La juez investiga las relaciones de un magistrado del TSJC con la trama de ITV

La investigación judicial sobre la supuesta trama urdida para obtener concesiones en el negocio de la inspección técnica de vehículos (ITV) ha dado un nuevo paso. La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga ahora las relaciones que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantuvo con uno de los imputados: el empresario Ricard Puignou. Junto a él están imputados dos empresarios (Sergio Alsina y Sergio Pastor) y dos altos cargos: el subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous.

 El magistrado investigado es Joaquín José Ortiz Blasco, presidente de la Sección Quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC. Hace dos meses, Ortiz mantuvo una reunión, en un restaurante de Barcelona, con dos abogadas de la Generalitat —que han prestado declaración como testigos ante la juez— y con Puignou, responsable de Certio, una empresa del sector de las ITV, confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas al caso.

En 2010, Certio llevó ante la justicia un concurso del gobierno tripartito, que adjudicó tres estaciones de ITV a una empresa rival en Sant Celoni (Vallès Oriental), Les Borges Blanques (Les Garrigues) y Amposta (Montsià). Certio pidió que se anulase el concurso de forma cautelar porque la propuesta no estaba motivada y porque se introdujeron nuevos criterios después de que los candidatos presentaran ofertas. Ortiz fue el magistrado ponente del auto que, en mayo de 2011, dio la razón a la firma de Puignou. El caso está pendiente de sentencia.

La investigación sobre la trama de las ITV comenzó en verano de 2011. Además de intervenir conversaciones telefónicas, la Guardia Civil hizo seguimientos. En uno de ellos, hace dos meses, los agentes constataron el encuentro entre el magistrado, Puignou, la directora del gabinete jurídico de la Generalitat, Margarida Gil, y la directora general de asuntos contenciosos, Assumpta Palau.

El encuentro fue “a iniciativa del magistrado” y “forma parte de las relaciones normales de los servicios jurídicos”, según fuentes del Gobierno catalán, que no aprecian nada “extraño” en ello.

El objetivo de los imputados, según los indicios de la juez y del fiscal anticorrupción, era conseguir la anulación definitiva del concurso para obtener, ellos mismos, la adjudicación gracias a sus influencias políticas. En ese marco temporal —entre la anulación cautelar y la sentencia que está por llegar— es cuando se producen, según fuentes cercanas al caso, el contacto con Ortiz. El caso está bajo secreto de sumario y se ignora, por ahora, el grado de implicación del magistrado.

La juez de instrucción ha abierto una pieza separada que, según las mismas fuentes, versa sobre los vínculos de la trama con el magistrado. En el caso de que aprecie indicios de delito, la juez deberá remitirlo al Supremo.

La comida entre el magistrado, Puignou y las abogadas alertó a los investigadores. El pasado mes de abril, la juez pidió el expediente sobre el recurso de la empresa Certio. Una comisión judicial formada por el fiscal y el secretario judicial acudió a la Sección Quinta de la sala de lo contencioso-administrativa del TSJC a recoger la documentación, que también se está analizando, precisaron esas mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que, unos días después de esa visita, la Sección Quinta dictó una sentencia que echa por tierra buena parte del plan de estaciones de ITV aprobado por el tripartito en octubre de 2010. Entre otras cosas, la sentencia anula los artículos que dan a la Generalitat potestad para autorizar la apertura de nuevos centros y para limitar su presencia en función del territorio. A diferencia del caso de Certio, el ponente de esa resolución no fue Ortiz, sino otro magistrado.

La trama de las ITV es una derivada del caso Campeón, que afecta al exministro de Fomento José Blanco y que tiene como epicentro al empresario gallego Jorge Dorribo. Un informe de la fiscalía menciona contactos de Dorribo con Pastor —uno de los empresarios imputados— y con Oriol Pujol, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En el interrogatorio, la juez preguntó a los imputados por su relación con Pujol, que aparece en algunas de las conversaciones telefónicas interceptadas. La trayectoria de Pujol está estrechamente ligada, además, a la de Tous, al que propuso como coordinador general de la Diputación de Barcelona después de que Josep Maria Matas fuese destituido de ese cargo por haber facturado, de forma irregular, cientos de miles de euros a la Asociación Catalana de municipios cuando era secretario general de esa entidad.

La filtración de ese informe de la fiscalía hizo que se precipitaran las detenciones, a finales de marzo, por los presuntos los delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, contra la hacienda pública y malversación de fondos públicos, según los casos. Las supuestas presiones de los imputados para confeccionar un nuevo concurso a su medida no llegaron a materializarse.