Dinero público, interés privado

Un total de 8.100 millones de euros es lo que a finales del año pasado la Generalitat esperaba ahorrar en cuatro años con la aplicación de sus cuatro planes de ajuste. Hace unas semanas llegaron inesperadamente, por la vía del prorrateo autonómico, 1.800 millones adicionales de recortes en sanidad y educación.

Tanto ahorro ha tenido esta semana el colofón de la votación de la ley de estabilidad presupuestaria catalana. CiU, con los votos del PP, ha decidido ser el alumno más aventajado de España y ha avanzado dos años (a 2018) el objetivo de déficit cero que el Congreso marcó para 2020. CiU se ha convertido en paladín del famoso acuerdo entre el PP y el PSOE para reformar el artículo 135 de la Carta Magna, con el que los nacionalistas de Mas consideraron finiquitado el pacto constitucional. Por el contrario, los socialistas se han vuelto ahora detractores del rigor en el Parlament. La política como ejercicio de tacticismo estéril ha vuelto a escribir una de sus páginas más brillantes.

Y cuando más sumidos estábamos en las miserias político-filosóficas de nuestra propia austeridad, la crisis de Bankia ha venido a situarnos en la realidad y a recordarnos la distancia sideral que media entre lo sistémico y fundamental (la banca) y lo contingente y banal (los mortales).

Tal como recordaba Xavier Vidal-Folch en estas páginas, el apoyo público —dinero español y europeo— en avales, transferencias y previsiones al conglomerado Bankia asciende a 82.965 millones de euros, 858 millones más que el maldito déficit conjunto de la Administración central y las autonomías de 2011.

El dinero público actúa de bombero privado. Y en el caso de Bankia brinda, además, un ejemplo de ósmosis perfecta entre finanzas y partidos. Muchas entidades de ahorro han actuado en ocasiones de auténtica caja B de las comunidades autónomas: ahí está el caso de la fiebre infraestructural de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (PSOE) como precedente y los populares madrileños y valencianos, respectivamente, en el caso que nos ocupa de Bankia y Bancaja.

Hay una lucha desigual que entroniza como indiscutible la ayuda a grandes entidades financieras en crisis y, en cambio, juzga y condena por irrelevantes los recortes y desahucios cotidianos. Hay una gran tolerancia política con el poderoso y una enorme impiedad con el débil. Bankia es un ejemplo, pero hay más. Esta semana, un informe policial avanzado por este diario daba cuenta de que existen fundadas sospechas de que Convergència Democràtica se financió con cheques del Palau de la Música. La policía trataba de seguir el rastro de talones por 18 millones de euros. Pero, a pesar de la obligación legal, no ha encontrado colaboración en los bancos. Las entidades financieras, según sus propios manuales de blanqueo de dinero, deben guardar durante 10 años esa información. Y no lo han hecho o, simplemente, no han colaborado con la autoridad. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sospecha que parte de ese dinero corresponde a fondos supuestamente aportados por la constructora Ferrovial a Convergència por la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la línea 9 del metro. Ese sería otro buen ejemplo de que la ósmosis entre finanzas y partidos. Esa colaboración llega a privatizar el Estado, a utilizarlo en beneficio propio. Por eso, ante autovías, aeropuertos, kilómetros de AVE, parques de atracciones y proyectos de trasvase, el común de los ciudadanos no deja de preguntarse cuánto y a cuántos ha beneficiado, y sobre la necesidad real de esa infraestructura, que en muchos casos sería descartable con la simple aplicación del principio coste-beneficio.

En un gesto que le honra, el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor Morlán, confesó al final de su mandato: “Con los ojos de hoy no hubiera hecho el aeropuerto de Huesca, pero me lo encontré en obras. Yo paro el aeropuerto de Huesca, que es mi tierra, y me cuelgan del palo mayor”.

Ha llegado la hora de que una parte de esa energía, que desde la política se emplea para fundamentar la doctrina que nos condena a la austeridad por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, se utilice para huir de negocios ruinosos que benefician a unos pocos.