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“Un director no entra en clase para preguntar en qué idioma se imparte”

Los docentes acusan a Educación de no vigilar el cumplimiento del decreto del gallego

Un alumno estudia con sus libros de Lingua Galega.
Un alumno estudia con sus libros de Lingua Galega.

Llenó de manifestantes la Praza do Obradoiro en un día de manifestación histórica, la de enero de 2010. Profesores, padres y colectivos del ámbito de la normalización lingüística anunciaban insumisión mientras Anxo Lorenzo, entonces secretario general de Política Lingüística, admitía el peso del compromiso electoral. Pero frente al revuelo de aquellos meses, el segundo curso académico con el Decreto do Plurilingüismo en vigor ofrece una sorprendente imagen de tregua. El reparto de lenguas consignado por la norma apartó el gallego del mínimo del 50% de la docencia establecido por el bipartito en 2007 y lo redujo al 33% en caso de que el centro de enseñanza adquiriese la categoría de plurilingüe: un tercio de la docencia para cada lengua (gallego, castellano y una extranjera) y consulta a los padres acerca de la lengua vehicular en educación infantil. Aunque el 40% de los progenitores de ámbitos urbanos eligió el gallego en la encuesta, solo en el 12% los colegios de ciudad el idioma propio superó la mitad en las papeletas, condición para imponerlo, así que se quedó fuera. Colectivos de todo signo critican el desentendimiento de la Xunta en la inspección y la poca información recibida por los padres sobre las consecuencias del cambio normativo.

El rechazo al decreto, al que sus opositores siguen refiriéndose como “decretazo”, se transformó con el tiempo en una conformidad aparente, alimentada por la escasa beligerancia de los padres y el deseo de la Xunta de no hacer ruido en un tema tan sensible. Es lo que defienden casi todos los colectivos consultados para este reportaje, desde los que tachan la norma de “insuficiente”, como Galicia Bilingüe, hasta los que la encuentran dramática, involutiva o innecesaria, como CIG-Ensino, la Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística o el Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galiza (STEG). Ni se ha reforzado el control sobre la lengua en la que se imparten las asignaturas ni las quejas superan la anécdota, a pesar de que, salvo Galicia Bilingüe y el sindicato ANPE, los colectivos consultados, que incluyen a padres de alumnos e directores de centros, reconocen que el gallego, la lengua que usan habitualmente el 56% de los gallegos y, por lo tanto, la mayoritaria de Galicia, pierde espacio en la escuela, sobre todo entre los más pequeños.

“La Xunta tiene la misma política que el ejército americano sobre la homosexualidad en tiempos de Bill Clinton, don't ask, don't tell (no preguntes, no lo cuentes). El decreto se incumple pero la Xunta no vela por su cumplimiento porque ya consiguió su objetivo político, cambiar la norma al servicio de Galicia Bilingüe justo después de las elecciones”, sentencia Sonia Fernández Casal, portavoz de STEG.

En lo que a inspección se refiere, la inhibición es norma, como lo era también en tiempos del bipartito y de la Xunta de Manuel Fraga. Con la diferencia de que la legislación actual señala un idioma obligatorio para cada materia y convierte al profesor disidente en infractor. “La beligerancia es mínima y el profesor actúa de forma individual, pero esto es una bomba de relojería. Basta con que alguien quiera poner una denuncia para liarla”, prosigue.

La obligatoriedad de impartir en castellano Matemáticas, Física, Química y Tecnoloxía y en gallego, Ciencias Sociais, Historia, Bioloxía y Ciencias da Natureza dejan al profesor insumiso en una teórica cuerda floja. “La espada de Damocles está constantemente encima. Pero no es fácil abrir expedientes porque la Xunta sabe que si sanciona a alguien lo estaría haciendo por usar la lengua propia y eso va contra el Estatuto de Autonomía”, expone Carlos Callón, presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística.

La comunidad educativa tampoco parece dispuesta a hacer sangre con porcentajes. “La supervisión no nos corresponde a nosotros. Yo no voy a meterme en una clase y preguntar en qué lengua se está impartiendo la materia”, afirma Maite Jiménez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Educativos Públicos en Galicia. Aunque según portavoces de la Consellería de Educación “no hay constancia de incumplimientos” y “los alumnos están recibiendo el mismo número de horas en gallego que en castellano”, esas mismas fuentes esquivan dar más detalles sobre la actividad inspectora en los centros de enseñanza. Según Callón, la aplicación del decreto no permite una presencia del gallego en zonas urbanas de más del 10% de la docencia. Sara Inés Vega, vicepresidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos, critica, además, la falta de datos de la Xunta a las familias sobre el funcionamiento de la norma. “No se está dando información”, lamenta.

Además de en los primeros niveles de enseñanza, la pérdida de espacio del idioma propio es acusada en los centros plurilingües, aquellos autorizados a usar una lengua extranjera, normalmente el inglés, en una materia no lingüística. “En algunos centros plurilingües, Coñecemento do Medio se está impartiendo en inglés, es una artimaña que permite que se le resten horas lectivas al gallego”, secunda Valentina Formoso, presidenta de la Coordinadora de Equipos para a Normalización Lingüística. En su balance despuntan el malestar inicial de los padres por la falta de información — “muchos ni sabían que la encuesta era vinculante y que la lengua vehicular de los niños no iba a ser el gallego”, lamenta— y las críticas a lo que la Xunta considera el espíritu mismo del decreto, su apellido. “Esta manera de introducir el plurilingüismo va en contra de todo lo que recomiendan los expertos. Para aprender una lengua hay que respetar el espacio de la propia”. Todo sin contar con los recortes, el principal temor de Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE. “Solo funciona si se pone dinero encima de la mesa”, añade.

Anecdóticas pero no inexistentes. Las únicas denuncias formales son las presentadas por Galicia Bilingüe: siete familias esperan desde enero la resolución de un recurso judicial que aspira a lograr “que los niños sean educados en la lengua materna, sea cual sea”. Gloria Lago, presidenta del colectivo contrario a la normalización del gallego, asegura que existe una ventaja de esta lengua sobre el castellano “abismal en la enseñanza pública”, aunque a la vez admite que “hay niños gallegohablantes en las ciudades que se están quedando sin poder aprender en gallego”.