CiU y PP limitan la transparencia de las fundaciones pese al ‘caso Palau’

Convergència Democràtica de Catalunya se quejó amargamente en su día de que, en pleno estallido del caso del Palau de la Música, aparecieran en los medios de comunicación todo tipo de detalles de las cuentas de la Fundación Trias Fargas, hoy rebautizada como Catdem, una de las principales fuentes ideológicas del partido de Artur Mas. En estas cuentas se probaba que la entidad nacionalista había recibido hasta 630.000 euros del Palau de la Música y quedaba claro que muchas empresas favorecidas con contratos por los Gobiernos de Jordi Pujol habían correspondido inmediatamente con generosas contribuciones económicas a la fundación del partido. Esta información llegó a la opinión pública en parte porque desde 2008 las cuentas y memorias de actividades de las fundaciones están a disposición de cualquier ciudadano que las solicite en el registro del Protectorado de Fundaciones.

Esta garantía de transparencia podría desaparecer en breve. Así lo plantea Convergència i Unió, con sus enmiendas al texto de la proposición de ley que debe regir el Protectorado de Fundaciones. Entre muchas enmiendas que buscan limitar el poder de inspección y de sanción del órgano que vela por el buen gobierno de las fundaciones, los nacionalistas piden que se suprima directamente el artículo que garantiza el acceso público al registro de estas entidades. Según fuentes parlamentarias, en caso de que acabe prosperando esta enmienda, el acceso a las cuentas, los balances y la memoria de actividad de las fundaciones volvería a quedar sometido a la arbitrariedad de la autoridad de turno.

En la proposición de ley inicial, idéntica a la que quedó pendiente de aprobación la pasada legislatura, presentada por el Partit dels Socialistes, quedaba abierta la posibilidad de que la publicidad de las cuentas se suspendiera por un periodo de hasta dos meses en caso de apertura de investigación sobre la entidad. Los nacionalistas piden también que se levante ese límite y se suspenda esa publicidad “hasta que concluya la investigación”.

Estas medidas de CiU no son las únicas que limitan la transparencia en la gestión de las fundaciones. Los nacionalistas plantean que el Protectorado de Fundaciones, previsto en el libro tercero del Código Civil catalán, tenga menos libertad de movimientos a la hora de inspeccionar a las fundaciones.

Concretamente, plantea que las inspecciones o la petición de auditorías externas se limiten a situaciones muy concretas planteadas en el Código Civil y no cuando haya simples sospechas de irregularidades. Los nacionalistas coinciden con el PP en rechazar que el Protectorado de Fundaciones inste la intervención temporal de las fundaciones sospechosas de actuar de manera no conforme a la legalidad.

Los nacionalistas de CiU justifican sus enmiendas con el argumento de que buscan un marco regulador que interfiera lo menos posible la normal actividad de las fundaciones y minimice la burocracia. Efectivamente, algunas medidas van en este sentido, como la petición de que las fundaciones puedan presentar sus cuentas anuales en formato electrónico, pero otras difícilmente se justifican por este principio. Por ejemplo, el texto base prevé que las entidades hagan público cada año lo que se denomina “balance social”, un documento que justifique la existencia de la fundación basándose en la actividad realizada y el ajuste de esta a los objetivos fundacionales. Tanto CiU como el PP han entrado sendas enmiendas para evitar que se tenga que presentar este balance social. Los nacionalistas también rechazan que el órgano haga pública cada año una lista con las fundaciones que no presenten sus cuentas a la Administración. Al mismo tiempo, buscan poner coto a las sanciones.