La fiscalía archiva la causa al no constatar indicios de ningún delito

“No se han acreditado hechos constitutivos de delito”. Con este argumento la Fiscalía de Bizkaia ha archivado la investigación abierta contra el vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil, por el presunto ingreso irregular de 419.000 euros para la construcción de un chalé en Castro Urdiales (Cantabria). El fiscal jefe del territorio emitió un decreto el pasado 6 de mayo en el que ordenaba el cierre de la causa, informó Efe.

Gil, cuñado y hombre de confianza del lehendakari, Patxi López, ha sido investigado por la fiscalía a instancias de la Diputación vizcaína, gobernada por el PNV, en lo que constituye el episodio más polémico de la guerra fiscal que en los últimos meses dirimen nacionalistas y socialistas.

La Diputación abrió una inspección fiscal a Gil en junio de 2010 al constatar que había mandado construir un chalé en Castro Urdiales por un total de 669.514 euros, mientras que el crédito que había solicitado a la BBK ascendía solo a 360.000 euros. Tras comprobar los datos de su IRPF entre 2005 y 2009, la Hacienda foral concluyó que el socialista no había declarado 419.074 euros y lo puso en conocimiento de la fiscalía como un posible delito de tráfico de influencias, no de fraude fiscal.

La fiscalía lo archivó provisionalmente y Gil accedió a pagar una deuda y una multa de 131.733 euros. Pese a ello, la Hacienda decidió seguir adelante y exigió una respuesta a su denuncia, por lo que la fiscalía optó por tomar declaración al vicesecretario general de los socialistas. La resolución definitiva se conoció ayer: no hay hechos constitutivos de delito, por lo que se archiva el caso Gil.

Entretanto, el expediente fiscal del socialista, que sumaba unos 400 folios, se filtró a distintos medios, entre los que no estaba EL PAÍS, en lo que podría ser un delito de revelación de secretos. La documentación contaba con un sello de salida de los registros forales, por lo que todo apunta a que se extrajo directamente de un ordenador de la propia Hacienda vizcaína. Gil recurrió a los tribunales para que no quedara “impune” lo que considera una persecución política del PNV, ejecutada a través de la Diputación.

Esta institución anunció el pasado 19 de marzo por boca de su diputado general, José Luis Bilbao, la apertura de una investigación interna sobre la presunta filtración. Bilbao aseguró que se iba a solucionar “de forma rápida”, pero han transcurrido casi dos meses y aún no se sabe qué ocurrió con el expediente de Gil.

El portavoz foral, Juan María Aburto, dijo ayer que la investigación “sigue su curso” y que podrán ofrecerse “datos” a finales de mes. Estos datos, dijo, serán revelados en Juntas Generales.

Aburto descartó el 20 de marzo la posibilidad de que el expediente hubiera sido filtrado por un funcionario de la Hacienda. “Nuestros procedimientos están muy tasados”, dijo. No obstante, se había abierto una investigación “para tranquilidad de la ciudadanía”. Los resultados se conocerían “en unos días”, aseveró. El portavoz sostuvo un mes después que se seguía “avanzando” en las averiguaciones. Calificó el caso como “complejo” y auguró una resolución “en semanas”.