La inexistente ley electoral de Cataluña

Por increíble que parezca, 32 años de historia del Parlament no han sido suficientes para lograr la aprobación de una ley electoral catalana. Los centenares de diputados, las decenas de consejeros y los cuatro presidentes que han protagonizado durante este tiempo nuestra democracia representativa han sido incapaces de redactar la que debería ser la ley más importante de Cataluña después del Estatuto. Y los diputados catalanes, según lo dispuesto en una disposición transitoria del Estatuto que ya se percibe como permanente, siguen siendo los únicos diputados autonómicos elegidos según la normativa que se utiliza para los diputados españoles.

Nuestros políticos constantemente nos transmiten que desean más autogobierno para Cataluña y desplegar al máximo los preceptos estatutarios, sobre todo si son leyes de desarrollo básico del Estatuto. Sin embargo, olvidan sistemáticamente hacerlo en un aspecto clave como el electoral, donde pueden ejercer plenamente el autogobierno, y los diputados persisten en no responder al mandato estatutario del artículo 56 de redactar una ley electoral. Y en este caso ni siquiera la crisis económica sirve de excusa para mantener esta situación de provisionalidad. Al contrario, una ley electoral propia podría fácilmente reducir el coste de la organización de las elecciones y limitar los recursos que los partidos destinan a sus campañas.

Los partidos políticos catalanes coinciden en recoger en sus programas electorales la elaboración de una ley electoral y en afirmar que esta deberá ser también fruto de una reflexión entre especialistas. En cambio, el informe final de la comisión de expertos que expresamente creó el Parlament en marzo de 2007, donde se apuntaban con rigor muchas propuestas novedosas, todavía sigue archivado esperando, en el mejor de los casos, ser desempolvado cuando haya un nuevo intento de negociación.

También es recurrente la afirmación de los políticos al considerar que la ley electoral debe ser capaz de reducir la desafección política de la ciudadanía y generar mayor participación electoral. Pero esta supuesta vocación participativa no concuerda con una realidad parlamentaria que ignora una excelente iniciativa legislativa popular de ley electoral que se presentó en febrero de 2009 y que está en el limbo del iter parlamentario. Tampoco parece que estén muy preocupados por la desafección política cuando desoyen una de las pocas reivindicaciones consensuadas del Movimiento del 15-M: la demanda de elaborar una ley electoral que mejore la democracia representativa. Esta incapacidad manifiesta para pactar la ley electoral no ayuda a disipar las dudas de la sociedad catalana sobre la credibilidad de los políticos o sobre la confianza en el Gobierno y en la democracia. Si bien es cierto que una ley electoral no resolvería esta falta de confianza, podría contribuir a generar una mayor proximidad entre los electores y los elegidos y a mejorar la calidad democrática del sistema electoral.

Entonces, ¿dónde está el problema? En primer lugar, los mismos partidos que lograron negociar un nuevo Estatuto no consiguen ponerse de acuerdo en el grado de proporcionalidad del sistema electoral, en las circunscripciones que hay que adoptar ni en la distribución de escaños por circunscripción. En segundo lugar, el Estatuto requiere una mayoría de dos terceras partes de los diputados (90 de los 135) para aprobar la ley electoral y ello significa que no es posible aprobarla si CiU, que tiene 62, no está por la labor.

Es democráticamente vergonzoso que ni las remisiones estatutarias, ni la importancia del objeto de la norma, ni el ejercicio del autogobierno, ni los informes de expertos, ni las iniciativas populares, ni las demandas sociales, ni las promesas de los programas electorales hayan sido hasta ahora incentivos suficientes para que los partidos políticos catalanes dejen a un lado los cálculos egoístas y miopes de las simulaciones electorales. Es muy frustrante constatar que para elaborar la ley electoral de Cataluña nuestros representantes políticos actúan pensando más en el qué hay de lo mío que en el interés general.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB. jmatas@ub.edu