20 años y cuatro alcaldes para mudar un museo

Quince años han tardado el Ayuntamiento de la capital y la Universidad Autónoma de Madrid en sacar adelante el proyecto para trasladar el Museo de Artes y Tradiciones Populares desde el campus de Cantoblanco, en las afueras de la capital, al corazón del barrio de Embajadores. Han sido 11 años para expropiar y rehabilitar la corrala de los números 3 y 5 de la calle Carlos Arniches, un proceso en el que el Gobierno local ha invertido cinco millones de euros. Y otros cuatro para que la universidad, que recibió el edificio en 2008, pusiera en marcha el museo.

“Han tardado más de lo razonable”, ha criticado esta mañana el número dos de Las Artes, Timothy Chapman, que ha asegurado sin embargo que no correspondía al Ayuntamiento controlar lo que se hiciera con un edificio (pese al coste que tuvo para las arcas municipales). “Pero la buena noticia es que está previsto inaugurarlo el próximo 11 de junio”. La concejal de Izquierda Unida Milagros Hernández Calvo, que ha llevado el asunto a la comisión municipal, ha instado al Ayuntamiento a realizar un seguimiento más puntilloso de convenios como el firmado con la universidad. Además, ha conminado a las autoridades locales a asegurarse de que, después de la inauguración, se abra de verdad el complejo cultural.

La corrala se proyectó en la década de los años 30 del siglo XVIII en cerrillo del Rastro, un montículo que había quedado sin urbanizar en la ampliación de Madrid y que servía de escombrera. A principios de la década de los noventa del siglo XX, era un edificio cochambroso en estado de ruina en el que vivían 23 familias. En 1990, el Ayuntamiento (era alcalde Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS) rechazó tirarlo abajo, como pedía su propietario, aduciendo que debía ser rehabilitado. El edificio estaba protegido por el Plan Especial del casco histórico, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó su derribo, atendiendo así al deseo del dueño.

El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Supremo, pero siete años, en septiembre de 1997, tras una fortísima movilización vecinal para evitar el derribo, llegó a un acuerdo con el propietario para expropiarlo. Para entonces, vivían allí 15 familias; el edificio albergaba además 20 comerciantes del rastro. El Gobierno municipal, regido entonces por José María Álvarez del Manzano (PP), pagó 70 millones de pesetas (421.000 euros), y ofreció trasladar a los comerciantes a una galería comercial en la Ribera de Curtidores. Las 15 familias serían realojadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

El Ayuntamiento se propuso rehabilitar el edificio, con obras por valor de 525 millones de pesetas (3,16 millones de euros), y cedérselo a la Universidad Autónoma de Madrid para que trasladara allí su Museo de Artes y Tradiciones Populares (ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus de Cantoblanco, a 12 kilómetros de Madrid).

Su directora, la profesora de Tradiciones Populares Guadalupe González-Ontoria, se mostró en contra, aduciendo que la colección, de cerca de 6.000 piezas (el museo se creó a partir de los fondos privados de González-Ontoria, unas 2.800 piezas: trajes regionales, sillas parteras, cunas de sabor añejo, etcétera), no cabría en el edificio.

Terminó por aceptar tras conocer el proyecto de rehabilitación, que preveía dedicar 4.000 metros cuadrados en tres plantas y sótano, e incluir un salón de actos con 200 butacas. Corría entonces el año 1999. En 2002 se realizaron las obras de demolición parcial y consolidación. Un año después, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), recién elegido alcalde, promocionó de nuevo el proyecto. Las obras de rehabilitación, con una inversión final de cinco millones de euros, se llevaron a cabo entre 2005 y 2007. El edificio se puso a disposición de la universidad en 2008. Y hasta ahora.