Los abogados exigen la vuelta de la asesoría jurídica en las prisiones
El servicio se encuentra suspendido porque la Junta y el Ministerio del Interior no alcanzan un acuerdo para prorrogarlo
El pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) exigió ayer que se reanude el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soapj). La asesoría está suspendida desde mediados de abril por un conflicto político o un problema burocrático entre Junta de Andalucía y Gobierno central, que se culpan recíprocamente. Su interrupción deja a más de 16.000 presos sin posibilidad de contar con un abogado externo al centro para sus asuntos penitenciarios, como permisos o visitas, o administrativos.
El Ministerio del Interior todavía no ha dado el visto bueno a la prórroga del convenio firmado en 2008 para la puesta en marcha de este servicio. El Gobierno central sostiene que la Junta de Andalucía, administración que aporta los fondos para la asistencia jurídica en prisión, envío tarde e incompleto el texto del nuevo convenio. El presupuesto para este año es de 397.600 euros.
El presidente del Cadeca, José Rebollo, aseguró que harán todas las gestiones necesarias para que en el plazo de una semana o diez días los presos vuelvan a contar con este servicio. Si no se desbloquea la situación, los letrados volverán a reunirse para adoptar otras medidas ya que consideran que “se están vulnerando derechos” de los internos, que en 2011 solicitaron 10.404 asistencias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considera que los presos no están desamparados, pese a la suspensión del Soapj, puesto que en los centros penitenciarios hay juristas que resuelven las consultas legales.
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