucción institucional. Empezando por erradicar la mala política, el clientelismo y la corrupción. Por eliminar fenómenos generalizados de captura de las instituciones y de colonización de Administraciones públicas que lo han alterado, contaminado, degradado y deformado casi todo. Habrá que reconstruir protocolos básicos del Estado de derecho, sistemas de control y dación de cuentas, restaurar el buen crédito de la función pública y de los servidores públicos. Desde la idea de que la democracia electoral no es suficiente para garantizar la salud democrática de un país. Hay que recuperar la imagen y la reputación de la Comunidad Valenciana y volver a dar contenido al principio de autonomía política. No haberse comportado políticamente como mayores de edad puede implicar el retorno a la minoría de edad. Hay que apelar a un nuevo compromiso moral con la sociedad valenciana y volver cuanto antes a la senda de una acción de gobierno responsable. Y este trabajo, que está mucho más allá de la consecución de un modelo de financiación justo, no pueden acometerlo quienes han creado esta situación. Pese a reconocer los baldíos esfuerzos de su nueva dirección, carecen de credibilidad para proponer un proyecto colectivo de regeneración democrática. No tienen capacidad para retornar a la senda de la normalidad en la acción de gobierno, de la buena gestión de las cuentas públicas, de la devolución de la misma a los funcionarios de carrera, del buen gobierno en definitiva.

Joan Romero y Joaquín Azagra son autores del libro Desde la margen izquierda.