Juegos de espías en Parets del Vallès

Hay casos de espionaje que merecen novelas de John Le Carré; otros, una buena dosis de acción a lo James Bond, y unos terceros, más modestos y a ratos hilarantes que merecen una buena historieta de Ibáñez y los inefables espías de la T.I.A.: Mortadelo y Filemón.

El alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, y su antecesor en el cargo, Joan Seguer, ambos del PSC, han sido imputados por revelación de secretos y malversación de fondos públicos. Y todo por intentar demostrar que la jefa de la oposición, Rosa Martí (Nova Opció per Parets), era la autora de unos anónimos manuscritos recibidos en la sede consistorial.

Los hechos se remontan a 2005. Parets del Vallès (Vallès Oriental, 18.113 habitantes) estaba sumido, como la mayoría de municipios catalanes y españoles, en la borrachera inmobiliaria: nuevos pisos y grúas por doquier. En el Ayuntamiento, comandado por el PSC desde el inicio de la democracia, empezaron a llegar anónimos. Nada del otro mundo, según algunos de los que han podido leer: críticas a la gestión inmobiliaria y al uso de los medios públicos.

Joan Seguer, entonces alcalde, y Sergi Mingote, actual primer edil y en aquel momento teniente de alcalde, sospechan de una persona: Rosa Martí, la jefa de la oposición, que había sido, entre 1979 y 1990, la primera alcaldesa democrática de Parets. “En el Ayuntamiento a mucha gente le sonaba esa letra, por eso sospechamos”, se justifica Mingote. Martí considera que la sospecha llega porque, en paralelo, su grupo municipal había organizado una campaña en la que se enviaban postales al Consistorio, con el logo del partido, denunciando la política urbanística del Ayuntamiento.

Alcalde y concejal decidieron interponer una demanda por derecho al honor. Sin esperar a que resolviera el juez quisieron demostrar que los anónimos los había enviado Rosa Martí. Para ello encargaron una prueba caligráfica a un perito y para que este pudiera realizar su trabajo y sin consultarlo con Martí accedieron al archivo municipal, donde había multitud de documentos escritos por la edil cuando era alcaldesa. El estudio caligráfico costó 1.847,10 euros y lo pagó el Ayuntamiento.

Martí insiste en que ella no escribió ningún anónimo, pese a que el estudio encargado por alcalde y concejal determina que su letra coincidía con la de los anónimos. Mingote y Seguer decidieron entonces explotarlo electoralmente, aprovechando que las conclusiones del informe caligráfico les llegaron pocos meses antes de las elecciones municipales de 2007.

En pleno fragor preelectoral, Mingote y Seguer hicieron una rueda de prensa en la que mostraron el informe caligráfico a los medios. El juzgado de Mollet y después la Audiencia Provincial de Barcelona desestimaron la demanda por el derecho al honor de los dos políticos y los jueces no entraron en la autoría de los textos. “Quedaba claro que una regidora usó los anónimos, en vez de hablar donde tocaba”, considera Mingote. “Fueron a por mí”, rebate Martí.

La jefa de la oposición decidió plantar batalla ante lo que consideraba un ataque personal y presentó dos querellas: una, por descubrimiento y revelación de secretos, por encargar el estudio caligráfico sin su permiso, sustraer documentos del archivo municipal y publicitar sus resultados, y otra por malversación de fondos públicos. “El delito de malversación es muy claro. Aunque sea un euro, si es pagado indebidamente, está claro”, mantiene Martí.

El juez imputó a ambos políticos socialistas en 2009 por descubrimiento y revelación de secretos y les obligó a consignar una fianza de 10.000 euros. A principios de este año, la segunda querella fructificó en una acusación de malversación por “destinar fondos públicos a finalidades ajenas a la función pública”, según consta en el auto del juez.

El fiscal solicita más de tres años de cárcel para cada uno y penas de inhabilitación por los dos delitos. Todo, por hacer por su cuenta el estudio caligráfico. El juicio por revelación de secretos está fijado para el próximo 26 de septiembre.

Mingote se defiende: “Estamos muy tranquilos. Si los anónimos afectan a un alcalde y a un concejal, investigarlos no es dinero malversado, sino que es un asunto de interés para el municipio”. También admite que los documentos que usaron para hacer el estudio caligráfico se sustrajeron sin autorización de Martí. “Los documentos que hay en un archivo público son públicos”, mantiene el actual alcalde.

En su defensa, los ediles socialistas también alegaron que el encargo del estudio se acordó en una comisión informativa municipal. “La comisión informativa, como su nombre indica, solo sirve para informar”, alega Martí, que está convencida de que la sentencia le será favorable.

La ley electoral establece que es incompatible tener un cargo público con una condena, aunque la sentencia no sea firme. Seguer está retirado, pero Mingote podría ver arriesgar su alcaldía por el caso, un juego de espías que puede salir caro.