El Gobierno de CiU estrena la reforma laboral con un ERE en el Incasòl

Ni 24 horas pasaron entre la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma laboral y el anuncio del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), de despedir a 203 de sus 487 trabajadores debido a la caída de la actividad y a los recortes presupuestarios. El Gobierno catalán estrena así una legislación que, además de abaratar el despido, facilita que las empresas públicas echen a sus empleados por razones de “insuficiencia presupuestaria”; el equivalente a la “caída de ingresos” en el sector público. El expediente de regulación de empleo (ERE) se presentará formalmente el próximo martes.

Los trabajadores recibieron la bomba del ERE este viernes, dos horas antes de irse de fin de semana largo. De forma simultánea, el director del Incasòl, Josep Anton Grau, reunió al comité de empresa, al tiempo que los responsables de los departamentos comunicaron la mala noticia a sus equipos. A pesar del despliegue para anunciar que habrá 203 despidos, poco más saben los trabajadores. Grau no admitió preguntas. Leyó un comunicado que afirma que los despidos son una decisión del consejo de administración y se fue. Los sindicatos están convocados el próximo martes a una nueva reunión en la que recibirán la documentación del proceso.

Posteriormente, un portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que depende el Incasòl, informó de que el motivo del ERE es la reducción en un 80% de la actividad de la empresa y por los ajustes presupuestarios de las empresas públicas. Además, Incasòl arrastra una deuda de 900 millones de euros. El mismo portavoz puntualizó que entre los 203 despedidos habrá 63 jefes de área o superiores.

El ERE del Incàsol  abre una tanda de 1.400 despidos

El presidente del comité de empresa, Felipe Olivera (CATAC) manifestó este viernes que los empleados se sienten “menospreciados después de un año exigiendo explicaciones sobre el informe sobre cargas de trabajo que la empresa encargó a la consultora PriceWaterhouseCoopers”. “La conclusión es que llevan un año mareándonos y que se han gastado 260.000 euros del erario público para pagar a una consultora que justifique una decisión que Grau insinuó nada más llegar”, reprochó Olivera. El presidente del comité también recordó que parte del departamento de Suelo del Incasòl lleva meses dedicada al diseño de planes urbanísticos para la candidatura de Barcelona a albergar el complejo de ocio y juego Eurovegas, del magnate Sheldon Adelson.

No es aventurado afirmar que el ERE del Incasòl no será el último en las empresas públicas de la Generalitat. El Gobierno catalán reconoció la semana pasada, coincidiendo con la presentación del tercer plan de ajuste, que tiene pendiente presentar expedientes de regulación de empleo para un total de 1.400 empleados de empresas públicas. Desde el pasado julio, la Generalitat ha presentado un ERE de 45 personas en GISA, la empresa de obras públicas, y otro en la Agencia Catalana de Cooperación (46 personas).

Ahora entre las candidatas, están las grandes empresas públicas, entre las que, además del Incasòl, figura la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (2.600 empleados), la citada GISA (230 personas) y la Agencia Catalana del Agua (640 empleados y una deuda que le obliga a pagar 150.000 euros diarios en intereses).

El responsable de área de UGT de la Generalitat, Xavier Casas, entiende que este primer anuncio de ERE confirma los peores presagios: “Parece ser el pistoletazo de salida del tsunami que no espera”. “Este Gobierno”, ha dicho Casas, “apuesta por las políticas de desocupación”. Su homólogo en CC OO, Miquel Àngel Cabezas, cuestionó la realización de estudios “por parte de empresas privadas que no entienden la realidad de las empresas públicas”.

Despidos nulos

El Incasòl lleva un año y medio muy convulso, con altos y bajos en el rumor continuado de que se acercaba un ERE. Con la llegada de CiU a la Generalitat, se inició un goteo de despidos. Uno de los episodios más traumáticos ocurrió en marzo de 2001, cuando, coincidiendo con las primeras medidas de austeridad, se produjeron 19 despidos de golpe. La empresa los justificó aduciendo la orden del Gobierno de reducir el gasto, pero los despidos fueron declarados nulos por el Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona.

El juez los tumbó por entender que una empresa pública no puede echar a sus empleados por motivos económicos, porque no se rige por los vaivenes del mercado. Justo la razón que ahora la reforma laborar sí considera válida. Los 19 empleados fueron readmitidos el pasado enero.