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El juez rechaza el recurso de Morenilla contra su imputación

El defensor alega que no se ha acreditado que el exalto cargo cometiera ningún ilícito penal

El magistrado recuerda que el momento procesal oportuno para probarlo es el juicio oral

Vicente Ríos, el juez instructor del caso Emarsa, el saqueo de la depuradora de Pinedo que provocó una agujero de al menos 25 millones de euros en las cuentas de la empresa pública, ha dictado un auto que rechaza el recurdo de Juan José Morenilla, exgerente de la empresa de la Generalitat que supervisaba la gestión de todas las depuradoras (Epsar) contra su imputación en la causa.

Morenilla fue imputado ha requerimiento de la Generalitat por supuestamente inflar los precios de los tratamientos de los lodos residuales que generaba la depuradora de Pinedo. El letrado de la Generalitat sostuvo que de la investigación realizada "parece desprenderse indicios racionales de que con los fondos obtenidos a través de esta diferencia de precio se enriquecieron algunas personas”. Y varios imputados, prosigue, han señalado a Morenilla y al exjefe de explotación de la Epsar, Ignacio Bernácer,  “como posibles destinatarios de parte de estos fondos”.

El abogado de Morenilla argumentaba que “no se ha acreditado que en ningún momento mi representado falseó, ocultó ni colaboró en la comisión de ningún ilícito penal”,

El juez Ríos replica con un extenso auto en el que recuerda que la condición de imputado solo pretende garantizar la defensa de Morenilla para evitar que sea objeto de "una inquisitorial general" a sus espaldas y que el momento procesal oportuno para acreditar que se ha cometido un delito es el juicio oral.

En otros dos autos, el juez Ríos requiere toda una serie de pruebas periciales para acreditar la autenticidad de ciertas firmas atribuidas Juan Manuel Martínez Ortiz, un proveedor de obra menores para Emarsa, y para acreditar el origen de los fondos con los que se constituyeron las constructoras Acra y Orba.68.

El martes, el juez tomó declaración a Nina y Oleksandr Kurales, supuestos titulares de las empresas Acra y  Orba 68, dos constructores que facturaron a Emarsa 129.000 euros en 2006. El juez sospecha que están vinculados a otro imputado, Daniel Calzada, de la empresa Llar Calzada.

En su declaración, Nina Kurales explicó que trabajaba en la casa de Daniel Calzada como señora de la limpieza y que desconoce cualquier extremo relativo a las empresas constructoras o a Emarsa.

Oleksandr Kurales admite que trabajó como electricista en la ofician de Daniel Calzada, al que conoció a través de su mujer, y que tampoco sabía nada de las empresas constructoras con las que se relaciona ni de Emarsa.