Novagalicia rechaza integrarse en un gran banco liderado por Bankia

El Gobierno se plantea prolongar su presencia en el capital de la entidad

Delegados de la CIG en Novagalicia protestan ayer ante la sede de la Xunta en San Caetano.
Delegados de la CIG en Novagalicia protestan ayer ante la sede de la Xunta en San Caetano.ANXO IGLESIAS

Los planes del Gobierno para las entidades nacionalizadas siguen su curso cambiante a medida que las cosas se ponen más feas. El Gobierno, consciente de la dificultad de una subasta por el montón de dinero que necesitaría para garantizar el Esquema de Protección de Activos (EPA) que exige cualquier comprador para quedarse con Novagalicia, baraja ahora una nueva alternativa para el banco.

“Hasta ahora no se había dicho con claridad, pero el caso Bankia ha cambiado el escenario”, analiza una fuente del sector. El Estado estaría dispuesto a permanecer en el capital de las entidades nacionalizadas por más tiempo y a inyectar fondos para equilibrar su precaria situación. La posibilidad de crear el mayor (y más enladrillado) banco español fusionando la entidad madrileña con Catalunya Caixa y NCG, que suena como una posible alternativa, no entra en los planes de la empresa gallega. “No es esa la música de Guindos, aunque sí podría darse una operación conjunta para unir las tres sociedades inmobiliarias”, aseguran fuentes próximas. La sociedad del ladrillo de Novagalicia, según lo publicado ayer mismo por el Registro Mercantil, acaba de ampliar capital en 50 millones en un goteo de inyecciones para equilibrar sus cuentas.

El Gallego se enfrenta a una multa por no publicar cuentas

El Banco Gallego lleva casi un mes incumpliendo la Ley del Mercado de Valores. La norma establece que, tanto las empresas que cotizan en Bolsa como las calificadas como emisoras (banca) deben entregar las cuentas anuales junto con la auditoría debidamente firmada por una firma externa antes del 30 de abril. Ni lo uno ni lo otro. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le ha enviado al Gallego un aviso para que cumpla y facilite la debida información, pero fuentes de la entidad que dirige José Luis Losada aseguran, sin explicar los motivos, que lo harán en los próximos días, con el tiempo justo para convocar, con un mes de antelación, la junta de accionistas de junio.

Este detalle habría pasado desapercibido en cualquier otro ejercicio, pero lo cierto es que las pérdidas de la entidad (cerca de 30 millones en 2011) conocidas a través de las cuentas de su accionista mayoritario, Novagalicia Banco, y sus titubeos a la hora de anunciar las necesidades extraordinarias de capital de la última reforma financiera (primero afirmó que necesitaría 80 millones y horas después las cifró en 109), añaden incertidumbre a su situación.

El Banco de España conoce la demora del Gallego, pero no se pronuncia sobre posibles sanciones, que corresponden en primera instancia a la CNMV. Este organismo es el responsable de incoar e instruir un expediente al Banco y determinar si ha incurrido en una falta leve, grave o muy grave. “Por ley no podemos hacer público los procedimientos en el primer caso, sólo las faltas graves o muy graves”, afirman en el organismo. Si no pasa de este mes, probablemente la demora de la entidad gallega se enmarcaría dentro de una falta leve sancionada con hasta 30.000 euros.

Las últimas doce auditorías de estados financieros presentados por el banco no mostraban ninguna salvedad en los estados de cuentas. En 2009, la CNMV les requirió más información sobre el deterioro del valor de ciertos activos, fundamentalmente inversiones en las empresas Faes Farma y Acciona, que el Banco no había registrado. Un año antes, también a instancias del supervisor, tuvo que aclarar el deterioro de su cartera inmobiliaria y de algunas inversiones.

Volviendo al futuro del proyecto, las dos primeras opciones, que se plantearon en una Semana Santa que ya parece lejana pierden peso: la subasta pura y dura a otro grupo español o la venta parcial con inversores extranjeros invitados a la puja.

“Ahora la prisa ya no manda”, comenta un analista. Esos inversores internacionales que en varias ocasiones ha mencionado el presidente del banco, José María Castellano, siguen dispuestos a comprar acciones en septiembre si el Estado se queda a su lado en el consejo de administración. “Habría que analizar en qué condiciones, de qué plazos estamos hablando, pero lo cierto es que después de todo siguen interesados porque confían en el proyecto”, mencionan en NCG. En cualquier caso, y dado que en el ideario del PP no encaja una nueva banca pública, la presencia del Estado seguiría siendo temporal hasta que las condiciones del mercado mejoren.

Los cálculos de los sindicatos son bastante más pesimistas e introducen claves electorales. “La situación hoy es peor que la de hace un año, mantener esta espera está consiguiendo que se degrade la valoración de la empresa”, dijo ayer el responsable de banca de CIG, Clodomiro Montero. “Los trabajadores siempre tuvimos claro que la operación Castellano era para ganar tiempo. Una maniobra dilatadora para evitar la puja de la entidad en 2011 que solo permitió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, eludir sus responsabilidades después de impulsar una fusión continuista”, añadió. Montero participaba en la protesta de medio centenar de personas del Banco Gallego, NCG y las empresas auxiliares HP, Unicom y Ciser para exigir en la Xunta una “solución inmediata”, para que se mantengan los 6.000 puestos de trabajo en juego, informa Europa Press.

En A Coruña, a esa misma hora, un grupo de afectados por la venta de participaciones preferentes se concentraban en los cantones para exigir la devolución de sus ahorros. Esta es otra herida abierta para la imagen de NCG que se puede convertir en una hemorragia.

Mientras no se concreten los planes del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la entidad sigue adelante con su calendario para cubrir los 1.109 millones que le exige el segundo decreto de reforma del sistema financiero. Además, tendrá que buscar una fórmula para asumir los más de cien millones de su filial, el Banco Gallego. El plan debe presentarlo antes del 11 de junio.

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