Una Hacienda al ‘estilo’ Bravo

Las confesiones de una treintena de contribuyentes, las declaraciones de funcionarios y de altos responsables del fisco guipuzcoano, y los informes técnicos aportados por peritos tributarios describen un peculiar e insólito funcionamiento en la Hacienda de Irún cuando esta oficina estuvo dirigida entre 1990 y 2004 por José María Bravo, juzgado por delitos que suman penas de 24 años y tres meses de cárcel, según la petición formulada por la Fiscalía.

Bravo “no ha matado a nadie”, como proclamó su abogado en el alegato final del juicio que ha quedado visto para sentencia esta misma semana, pero las acusaciones aportan pruebas “inequívocas, plenas y contundentes” que demuestran su culpabilidad en el presunto fraude y malversación de la Hacienda de Irún. Esta parte hace responsable a Bravo de adueñarse de 1,9 millones de euros que pagaron los contribuyentes y él no ingresó en las arcas forales.

Las 16 sesiones de la vista oral han dejado acreditado, según las conclusiones del fiscal y del abogado de la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa, que la oficina tributaria de Irún se regía por unos protocolos de actuación muy distintos de los establecidos en el conjunto de la Hacienda foral. Los testimonios de numerosos testigos pusieron de manifiesto que durante más de una década coexistían en Gipuzkoa dos tipos de Hacienda: una al estilo de Bravo en Irún y otra en el resto de oficinas tributarias de la provincia.

El fiscal le hace responsable de apropiarse de 1,9 millones de euros

Cuando el principal acusado estaba al frente de la agencia tributaria de la localidad fronteriza, requería a contribuyentes con deudas el pago de estas obligaciones fiscales. Varios deudores aseguraron bajo juramento que Bravo les exigía hacer las entregas con dinero en metálico o mediante cheques al portador, una práctica que la Hacienda foral fue abandonando a mediados de los noventa y prohibió a partir de 2000.

Las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público han permitido acreditar este modus operandi en 37 expedientes. Los compañeros que trabajaban en Irún a las órdenes de Bravo y sus superiores en el fisco atestiguaron que esta práctica era irregular. Tampoco validaron durante el juicio que Bravo se tomara la libertad de realizar quitas y rebajas a las deudas sin ningún permiso.

Bravo tuvo que admitir que recibía en su despacho a los contribuyentes, cobraba el dinero en efectivo y les extendía un justificante de embargo en metálico, otra operación que había sido eliminada cuando se retiraron las cajas fuertes de las oficinas tributarias en 2000.

El procesado admite que ingresó en su cuenta cheques de deudores

Aunque el acusado negó que esas cantidades fueron a parar a sus bolsillos, como creen demostrado las acusaciones, lo cierto es que los importes entregados por los contribuyentes no figuran en la contabilidad de la Hacienda foral. El fiscal se pregunta cómo es posible que un funcionario de esta categoría tuviera participaciones en más de 15 sociedades y contratara 17 créditos por los que tenía que hacer frente al pago mensual de más de 6.000 euros.

Para no dejar ningún rastro en la Hacienda, Bravo se dedicaba supuestamente a dar de baja los expedientes, declarando saldadas las deudas por la insolvencia del contribuyente o por prescripción de la obligación. Pero sí quedaron huellas. El responsable de la oficina de Irún cargó en sus cuentas al menos tres cheques de deudores. Admitió este delito, aunque aseguró que las cantidades de esos talones las ingresó en Hacienda con dinero que tenía guardado en su casa. Lo hizo, según su testimonio, para dar tráfico legal al dinero negro, en sumas muy altas, que obtenía de la actividad inmobiliaria.

El fiscal también le hace responsable de cobrar deudas a un contribuyente cuando ya había cesado su actividad como funcionario de Hacienda, en abril de 2004.

Responsables públicos de los servicios forales de Recaudación, Contabilidad o de la coordinación de Oficinas Tributarias no dieron crédito a estas anomalías. No se podían cobrar deudas en metálico, tampoco cabía aplicar descuentos y eran contadas las ocasiones en que había un descuadre entre las cantidades que abonaban los deudores y los apuntes contables que hacía la Hacienda foral. Y, menos aún, era posible que faltaran expedientes, como sucedió en 14 casos tramitados por la Hacienda de Bravo.