La juez del ‘caso de la cooperación’ señala a la cúpula de la consejería de Blasco

La juez Nieves Molina, que ha investigado durante el último año el supuesto saqueo de las ayudas de la cooperación al desarrollo otorgadas por la Generalitat entre 2008 y 2010, señala especialmente a la cúpula de la entonces llamada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, como participantes directos en el fraude. Salvo el entonces consejero, que ahora es portavoz del PP en las Cortes Valencianas, casi todas las personas por cuyas manos pasaron los expedientes de ayudas concedidas a organizaciones no gubernamentales (ONG), y que luego no llegaron a los países en desarrollo, han acabado imputadas. Y el primero de ellos Josep María Felip, que ocupó el cargo de director general de Inmigración y Cooperación desde abril de 2010.

“Ha quedado constatado a lo largo de la investigación que ha mantenido una estrecha relación con Augusto César Tauroni”, explica la juez, en relación con el jefe de la trama de las subvenciones, en el auto de febrero pasado que desató la oleada de detenciones y registros, “siendo muchas las citas que ha mantenido con el mismo, habiendo contactado reiteradamente con él en las fechas en las que salió publicada la concesión de las ayudas a Haití”. En su escrito, Molina asegura que Felip era conocedor de que tras el millonario proyecto para hacer un hospital en aquel país, devastado por un terremoto, aunque figurara oficialmente la ONG Esperanza sin Fronteras, estaba Tauroni a través de la Fundación Hemisferio.

Tauroni lleva casi tres meses en prisión. Felip perdió su sillón de alto cargo. La investigación prosigue sin que se descarten nuevas imputaciones. Y seis millones de euros de ayudas han desaparecido.

Nieves Molina redactó el contundente auto del 21 de febrero que desató una maratón de detenciones, registros e interrogatorios y que finalmente ha desembocado en la imputación de hasta 22 personas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Según la documentación recabada a base de informes de peritos, análisis de cuentas bancarias y conversaciones telefónicas intervenidas, se habrían desviado hasta seis millones de euros de ayudas a la Cooperación, de los que 1,5 millones habrían ido a parar directamente a Tauroni o sus socios.

En el auto de la juez también se denuncia que Felip “se encargó de apartar” del área de cooperación a tres técnicos que habían tenido acceso a los expedientes sobre unas polémicas subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Ayudas que sumaron 1,6 millones de euros y que en gran parte (969.875 euros) se destinaron a comprar cuatro inmuebles en Valencia. A Nicaragua solo llegaron 43.000 euros. Y Molina asegura que el alto cargo era consciente del fraude puesto que ordenó que llevaran a su despacho, “para mantenerlos bajo su recaudo”, los expedientes de Cyes y del polémico hospital de Haití.

En su escrito, la juez cita directamente, además de a Felip, a Marc Llinares, que fue jefe de área de la dirección general de Cooperación al Desarrollo. Y afirma que, “del contenido de las diversas conversaciones telefónicas intervenidas se desprende indiciariamente la participación de Marc Llinares en la actividad delictiva organizada por Augusto César Tauroni, colaborando con el mismo desde su puesto en la Administración”.

Felip apartó a tres técnicos

Es decir, según numerosos párrafos del auto de la juez, la consejería no solo consintió el montaje de una trama para desviar fondos de ayudas a países en desarrollo concedidas a ONG, sino que ayudo a montar la trama. Así, se asegura que tanto Felip como Llinares mantienen una estrecha relación con Tauroni, consolidada en numerosas citas y llamadas telefónicas. “Ha quedado reflejado el interés mostrado por el mismo [Llinares] para que la convocatoria de ayudas a Haití fuese resuelta a favor de Esperanza Sin Fronteras, siendo numerosísimas las llamadas telefónicas que sobre este tema ha intercambiado con Augusto César Tauroni y siendo conocedor de las artimañas empleadas por este para crear una sociedad americana, American Hope & Mercy Foundation, que sería la que supuestamente iba a poner el 20% restante del coste total de la construcción del complejo hospitalario”.

Efectivamente, tras el terremoto de Haití, el 12 de enero de 2010, el Consell recaudó 177.779 euros de aportaciones de los valencianos. Y la consejería decidió destinarlos a la Fundación Hemisferio, entonces todavía llamada Fundación Entre Pueblos (cambió de nombre por coincidencia con una veterana ONG) para hacerse cargo del hospital. Cuando saltó la polémica porque ese dinero se había adjudicado a dedo, la consejería de Blasco anunció que se iba a hacer un concurso para adjudicar la construcción de un hospital que iba a costar cinco millones de euros. El 80%, cuatro millones, lo aportaría la Generalitat, y el 20% tendría que ponerlo la ONG adjudicataria a base de donaciones. El concurso lo ganó Esperanza sin Fronteras, después de que ya habían saltado a la prensa las primeras denuncias por el fraude de las ayudas a la cooperación.

La consejería nunca reclamó el dinero a Hemisferio, pese a las críticas de las ONG valencianas. Y en el proyecto presentado por Esperanza sin Fronteras, diseñado por Hemisferio, figuraba como firma que aportaría el 20% del hospital American Hope & Mercy Found. Dos años después del terremoto, nada se sabe del hospital, ni del dinero que pusieron solidariamente los ciudadanos.

“La confianza en Llinares

La investigación también revela conversaciones de dos directivos de Hemisferio, María Isabel Castillo y Arturo Tauroni (hermano de César Augusto), para presentar el impreso de aceptación de una subvención en el despacho de Llinares, puesto que se les había pasado el plazo. “La confianza en Marc Llinares para atajar o maquillar las irregularidades es absoluta”, asegura la magistrada.

La juez también sospecha que Llinares incluso recibió dinero de la trama. Y lo fundamenta en que el jefe de área de Cooperación recibió una llamada de una entidad bancaria de Estados Unidos en la que le comunicaban que había recibido en una cuenta cuatro transacciones de 5.000 dólares cada una.

En el auto también se señala a la jefa del servicio de Gestión de programas de Cooperación, María Dolores Escandell. Molina ha imputado, además de a Escandell, al subsecretario de la consejería Alexandre Catalá y a la secretaria general administrativa, Tina Sanjuán.