Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

El hotel del Palau

Quienes han actuado consecuentemente son los vecinos, que lo denunciaron antes de descubrirse el expolio del Palau

El pasado 19 de abril, la Asociación de Vecinos del Casc Antic y Vecinos en Defensa de la Barcelona Vella organizaron en el mismo Palau de la Música un acto para recordar que los saqueadores confesos siguen libres y para reclamar que se retire la recalificación que, aún hoy, permite construir el hotel contiguo. Y es que este caso de corrupción en la gestión del Palau y del hotel conseguido con tráfico de influencias constituye uno de los hechos más lamentables de nuestra historia urbana reciente. Y lo peor es que, excepto la restitución del Palau a una gestión adecuada, el conflicto está por resolver.

Siguiendo el método de análisis de los campos de poder y de los actores urbanos de Pierre Bourdieu, tenemos con el caso Palau uno de los ejemplos más completos y complejos de cómo cada uno de ellos interactúa, de manera interdependiente, en función de sus intereses y estrategias particulares. Una Administración que debería velar por el bien público, pero que está acostumbrada a tener solo en cuenta a los operadores poderosos, pactando los planes urbanísticos a espaldas de la ciudadanía. Una denominada sociedad civil que, como escribió Albert Recio en el Mientras Tanto digital (2008), tiene tanto peso y consta de entidades que parecen representar a la sociedad (como el Fútbol Club Barcelona, el RACC o el Palau de la Música), pero que actúa movida por los intereses privados de sus instituciones. Es en este juego de los diferentes campos de poder públicos y privados donde Millet y su equipo se movieron durante años: con la tapadera de la sociedad musical se fueron enriqueciendo a partir de atender a los intereses empresariales e inmobiliarios, al tiempo que, según parece, aportaban una parte a la financiación de algún partido político que, desde su poder, dejaría impune la corrupción y negociaría la legitimación de sus asuntos con las Administraciones.

Es interesante analizar aquí el papel de los técnicos y profesionales. Históricamente, compartiendo intereses de clase, han estado al lado de los intereses privados, pero a partir de principios del siglo XX empezaron a trabajar para las Administraciones, haciendo aportaciones claves y honestas, y a partir de los años sesenta empezaron a colaborar con los movimientos sociales. En este caso encontramos a arquitectos, ingenieros, abogados y economistas en cada uno de los campos de fuerzas: intereses privados, sociedad civil, Administración y asociaciones vecinales. Como los arquitectos que hicieron el proyecto de ampliación del Palau, una obra que sirvió para camuflar los desvíos de dinero. Y como la regidora de Ciutat Vella, la arquitecta Itziar González, que hizo lo imposible para introducir el saber del urbanismo en una gestión administrativa a favor de la ciudadanía hasta que, exhausta, dimitió.

En todo este proceso quienes han actuado consecuentemente han sido los vecinos activos, que ya denunciaron en 2008 la operación del hotel, antes de que en 2009 se descubrieran las graves irregularidades contables en el Palau. Cuando la Administración no es capaz de defender el bien común y la sociedad civil actúa según intereses inconfesables, ha de ser la masa crítica social la que defienda el bien público.

Y cuando se escriba la historia de la Barcelona reciente se va a comprobar que, además de la ruptura que supuso el Fórum 2004 y de fracasos como la consulta ciudadana de la Diagonal, uno de los hechos claves para perder las elecciones de 2011 fue la connivencia del anterior alcalde con los técnicos y funcionarios que tramitaron irregularmente el cambio de calificación para hotel del Palau.

Cuando saqueadores confesos, corruptos y avariciosos insaciables siguen en libertad y, al mismo tiempo, un estudiante, por ejercer el derecho a manifestarse, no solo es golpeado, sino que puede pasar semanas en la cárcel, la situación es de alarma social para quien confía en la igualdad de las personas ante la ley. Y es inadmisible que aún esté vigente el uso hotelero según la modificación del PGM y que, a pesar del acuerdo del plenario municipal de junio de 2010, aún no se haya anulado dicha MPGM, mientras las tres fincas catalogadas siguen vacías, envueltas en redes y tan lejos de ser un equipamiento para el barrio.