Expertos fiscales confirman que Hacienda no ingresó el dinero del fraude de Irún

Un responsable del Servicio de Contabilidad de la Hacienda guipuzcoana y una técnico de la Agencia Tributaria estatal descartaron ayer cualquier posibilidad de que el dinero desaparecido por el presunto fraude en la oficina tributaria de Irún fuesen ingresados en su día en las arcas forales. Ambos expertos echaron así por tierra una de las tesis que el principal imputado en esta causa, José María Bravo, había esgrimido en su defensa durante el juicio. Este dijo en la primera sesión de la vista que todos los pagos de los contribuyentes fueron ingresados, pero Hacienda no ha sido capaz de localizarlos en sus cuentas.

“Todo el dinero está en Hacienda. Lo que pasa es que no lo han encontrado porque no han buscado bien”, llegó a decir al comienzo del juicio el exdirector de la oficina tributaria de Irún. Llegó incluso a desafiar a localizar en la contabilidad de Hacienda las cantidades que en la causa penal figuran como defraudadas. Bravo se refirió en aquella ocasión a la existencia de un informe realizado por una perito externa a la Hacienda guipuzcoana que determinó la existencia de 121 millones de pesetas (725.000 euros) cuya procedencia era desconocida.

La autora de este informe desmontó ayer esta teoría. Según su estudio, en el periodo 1991-1994 figuran 121 millones de pesetas ingresados que no están identificados; otros 17 millones de pesetas corresponden a los años 1995-1995, y una cifra aproximada de 6.000 euros entre 2000 y 2004. La suma total corresponde a ingresos desconocidos que figuran en la contabilidad de Hacienda.

Tanto la autora del informe, como el jefe del Servicio de Contabilidad de la Diputación descartaron la posibilidad de que entre estas cantidades se encuentren los pagos realizados por los contribuyentes investigados en esta causa. Negaron esta opción “por los importes totales de las operaciones y porque no ha habido reclamaciones” por parte de los deudores.

El funcionario no dejó lugar a la duda y aseguró que los importes referidos no podían corresponder a los expedientes tramitados por Bravo. Los servicios contables de Hacienda certificaron que en sus cuentas no se hallaron ingresos de una cuantía similar a las que figuran como desaparecidas. Frente a los 139 millones de pesetas (832.000 euros) que, según el informe pericial, están sin identificar, el presunto fraude de Irún se eleva a un total de 1,9 millones de euros, cifra que la Fiscalía y la acusación particular consideran que fue a parar a los bolsillos de Bravo.

En la misma sesión también declaró el director de Hacienda entre 2003 y 2007, Iñaki Rica, quien explicó que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, en septiembre de 2006, puso los mismos en conocimiento del fiscal jefe de Gipuzkoa, con quien colaboró posteriormente en la investigación del caso.

Fuera de la vista, Rica lamentó que el equipo institucional que denunció estos hechos —en alusión al diputado general Joxe Joan González de Txabarri, el diputado de Hacienda Juan José Mujika y él mismo, entre otros— fuese declarado “responsable político” del presunto fraude fiscal por la comisión de investigación de las Juntas Generales. Por esta razón, Rica invitó a la Cámara provincial a que, a la vista de las cuestiones que están aflorando durante el proceso judicial, “actualice las conclusiones” de la mencionada comisión de investigación. “Fastidia mucho que quienes logramos destapar hechos tan graves en su día, sigamos siendo considerados por las Juntas Generales como responsables políticos” de este caso, concluyó.