CiU y PSC diseñan un pacto fiscal singular dentro de la ley vigente
ERC amenaza con desmarcarse si se rebajan los objetivos
Artur Mas parece estar vez más cerca de darle la razón al líder del PSC, Pere Navarro, quien dijo el pasado lunes que es “indispensable” el acuerdo entre nacionalistas y socialistas sobre el pacto fiscal. El presidente catalán parece haber llegado al convencimiento de que la propuesta que surja del Parlament no puede contar con el único apoyo de Iniciativa-Esquerra Unida y de los independentistas de ERC. De ahí el acercamiento de los últimos días de CiU al PSC, a través de Josep Antoni Duran Lleida, para intentar sumar a los socialistas a la propuesta.
Esa parece ser la prioridad de Mas y parece posible que haya acuerdo sociovergente antes del 30 de mayo, día en que se celebrará la cumbre de partidos convocada por el presidente de la Generalitat. Después vendría el segundo paso: sondear también el apoyo del PP, para que no se repita el escenario político que se creó con la aprobación del Estatuto, que acabó en el Tribunal Constitucional recurrido por los populares y, finalmente, mutilado por sentencia. La consecuencia de todo ello podría acabar siendo la exclusión de ERC del acuerdo, como ayer ya advirtió en el Parlament el diputado Joan Puigcercós, pero eso parece ser un mal menor que CiU estaría dispuesta a pagar.
El pacto que podrían estar negociando CiU y los socialistas catalanes se basa en mantener el actual marco legal y evitar la ruptura. Y ese marco legal es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en la que “cabe todo”, en expresión de la diputada del PSC Rocío Martínez-Sampere.
La propuesta incluye que Cataluña tenga un trato económico al margen del régimen común que rige en la mayoría de las comunidades autónomas. Eso quedaría plasmado en el articulado de LOFCA o bien en una disposición transitoria, como ocurre en la actualidad con el régimen foral del País Vasco y Navarra, así como con el trato diferenciado que se otorga a Canarias, Ceuta y Melilla. Fuentes socialistas insisten en que si la ley prevé excepciones para las citadas comunidades, no tiene por qué haber ningún obstáculo legal para que Cataluña sea también una excepción. Otra cosa son las dificultades políticas.
Cualquiera de las dos fórmulas implica la reforma de la LOFCA y, por tanto, su votación en el Congreso. Por ese motivo, el PP catalán ya ha advertido del riesgo de fracaso que supone su marginación en las negociaciones del pacto fiscal. Ayer mismo, la presidenta regional del partido, Alicia Sánchez-Camacho, insistió ante Artur Mas en que su partido quiere un “diálogo sincero” sobre el asunto. El PP rechaza el pacto fiscal que defiende CiU, pero tampoco quiere verse de nuevo en el escenario en el que dejó el Estatuto: aislado y sin ningún socio posible en Cataluña, especialmente ahora que ha probado las mieles del poder en algunos Ayuntamientos, en la Diputación y en las grandes decisiones del Gobierno de CiU.
Mientras tanto, el PSC y los nacionalistas volvieron a escenificar ayer en el Parlament su acercamiento. El líder de la oposición socialista, Joaquim Nadal, reclamó a Artur Mas un pacto fiscal “justo, ambicioso y posible”, a lo que el presidente de la Generalitat respondió que le tomaba la palabra. Pero a renglón seguido añadió: “Lo que ha de quedar claro desde el principio es que el nuevo pacto no puede ser una evolución del anterior para mejorarlo un poco, que es lo que ha pasado siempre”.
Con todo, Artur Mas, que ya hace tiempo que está suavizando sus posicionamientos y ya no se refiere al pacto fiscal como “concierto económico”, hizo ayer un nuevo gesto hacia el PSC al asegurar que el objetivo del pacto fiscal es poder mejorar las políticas sociales de Cataluña. Sin embargo, Mas no dudó en augurar roces entre el PSC y el PSOE por este asunto. “A algunos esta situación les creará problemas dentro de su partido”, dijo.
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