Más control sobre las agencias públicas

Las medidas de ajuste anunciadas ayer por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, afectan también al entramado de agencias públicas y entes instrumentales de la administración autonómica, a los que se pretende someter ahora a un mayor control, de forma que se limitará su autonomía y se introducirán criterios de eficacia en la gestión.

Las agencias verán también menguados sus presupuestos en este año, con una reducción de los gastos previstos de 96 millones de euros, que será posible por la progresiva eliminación de los programas de inversión plurianuales ya que se ha comprobado que la financiación de estas normalmente siguen un plazo temporal distinto a la realización efectiva del gasto. Además, se va reprogramar a la baja las inversiones de estas entidades.

Pero más allá de este ajuste puntual del gasto, la consejería de Hacienda y Administración Pública tiene en proyecto “varias medidas de reforzamiento del control de las entidades instrumentales que pretenden un régimen que, sin desnaturalizar el carácter y finalidad de estas entidades que justifica su creación, permita un conocimiento más exhaustivo y próximo de la evolución de su gestión financiera y la posibilidad de adoptar medidas más inmediatas de mejora de dicha gestión”.

Se trata así de estrechar el control sobre entidades que han sido frecuentemente cuestionadas por una mayor ligereza en la disposición de los gastos respecto al aparato de la administración general. La primera medida será la creación de una comisión de control, que funcionará como “un órgano colegiado que de forma periódica conozca de los resultados de los informes de control financiero emitidos por la lntervención General, hacer el seguimiento de su evolución y proponer medidas de corrección al Consejo de Gobierno cuando ello resulte conveniente”.

Para facilitar el ajuste de los gastos, se ha previsto la creación de un registro obligatorio de compromisos de gasto donde se consignarán todos los que se asuman, no pudiéndose adquirir nuevos compromisos por encima de los importes globales de los presupuestos.

Además, se va a modificar el régimen de control de las agencias públicas con la obligatoriedad de que se emita un informe previo a la adquisición de compromisos de gasto para asegurar que no se rebasan los presupuestos.